Situación de calle, agravada. Esta parece ser la única razón no legal que encontró el juez federal Claudio Bonadio para mantener detenidas a dos personas sin techo que no pudieron “acreditar domicilio”, en la causa por la represión del 14 de diciembre en el Congreso el día que fue levantada la sesión para tratar la reforma previsional. Las defensas de los cinco detenidos que quedan pidieron ayer la excarcelación ante la Cámara Federal. Fue en una audiencia donde solicitaron revocar las detenciones ordenadas por el juez que intervino ese día. Las defensas expusieron ante los camaristas Leopoldo Bruglia y Eduardo Farah en los tribunales federales de Retiro.

Fue una de las primeras audiencias hechas en los tribunales al inicio de la feria judicial de enero y el tema será resuelto por los jueces de feria del Tribunal de Apelaciones en los próximos días. En las afueras del edificio ubicado en Comodoro Py 2002 hubo a la misma hora una manifestación del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU) y otras agrupaciones, que reclamaron la libertad de Juan Salomón Vallota, Sebastián Giancarellil, Diego Parodi, Pablo Giusto y Esteban Rossano. Bonadio liberó a los demás detenidos de ese día pero rechazó a excarcelar a estos cinco imputados con distintos argumentos vinculados a sus antecedentes penales, falta de arraigo o riesgo de fuga, según los casos. Los camaristas quedaron en condiciones de resolver y la decisión se tomará en cuanto reciban la causa judicial completa desde el juzgado.

“Estos hechos sucedieron en la primera movilización masiva contra la infame reforma previsional donde hubo 45 personas detenidas, de las cuales la mayoría fueron excarceladas previa indagatoria, en otros casos directamente desde los lugares de detención, pero cinco siguen detenidas: dos limpiavidrios que trabajan en la zona de Congreso a quienes no los liberan porque son personas en situación de calle y el juez entendió que como no había forma de constatar domicilio, a pesar de que aportaron los de familiares y amigos, y los abogados mantuvimos el compromiso de mantenernos en contacto, los mantiene presos”, dijo la abogada María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi). Los otros tres son jóvenes militantes y un transeúnte que salía del subte. “Los agarraron al voleo, lo mismo que al que salía del subte”, agregó Verdú.

“No hay sustento jurídico para que estas personas sigan detenidas, por más que luego las causas siguen abiertas no hay razón legal para que estén presas porque la ley dice que un delito con pena menor a ocho años debe sustanciar el proceso en libertad”, apuntó Rosario Fernández, de la Gremial de Abogados

Por otra parte, todavía permanece prófugo Sebastián Romero, militante del PSTU filmado el 18 de diciembre cuando lanzaba una bomba de estruendo con una rama, durante la jornada en que se trató la reforma previsional. Romero es buscado por orden del juez que intervino en estos hechos, Sergio Torres, y pidió la exención de prisión pero fue rechazada por la Cámara Federal. En tanto, sigue detenido en la cárcel de Marcos Paz César Arakaki, militante del Partido Obrero.