A 15 años del inicio de la causa que busca que se garantice el acceso seguro a la energía eléctrica en la Villa 21-24 y Zavaleta, las organizaciones que protagonizan esa denuncia elaboraron un informe que advierte que el 93 por ciento de las viviendas del barrio están expuestas al "riesgo eléctrico" por no contar con instalaciones intradomiciliarias seguras.
El informe fue elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Fundación TEMAS y el Observatorio Villero de La Poderosa, a partir de un relevamiento territorial realizado en 21-24 y Zavaleta, el barrio popular más extenso y poblado de la Ciudad de Buenos Aires, con una estimación de 80 mil habitantes, de los cuales el 40 por ciento son niños, niñas y adolescentes: "En este barrio, la electricidad no es sólo un recurso indispensable para la vida cotidiana, sino también una fuente permanente de riesgo", advierte el informe.
Las organizaciones definen al "riesgo eléctrico" como "la posibilidad de sufrir daños físicos, materiales o incluso la pérdida de la vida como consecuencia del contacto directo o indirecto con instalaciones eléctricas inseguras". Además del dato sobre el porcentaje de las viviendas en esa situación, el informe agrega otros números como que el 92 por ciento de las viviendas sufrieron cortes de suministro durante el 2024, y el 36 por ciento los sufrió al menos una vez por mes, "producto de un servicio intermitente, inestable y sin garantías de seguridad". El 28 por ciento de los hogares perdió electrodomésticos o herramientas de trabajo por estos cortes, mientras que el 10 por ciento llegó a sufrir incendios producto de fallas en las conexiones.
Junto a vecinos y vecinas del barrio y el Ministerio Público de la Defensa porteño, ACIJ encabeza desde 2010 la causa denominada "riesgo eléctrico", por la que ya en 2013, la Justicia ordenó al GCBA que elaborara un “Proyecto Eléctrico Adecuado” para garantizar el acceso seguro a la electricidad. Doce años después, "recién a comienzos de 2025 el GCBA presentó un proyecto, pero que no detalla los cronogramas de obras ni prevé partidas presupuestarias para ejecutarlas, subordinado su cumplimiento a la disponibilidad de recursos futuros", advirtieron las organizaciones.
