La seccional Rosario de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) repudió el anuncio de la prueba piloto del uso en la ciudad de pistolas Taser, al afirmar que “son un instrumento de tortura, debido al gran dolor que provoca, afectando el derecho a la vida, la integridad física, y en algunos casos, llegando a producir la muerte”. El organismo situó la implementación “en un contexto socioeconómico de pauperización de las condiciones de vida de la población general”, alta “conflictividad social” y “criminalización de la protesta”, en el que “se avanza progresivamente a la institucionalización de la violencia represiva como política de Estado, esta vez, implementando armas que implican dolor, tortura y llegan a producir la muerte”. En 2012 se registraron 500 muertes por el uso de esos dispositivos en Estados Unidos, precisaron.

Uso de la fuerza

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, anunció el miércoles luego del acto por el aniversario 171° de la Policía de Rosario que ya firmó una resolución que establece un nuevo “protocolo de uso de la fuerza” por parte de la Policía, documento que incluye “el protocolo de uso de armamento de menor letalidad”, como las pistolas de electrochoque Taser y las Byrna, que disparan cápsulas de sustancias químicas irritantes.

“Estamos haciendo las primeras pruebas, tenemos capacitados al grupo de instructores en Taser y en Byrna, ya están las armas entregadas, en los próximos días y semanas vamos a estar capacitando a los operadores y previo a los controles que el caso requiere, en poco tiempo van a ver puntualmente en Rosario” a los efectivos utilizándolas, dijo el ministro ante una consulta de Rosario/12.

El funcionario aclaró que “no es que van a tener todos los policías de la provincia”, sino algunos de los binomios de caminantes, el Comando Radioeléctrico y la Brigada Motorizada. “Se compraron 100 Taser y 100 Byrnas. Rosario va a ser uno de los lugares donde vamos a desplegar mayor cantidad de esos recursos y en base a eso se va a evaluar para extenderlo a otros lugares de la provincia”, detalló Cococcioni.

Tortura legalizada

Un estudio del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia, firmado por Lucía Camardon y Anandí Queipo sobre el uso de amaras “no letales” en la Argentina que propuso en su momento el gobierno de Mauricio Macri, con la misma ministra de Seguridad que la actual, se afirma que “pese a que el arma Taser es ‘menos letal’ que el arma de fuego, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas advierte que genera un dolor muy intenso que puede ser considerado tortura, por lo cual el organismo prohibió su uso en contextos de encierro (dado que su utilización habilitaría prácticas de tortura que no dejan ningún tipo de “marca” en el cuerpo, por lo que impediría la posterior persecución y sanción de los perpetradores de estas prácticas), y afirmó que sólo admitiría su uso en sustitución del arma de fuego y no como arma complementaria”.

El ministro Cococcioni afirmó que “en muy poco el personal de caminantes, del Comando y de la Motorizada va a estar con el doble armamento: el arma de fuego más el armamento de menor letalidad”. Es decir, contra los presupuestos de la ONU.

La APDH fijó posición tras el anuncio ministerial y aseguró que “su implementación se da en un contexto socioeconómico de pauperización de las condiciones de vida de la población general, aumento de personas en situación de calle, mayor grado de conflictividad social e instrumentalización permanente de recursos del Estado por parte del Gobierno nacional, destinados a la criminalización de la protesta”, como puede verse cada miércoles en la plaza del Congreso cuando se movilización los jubilados.

Llamada de Pato

La seccional Rosario del organismo defensor de los derechos humanos consideró en el comunicado que “resulta imposible desanexar hechos ocurridos en la provincia como el allanamiento y detención de docentes y militantes sociales, pocos días después de haber expresado su disconformidad con la aprobación de la Reforma Previsional en las inmediaciones de la legislatura; u otras noticias que se dieron a conocer en redes sociales, como aquel video del gobernador Pullaro junto al Intendente de Rosario, Pablo Javkin, en el cual, a través de una videollamada con la Ministra Patricia Bullrich, celebraban que Rosario sería la ciudad donde se aplicaría el protocolo ‘Antimafia’, bajo la premisa política-filosófica que ‘el que las hace, las paga’”.

En la línea señala que “esta última situación, configura el grado de compromiso de gobernantes electos democráticamente con la implementación de normativas que socavan el Estado republicano de derecho que procuraron defender, y profundizan la regresividad en materia de derechos humanos, sociales y laborales”. De esa manera, se sienta “una nueva marca política como precedente que va en una única dirección: que al deterioro social, se lo enfrenta con un Estado que agudiza su política represiva”.

Para la APDH local, “su uso contraviene la obligación estatal de prevenir y erradicar la tortura, asumida por el Estado en tratados internacionales”. Además, aporta datos acerca del uso de pistolas de electrochoque sobre personas: “En EEUU, en el año 2012, se registraron 500 muertes por el uso de estas armas; en España, en marzo del corriente año, su utilización en distintas manifestaciones generó quemaduras, entumecimiento, abortos, disfunciones urinarias, insomnio, agotamiento y traumas psicológicos”, detalló.