La Cámara N°1 del Crimen de Río Cuarto absolvió a los funcionarios imputados en la causa por Solange Musse (35), quien falleció por un cáncer de mama avanzado durante agosto de 2020. La joven vivía en Alta Gracia, Córdoba y su padre --Pablo Musse, oriundo de Neuquén-- no pudo ingresar a la localidad para despedirse. Si bien las restricciones de la pandemia consideraban algunas excepciones, el hombre no presentó un test negativo y el que hicieron en el lugar dio positivo.
Después de casi dos horas de deliberación, un jurado popular y uno técnico de la Cámara presidida por Daniel Antonio Vaudagna junto a Nicolás Rins y Diego Ortiz absolvieron a Eduardo Javier Andrada --exdirector del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Huinca Renancó-- por mayoría y a Analía Morales --trabajadora social y integrante de la mesa de epidemiología del COE de Río Cuarto-- por unanimidad de la responsabilidad de impedir que el padre ingresara a Córdoba a despedirla. Ambos estaban imputados por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público.
En las audiencias previas al veredicto, testificaron exministros, médicos, policías y personal del COE. Mientras que algunos defendieron la aplicación estricta de los protocolos, otros admitieron que podría haberse evaluado alguna flexibilización. El padre de la fallecida se había mostrado esperanzado antes del veredicto, pero tras conocer la decisión adelantó que la apelará: "Confiaba en el jurado popular, parece que no es así. Siento odio, siento bronca y el mismo sentimiento que sentí aquel domingo 16 en el cual no me dejaron pasar a ver a mi hija".
¿Qué pasó en 2020?
El 16 de agosto de 2020, el padre de la joven y su cuñada --Paola Oviedo-- intentaron entrar a Córdoba por la ruta 35, pero un puesto sanitario en Huinca Renacó --localidad de General Roca-- los detuvo. Si bien ambos tenían el permiso de circulación por "causa de fuerza mayor", no tenían el PCR negativo de 48 horas exigido entonces para ingresar a la provincia.
El operativo sanitario realizó entonces dos tests rápidos que dieron positivo, aunque más tarde la familia argumentó que eran falsos positivos. Entonces, se les negó el acceso y fueron escoltados por la policía hasta la localidad neuquina de Plottier. La familia destacó que no pudo detenerse a descansar, ir al baño o comprar comida.
La mujer de 35 años falleció cinco días después, el 21 de agosto, tras lo cual la familia decidió judicializar el caso. La querella sostuvo que los funcionarios "desoyeron las excepciones humanitarias que estaban previstas en los protocolos" y que esta decisión vulneró los derechos básicos de la familia.
Sin PCR negativo
Sin embargo, el exministro provincial de Salud --Diego Cardozo-- defendió la decisión de los funcionarios: "Con un test negativo hubiera podido pasar por fuerza mayor, pero con test positivo el riesgo era enorme por un brote". En ese momento, Córdoba atravesaba un pico de 70 muertos por día y no había ni vacunas ni tratamientos: "Dejar pasar a alguien en esas condiciones era una gran responsabilidad". En esa línea argumental fue la declaración de Juan Francisco Ledesma, exdirector del COE central.
El director del hospital de Río Cuarto, Carlos Roberto Pepe, coincidió en que los protocolos preveían flexibilizaciones, pero para emergencias médicas, no humanitarias. Por otro lado, planteó: "(Pablo) Musse venía de una zona con transmisión comunitaria. Es decir, una zona roja". En tanto, el exsecretario de Gestión de Riesgos Claudio Vignetta, admitió que se podría haber consultado alguna excepción, pero mantuvo la posición de que Córdoba no fue más estricta que otras provincias.
De todas formas, el fiscal Julio Rivero consideró en su alegato final que ambos funcionarios tenían poder de decisión frente al ingreso y que fueron autores por acción (Andrada) u omisión (Morales) de abuso de autoridad. Rivero también sostuvo que la decisión perjudicó a la cuñada del padre que vivía en Alta Gracia y tiene una discapacidad motriz.
Rivero había pedido un año y seis meses de prisión de ejecución condicional para los acusados. Por el "encapsulamiento policial" hasta Plottier, indicó que Solange Musse y su familia sean declarados víctimas de violencia institucional. Además, reclamó que en el límite sur de Córdoba se coloque una placa que recuerde esta circunstancia. José Nayi, abogado de la querella, había pedido dos años y la inhabilitación profesional de ambos.
La defensa de los funcionarios sostuvo durante todo el juicio que no tuvieron responsabilidad directa en el operativo de control de Huinca Renancó. Este fue producto de una estructura jerárquica más amplia y la decisión se basó en el protocolo y en el riesgo epidemiológico del momento. Por esto, pedían la absolución de Morales y Andrada que el jurado finalmente concedió.
