La letra final de la nueva Constitución provincial suscitó malestar apenas comenzó a escribirse. Hay voces críticas sobre la sustancia de lo que encara la Comisión Redactora, que luego de 30 días de audiencias y debates trabaja sobre los 105 dictámenes finales, 36 de ellos por mayoría y con la venia del oficialismo. "Por el apuro de Pullaro, cuya única prioridad es la posibilidad de reelección, hubo poco tiempo para el trabajo en las comisiones de origen, y quedaron errores y contradicciones que ahora tenemos que corregir desde la técnica legislativa", reprochó la convencional Lucila De Ponti en la primera jornada de trabajo de la Redactora.

El gremio de trabajadores de prensa de Rosario y de Santa Fe plantearon por su parte los reparos que le suscita el dictamen de mayoría que quedó para renovar el artículo 11º, sobre libertad de expresión y de prensa. Aseguran que la redacción "no alcanza a regular la materia de manera completa y respetuosa de la libertad y el derecho a la comunicación, que son pilares de la democracia".

Entre el lunes y ayer se repasó el centenar de escritos consensuados en las comisiones, para ya dejar esbozados los textos finales que irán a debate y votación en el plenario de la Convención, para luego volcarlos a la nueva Carta Magna. Primero fue el turno de los dictámenes relacionados con la reforma de los artículos señalados por la Ley de Necesidad de la misma, por la que el Ejecutivo convocó a la Constituyente. Luego siguieron con los demás dictámenes, y el aporte de los miembros de cada bloque.

Destaca a la hora de la polémica la definición del capítulo destinado a habilitar la reelección del gobernador y de su vice para un segundo mandato consecutivo, y que eso cuente desde el presente, es decir, que Maximiliano Pullaro sea el primero en hacer uso de esa nueva atribución, aunque la lógica indica que él juró sobre la Constitución que quedará caduca y debería ser su sucesor quien asuma con la posibilidad de reelección vigente. Formas al margen, ese ha sido el objetivo central del bloque Unidos para Cambiar Santa Fe y que encontró los votos necesarios incluso fuera de su bloque. Tal es el caso de tres de los cuatro senadores peronistas que integran el bloque Más para Santa Fe: Armando Traferri, Rubén Pirola y Osvaldo Sosa. También cuenta con el apoyo incondicional del Frente de la Esperanza, y también arrimaría algunos del sector de Marcelo Lewandowski y de Amalia Granata. En suma, de 33 convencionales propios llegaría a juntar más de 40 votos para abrirle la chance de que Pullaro sea reelecto. Sobre un total de 69 convencionales, esta mayoría llegaría a ser algo más de la mitad.

El bloque Más para Santa Fe se parte en este dilema. Los senadores más Alejandra Rodenas (Traferri), Patricia Boni (funcionaria del Senado) y Jaquelina Balangione (Rafael Gutiérrez) levantarán la mano. En contra de esa reelección lo harán Lucila De Ponti, Pablo Corsalini, Diego Giuliano y Facundo Olivera. 

Fuera de ese núcleo temático que habita la reforma política de la Convención, quienes integran la Comisión Redactora desde la oposición advierten el riesgo de una elaboración a las apuradas y con definiciones ambiguas, incluso, como es la discordia entre la "intransferibilidad" o la "indelegabilidad" de la Caja de Jubilaciones, tal como disputan Más para Santa Fe y Unidos, respectivamente.

"La Convención nació con ambiciones chicas, cargos y recortes, y sin embargo la empujamos hacia una reforma grande, con más derechos, un escudo frente a la arbitrariedad y herramientas de poder ciudadano", valoró la justicialista De Ponti, una de las integrantes de la comisión que preside el socialista Joaquín Blanco.

Pero en la misma línea apuntó la urgencia del oficialismo por asegurar nada más la posibilidad de reelección de su jefe, y que eso restó calidad de trabajo a la tarea de comisiones. "La Constitución, para que efectivamente amplíe y garantice derechos, tiene que estar bien hecha, ser operativa para los tres poderes y, fundamentalmente, hablarle a la sociedad", advirtió la convencional y diputada provincial. 

"El objetivo de esta Comisión Redactora es asegurar la coherencia y el formato de la norma, y sin embargo persisten discusiones de fondo que se darán en el recinto. Entre ellas, la cuestión de la intransferibilidad de la Caja de Jubilaciones, tema que ha generado fuerte malestar social", señaló.

"El dictamen de mayoría utiliza la palabra indelegable, pero nosotros entendemos que debe decir intransferible, porque es la que protege la propiedad de la provincia sobre los recursos de los jubilados y garantiza la sustentabilidad de la Caja y de las futuras jubilaciones", remarcó la constituyente. Y asumió que el oficialismo ya impuso su mayoría y uno de ellos, el ministro Fabián Bastia, avisó que no están dispuestos a cambiar la palabra. 

De Ponti también hizo hincapié en la importancia de trabajar en un lenguaje inclusivo y claro, y advirtió que "la Constitución no puede dejar afuera a las mujeres porque dos o tres legisladores son indiferentes a esta demanda clara de gran parte de la sociedad".

"Todas estas semanas desembocan en la tarea que tenemos por delante y por la que fuimos elegidos: garantizar los derechos de los santafesinos y las santafesinas.  No lo hicimos solos y todavía falta, pero hoy Santa Fe está más cerca de una Constitución de la gente", ponderó la convencional. La fecha que se baraja para jurar la nueva Constitución es el 10 de setiembre. Falta poco.

Libertad de expresión y prensa

Los sindicatos de Prensa de Rosario y Santa Fe salieron al cruce de lo que sería la reforma del artículo 11º, según se expidió la Comisión de Declaraciones, dErechos y Garantías. Incorporó al rango constitucional el secreto de la fuente periodística y el acceso a la información pública, pero quedan fallas, según observaron. En este sentido, reclamaron que este capítulo "incluya políticas de promoción a medios de comunicación privados sin fines de lucro; regulación de la distribución de la pauta publicitaria oficial de manera transparente y equitativa; que prohíba los discursos de odio basados en razones de género, nacionalidad, credo, raza o que constituyan incitación a la discriminación, hostilidad o violencia".

Asimismo, expresa el documento del gremio que "el acceso a la información pública sea amplio e irrestricto, sin que se exija acreditar interés alguno para acceder a ella" y que si hay restricción legal al derecho a la información, "sea sólo la necesaria para asegurar la intimidad, el honor y la reputación de los demás, la salud y la seguridad públicas". Estas salvedades, entienden ambos sindicatos de prensa, no están garantizadas en la letra final que quedará en la nueva Constitución.