Al ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, se le abrieron ayer distintos frentes de conflicto. Diputados del Frente Para la Victoria-PJ anticiparon que lo citarán para que dé explicaciones ante el Congreso por el decreto que eliminó la paritaria nacional docente y recortó la participación de Ctera, el gremio docente mayoritario a nivel nacional. Según los diputados opositores, el objetivo de la citación es que el ministro fundamente “los motivos por los cuales firmó el decreto”. En paralelo, múltiples gremios provinciales de todo el país se sumaron al rechazo que ya habían manifestado días atrás los cinco sindicatos docentes nacionales. Calificaron la medida como “violatoria de los derechos laborales”.

Según explicaron desde el bloque del FpV-PJ en un comunicado, el motivo de la citación es el decreto número 52 que interpretan como el puntapié que “impulsa nuevamente al conflicto a docentes de todo el país”. Además de cuestionar el decreto, desde la oposición apuntaron contra el presidente Mauricio Macri por “pretender evitar la negociación federal del salario mínimo que iguala las condiciones de dignidad de maestros y profesores de todo el país” al impedir la paritaria nacional.

“Consideramos imprescindible que Finocchiaro explique además si aplicará la Ley Nacional de Educación (26.206) y dé precisiones acerca de la forma en la que prevé aplicar el programa de compensación salarial teniendo en cuenta que el gobierno evitó discriminar en el presupuesto el Programa de Compensación Salarial (artículo 9) que prevé la Ley de Financiamiento Educativo (26.075)”, sostuvieron.

Los diputados recordaron que el programa se creó para que la Nación aporte recursos a las provincias con menor capacidad de pagar salarios para llegar al mínimo acordado en la paritaria y así evitar “las desigualdades salariales entre las provincias más pobres y las provincias más ricas, además del éxodo de maestros en búsqueda de salarios más dignos dejando zonas carentes de docentes, como ya vivimos en la década del 90”.

Gremios de Mendoza, Jujuy, Formosa y Río Negro, entre otros, salieron a cuestionar la resolución. “Es un avance muy grave y profundo sobre los derechos de los trabajadores de la educación; nos costó mucho conseguir la paritaria, fue el resultado de muchas luchas y ahora con el decreto no hay más discusión, no tenemos posibilidad de diálogo”, consideró Luis Branchi, secretario general de la Agremiación del Docente Formoseño. El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTE) de Mendoza consideró el decreto como “nuevo ataque a la educación pública”. La Unión de Trabajadores por la Educación de Río Negro (Unter) repudió la iniciativa, reivindicó la paritaria nacional “como espacio real para la discusión colectiva de la recomposición salarial” y se declaró en estado de “alerta permanente”. Desde Jujuy, la Asociación de Educadores Provinciales (Adep) y el Centro de Enseñanza Media y Superior (Cedems) remarcaron que se trata de un decreto “autoritario que llena a las provincias de desigualdad e inequidad a cada sindicato”.