El Frente Amplio por la Soberanía (FAS) se mostró crítico de los cambios aprobados en la Convención Reformadora, referidos al Poder Ejecutivo y Legislativo, y algunos dictámenes que fueron saliendo del debate en comisiones. En una conferencia de prensa, los diputados provinciales del espacio pusieron el foco en tres aspectos: que no se indica cuál va a ser el sistema de distribución proporcional de diputados, la ampliación del ámbito de aplicación del indulto por parte del gobernador, y la insistencia de Unidos para que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) dependa del Poder Ejecutivo. En ese marco, también denuncian la “paralización” de la Legislatura, que en dos meses tuvo una sola sesión. “No quieren que la Legislatura sea lo que debe ser: una caja de resonancia de los verdaderos problemas que se deben discutir”, sostuvo Fabián Palo Oliver.
En una sesión maratónica que tuvo lugar este miércoles, la Convención Reformadora tuvo sus primeras definiciones, con la aprobación de los dictámenes de mayoría referidos al Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, más la cláusula transitoria que habilita la posibilidad de que el gobernador Maximiliano Pullaro compita por un nuevo mandato en 2027. En ese marco, este jueves el Frente Amplio por la Soberanía, uno de los espacios políticos de la provincia sin representación en la Convención, se mostró crítico del proceso, en una conferencia de prensa en la ciudad de Santa Fe, de la que participaron sus principales figuras: los diputados provinciales Carlos Del Frade, Fabián Palo Oliver y Claudia Balagué.
Uno de los temas que se puso sobre la mesa fue el cambio en el reparto de bancas de Diputados: la reforma deja atrás la mayoría automática que otorgaba 28 diputados al ganador de la categoría, para pasar a un esquema de reparto proporcional. Sin embargo, el texto no aclara cuál es el sistema que se adoptará. “No alcanza con decir que va a ser proporcional, nosotros entendemos que debió quedar establecido cuál es ese sistema para que puedan estar representados la mayor cantidad de sectores políticos en la Legislatura”, explicó Oliver, en diálogo con Rosario/12.
Para el dirigente del FAS eso puede “ser una trampa” que debe regularse mediante la ley. “Si no se especifica el sistema no se garantiza que no haya una mayoría automática, que era lo que se quería modificar. Muchos dábamos por hecho que el sistema a implementar es el D'Hondt, que es el más justo y equitativo, donde se respeta la voluntad del elector e incluye a las mayorías y sectores minoritarios”, expresó y agregó: “Eso seguramente lo va a definir el Ejecutivo, con su bloque mayoritario de Unidos en la Cámara de Diputados o en el Senado”.
Por otra parte, el legislador se refirió a la modificación del artículo 72, que en su inciso 16 amplía otorga la facultad del gobernador de indultar o conmutar penas impuestas por la Justicia provincial. Desde diferentes espacios pedían la eliminación de ese apartado, sin embargo, se terminó ampliando su ámbito de aplicación. Según explicó, hoy no se puede usar para anular penas a empleados o funcionarios condenados por delitos cometidos en ejercicio de sus funciones, pero el nuevo texto solo prohíbe su uso para quienes fueren condenados por delitos contra la administración pública, dejando afuera otro tipo de delitos.
“No se puede permitir en una democracia que el gobernador tenga la facultad extraordinaria de indultar a una persona que ha cometido delitos y que tiene condena. Eso pasa en las monarquías”, cuestionó Oliver. “En esta modificación queda abierta la posibilidad de indulto por otros delitos que no sean contra la administración. Por ejemplo, y esto lo que a nosotros nos preocupa, todos los casos de abusos de autoridad que comúnmente se conocen como gatillo fácil. Recordemos que Pullaro ya buscó indultar a un miembro de la policía que tenía una pena de 25 años por un caso de gatillo fácil y abuso de autoridad”, remarcó.
Asimismo, desde el FAS también siguen atentos el trabajo de comisiones y pusieron una advertencia sobre el capítulo judicial, donde uno de los temas a tratar es la situación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Sistema Público Provincial de Defensa Penal (SPPDP). Del trabajo en comisiones se desprende que ambos organismos tendrán mayor autarquía de funcionamiento e independencia económica, pero el Ejecutivo conserva una injerencia con la designación de jueces, fiscales y defensores, además de la creación de un Consejo Asesor, que funcionará bajo su órbita.
“Unidos fue el único sector que promovió que el MPA dependa del Poder Ejecutivo. Esto es un despropósito absoluto que busca seguir disciplinando y controlando lo que hacen los fiscales, tratando de impedir algunas investigaciones y de promover otras que le interesen al Ejecutivo”, expresó Oliver. Y completó: “El gobernador plantea que es necesario para seguir el lineamiento de la política criminal que lleva adelante un gobierno. Pero eso es un error absoluto. El Poder Ejecutivo, con el control de la fuerza pública, tiene tarea de prevención y represión del delito. El MPA lo que tiene que hacer es la persecución de esos delitos, la investigación y lograr hacer una acusación de forma tal que el juez pueda condenar”.
Legislatura frenada
La conferencia de prensa también tuvo como objetivo denunciar la “paralización” de la Legislatura. “En dos meses la Legislatura tuvo una sola sesión. Entendemos que está funcionando la Convención Constituyente y que ahí está puesta toda la energía de los sectores que tienen representación. Pero también es cierto que de los 50 miembros que componen la Cámara de Diputados solamente 13 son convencionales. Por lo tanto, no vemos motivo para que no se sesione”, cuestionó el diputado del FAS.
Para Oliver hay una “intencionalidad” del gobierno de evitar que se discutan aspectos claves de lo que sucede en la provincia, pero también de que la Legislatura se convierta en un espacio crítico de las decisiones que se toman en la Convención Reformadora. “Somos respetuosos del proceso de discusión en las comisiones. Es cierto que hubo una actitud de escucha a distintos colectivos y organizaciones, pero también hay que decir que mucho de eso fue más una puesta en escena que una instancia real de participación”, sostuvo y añadió: “No quieren que la Legislatura sea lo que debe ser: una caja de resonancia de los verdaderos problemas que se deben discutir”.
