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Florencia está privada de su libertad en el penal de Ezeiza, es sábado al mediodía, terminó de estudiar y se está preparando para la visita que recibirá el domingo. Muro adentro Flor dice: “La situación acá en Ezeiza está bastante difícil.” Desde que asumió el gobierno de Javier Milei cambiaron muchas cosas en el penal, asegura y agrega: “Es muy difícil el acceso a la educación y a la salud. Ya no hay médicos de guardia, si bien antes no teníamos médico de planta, al menos teníamos guardia. A veces estamos todo un día sin médico. No hay ambulancias de alta complejidad, no hay especialistas, no hay medicamentos. Está muy mal el sistema de salud.”
A Flor le faltan cuatro materias para recibirse de socióloga y planea terminar la carrera en diciembre, a la par está estudiando Derecho. Es presidenta del centro de estudiantes en el penal. El 25 de marzo pasado mediante la resolución 372/2025 la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich prohibió la conformación de centros de estudiantes en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal y la permanencia de las personas privadas de su libertad ambulatoria en los espacios de estudio fuera del horario de clase.
Esta medida restringe el derecho a la educación superior y debilita los centros y programas universitarios en contextos de encierro, una situación que se da en el marco del desfinanciamiento a las universidades públicas y al sistema científico técnico llevado adelante por el Gobierno Nacional. “Los centros de estudiantes fortalecemos y fomentamos la educación al resto de la población. A través de los talleres extracurriculares, solicitamos las materias, las mesas de examen. Todo el trabajo que hace que las estudiantes puedan avanzar con sus estudios y además brindándoles contención y acompañamiento como compañeras”, señala Flor.
Para elevar sus reclamos y demandas Flor cuenta que deben impulsar hábeas corpus colectivos que son acompañados por la Procuración Penitenciaria de la Nación, organismo encargado de proteger los derechos humanos de las personas privadas de libertad y organismos de Derechos Humanos. Cuando esas demandas son desoídas muro adentro hacen batucadas, “hacemos ruido toda la población para darle un peso mayor a nuestras demandas”, cuenta.
Sobrepoblación y hacinamiento en el Sistema Penitenciario Bonaerense
La información oficial sobre el estado de las cárceles y la situación en la que se encuentran las personas privadas de su libertad en Argentina es limitada, parcial o carece de rigurosidad metodológica. A partir de un arduo trabajo autónomo e independiente, organismos de Derechos Humanos, de manera conjunta con las universidades públicas, realizan informes anuales a través de los cuales es posible conocer cómo viven las personas en contexto de encierro. Tal es el caso de la Comisión por la Memoria (CPM) a través del programa Comité contra la Tortura, que realiza controles y registros para denunciar y revertir situaciones de violación a los Derechos Humanos que suceden en los lugares de encierro de la Provincia de Buenos Aires.
El último informe reveló que la cantidad de mujeres y personas trans en cárceles aumentó un 8% con respecto a 2023, mientras que la cantidad de varones detenidos creció un 6%. Al finalizar el año 2024, había 3.289 mujeres y 114 personas trans detenidas en el SPB, el 5,7% del total de personas detenidas en la provincia de Buenos Aires. La población de mujeres registra un ascenso sostenido: en 23 años creció más de 5 veces (483%). El mayor encarcelamiento se traduce en mayor sobrepoblación: al finalizar el 2024, se registró una sobrepoblación del 69% en cárceles y alcaidías del Sistema Penitenciario Bonaerense (SPB) que alojan mujeres; un aumento del más del 50% con respecto a la sobrepoblación de 2023 (45%). La sobrepoblación en contexto de encierro produce hacinamiento lo que genera condiciones de vida inhumanas.
En el SPB se encuentran encarceladas mujeres embarazadas y/o alojadas junto a sus hijxs. En varios informes la CPM ha denunciado las condiciones de detención, las prácticas violentas a las que son sometidas y las vulneraciones de derechos que padecen tanto ellas como lxs niñxs. Al finalizar el 2024, había 62 mujeres embarazadas o con sus hijxs en el encierro (casi un 3% del total de mujeres alojadas en el SPB) y 32 niñxs. Un 27% más que en el año 2023, el número más alto registrado desde el 2020.
Las cárceles fueron construidas para varones siguiendo los lineamientos de la política criminal sin tener en cuenta las condiciones específicas que requieren mujeres y personas de la comunidad LGBTIQNB+, como por ejemplo, las mujeres embarazadas, aquellas que se encuentran encarceladas junto a sus hijxs o travestis y trans que están atravesando un tratamiento hormonal para adecuarse al género en el que se autoperciben. No existe dentro de las cárceles una perspectiva de género aplicada a estas personas.
“Las unidades donde se alojan mujeres y LGBTIQNB+ están construidas desde una mirada muy androcéntrica, desde un modelo de cárcel de varón blanco heterosexual. Eso hace que haya muchos derechos invisibilizados y prácticas de violencia con la población, donde no se contemplan las necesidades específicas que necesitan las mujeres y las disidencias en contexto de encierro”, explica Ayelen, una de las fundadoras de Esquina Libertad, la primera cooperativa gráfica creada e integrada por personas privadas de su libertad, liberadas y sus familiares, que lleva 13 años de trayectoria de trabajo constante.
Y da ejemplos: “No se tiene en cuenta el cuidado de la salud sexual, hay una falta de estudios de prevención sobre el cáncer de mamas, el cuello uterino y el acceso a los derechos reproductivos. Las situaciones en las que terminan pariendo las mujeres en contexto, la falta de acompañamiento y atención en salud en todo ese proceso previo y posterior, muchas veces terminan sufriendo situaciones de violencia obstétrica e institucional al mismo tiempo”.
Particularmente la salud de las personas trans no es atendida. Hay mujeres trans que ingresan con problemas de salud que en contexto de encierro se agravan debido a la falta de acceso a la atención médica o la atención tardía, lo que genera que contraigan enfermedades complejas.
Otras de las carencias es la falta de productos de higiene personal relacionado a la salud menstrual e incluso algo tan básico como la ropa íntima. “Con la cooperativa vamos a organizar una donación de bombachas porque identificamos que a partir de la información que nos llega por las pibas, hay necesidad de acceso a ropa íntima y recursos vinculados al cuidado. En algún momento también hemos generado donación de toallitas higiénicas, algo que suele ser una necesidad constante que en estos momentos de crisis se ve mayormente afectada por la carencia de productos de higiene y atención en este sentido específico. Hay necesidades de las más mínimas que no están cubiertas”, señala Ayelen.
El contexto de encierro en épocas de la derecha
Desde que La Libertad Avanza asumió el poder dentro de los penales resulta muy difícil sostener los espacios educativos. En comparación con los varones que se encuentran en situación de encierro, las mujeres y personas LGBTIQNB+ tienen mucho menos acceso a la educación y han tenido que llevar adelante una larga lucha para que ese derecho esté garantizado.
“A partir de la modificación del decreto de Patricia Bullrich en las unidades federales, en particular la Unidad 4, se vio afectada con el acceso a la educación, no se garantizó la circulación interna para que las pibas puedan bajar a los espacios educativos, acceder a su formación, muchas veces también tienen con dificultad de acceso a los materiales para poder estudiar. Si bien se pudo frenar ese decreto, reconstruir desde el escenario que dejó esa situación, se hizo muy difícil y sigue siendo un proceso que hasta hoy se está tratando de recuperar.”
En relación al acceso a la salud, el Complejo 4 fue señalado por la Procuración Penitenciaria de la Nación por la falta de atención médica y la necesidad de mejorar en este aspecto condiciones mínimas de atención a la población, lo que sigue siendo una deuda pendiente todavía. “Si ya de por sí en el afuera, la salud pública pende de un hilo y se cierran los espacios, en contexto de encierro se profundiza aún más, sobre todo en la población de mujeres y disidencias, que ya de por sí se les dificulta en el cotidiano conseguir turnos médicos y salir del encierro a la atención. Esta es la realidad de las mujeres y disidencias que atraviesan la situación penal en la actualidad.”
