Vivimos en un dìptico de contracaras: la urgencia de sostener con un hilo de cordura la embestida de un gobierno criminal y corrupto, frente al ritmo fuera del tiempo de un sistema que carece de interés para resolver cuando de colectivos vulnerables se trata. Un goce en el ejercicio de la crueldad como forma de poder vuelve al ataque contra las mujeres que crían y cuidan en discapacidad ¿Cuánto más les están robando a las personas que fueron arrasadas por la quita de pensiones?
Una pensión por discapacidad equivale a 295.000 pesos mensuales. Hoy, el costo para recuperar este derecho arrebatado es tiempo, salud mental, dinero en gestiones, horas de transporte para apersonarse en la Agencia Nacional de Discapacidad una, dos, tres veces, empujando una silla de ruedas, con el cuerpo vencido, propio y ajeno, a cuestas.
La cuadra de la Agencia Nacional de Discapacidad desborda de angustia, ansiedad, impotencia, bronca, desesperación, desolación.
En Argentina 1.900.000 personas tienen su certificado único de discapacidad vigente, hablamos del 4,1% de la población. Sin embargo, el INDEC refiere que el 10,2% de los argentinos de 6 años o más padece una discapacidad.
Atacar a este colectivo es atacar a las maternidades. A ese 98% que indica que las mujeres cuidamos más de lo que vivimos. Una ecuación perversa. Una obligación irrenunciable. Una condena por adelantado y para toda la vida.
7 de cada 10 niñes son pobres: ¿Qué línea podemos trazar para acercarnos a un número real de infancias con discapacidad sin diagnosticar? El cruce de estadísticas es fundamental para poner el foco en lo invisibilizado. ¿Con qué herramientas cuenta una mujer que materna en la pobreza a infancias con discapacidad? ¿Cómo se mueve el engranaje necesario para sobrevivir y que su grupo familiar sobreviva?
Cuando hablamos de madres de hijes con discapacidad, imaginamos mujeres jóvenes con infancias. La puerta de la ANDIS revela un escenario por demás demoledor: mujeres de 85 años, con el paso lento e inseguro, arrastrando a su hijo de 50 años, a demostrar que viven desde que tienen uso de razón, una vida de mierda.
El presupuesto para la cartera de discapacidad significa entre 0.25% a 0,48% de PBI. Y este dato nos lleva a una pregunta: Entonces ¿por qué van contra ellos?
115 mil personas dejaron de percibir en el mes de agosto su pensión por discapacidad. La justificación se basa en que el 60% no concurrió a demostrar su discapacidad, sin embargo, muchas personas denuncian no haber recibido la notificación. ¿Será la contratación de un correo privado parte de la estrategia?
“No tengo muchas pretensiones, pero que te quiten la dignidad así no es justo”, relata Norma, discapacitada, de 60 años. Y en su testimonio aparece el otro rol de cuidado: hijas que cuidan a sus madres. “ Vivo con mi hija y mi nieto. Yo la ayudo con el nene cuando ella se va a trabajar. Ahora voy a tener que pedirle dinero hasta para comprar un desodorante”. Norma se apoya en un bastón y hace la fila frente a un estado obsceno que pretende transformar su derecho en una especie de limosna.
¿Dónde están esas madres que cuidan en absoluta desidia estatal? Las maternidades que sobreviven fuera de los bordes, de las estadísticas, de la mínima contención? ¿Qué sucede con esas infancias y esas personas adultas con discapacidad que no engrosan el número antes mencionado? El Estado es una frazada demasiado corta y que este gobierno pretende deshilachar.
Mientras tanto, las que batallan día a día y se niegan a maternar sombras, están en pie de guerra: los Centros de integración corren peligro. Mails cargados de formularios llegan a las casillas de las mujeres que crían en discapacidad y en soledad, que marchan y se plantan fuera del Congreso para recuperar el derecho de sus hijes, que acompañan a otras madres en la injusta tarea de demostrar la discapacidad con la que conviven.
“ANDIS nos lleva a la locura a las familias y los centros de integración con auditorías nunca vistas. Papeles y papeles y los teléfonos arden de consultas y angustias. Nos hacen preguntas que van de lo ridículo hasta lo cruel. Están cerrando los Centros de Integración. Una persona que trabaja en los talleres de integración cobra 28 mil pesos por mes. Y una acompañante terapéutica cobra $3000 la hora desde el 2023. La situación es muy grave. No se puede más”, posteó Lola Berthet, actriz y madre de un niño con autismo, el sábado pasado.
Atacan estratégicamente la salud mental de las que acompañan. Saben perfectamente que no es un solo frente en que abarca la discapacidad, entonces van por las pensiones, por la educación, por el abordaje integral, por los centros de integración, por la remuneración de quienes acompañan. Rompen cada pilar que sostiene a una persona con discapacidad.
Ser sostén toda la vida. No morir para no dejar a la deriva. Un péndulo entre el cansancio y la fuerza que solo se encuentra en el extremo bestial de la desidia.
“Últimamente estoy usando dos palabras: deshumanización y exterminio, lo digo como mamá de un niño neurodivergente”, continúa Lola.
Tenemos ley, defendida con cuerpos exhaustos, mutilados, torpes, ahí, contra el vallado que separa al pueblo del poder legislativo. Pero también tenemos más de un centenar de personas con discapacidad sin su pensión, cayéndose del mapa.
Y en ese mismo contexto, tenemos un 3% de coimas que simplemente, cierran la ecuación.
No robarás la dignidad y la salud mental de las personas con discapacidad ni la de las mujeres que cuidan, aunque te cagues en el séptimo mandamiento.
