Un colaborador del ex presidente destituido de la región de Cataluña, Carles Puigdemont (foto), anunció ayer que el político independentista le pedirá al Tribunal Supremo de España que lo autorice a participar de la sesión de investidura del Parlamento catalán, mañana, en la que sus aliados quieren reelegirlo como líder del Ejecutivo regional. 

Uno de los principales colaboradores y un ex miembro de su gobierno, Josep Rull, adelantó que en “las próximas horas” Puigdemont hará el pedido formal al Tribunal Constitucional, el mismo que recientemente rechazó que el líder catalán jure como diputado y, eventualmente, como presidente del gobierno regional a la distancia. Para poder someterse a la votación de investidura, el Constitucional le exigió a Puigdemont asistir a la sesión en persona y, para ello, contar con la autorización del juez español que lo investiga por delitos relacionados con su proceso independentista, origen de la crisis institucional más grave de las últimas décadas en España. Rull no aclaró si Puigdemont asistirá a dicha sesión en caso de no contar con el permiso.

El ex presidente catalán y cuatro de ex miembros de su gobierno se autoexiliaron en Bélgica después de declarar unilateralmente la independencia de Cataluña el año pasado, lo que desató la furia de Madrid y una intervención de la región que dura hasta el día de hoy.

No bien el gobierno separatista declaró la independencia, el gobierno español de Mariano Rajoy ordenó la intervención de la región, destituyó a los poderes Ejecutivo y Legislativo y convocó a elecciones para diciembre pasado, en las que las fuerzas independentistas volvieron a obtener una mayoría absoluta del Parlamento. 

Pese a este resultado, Rajoy dejó en claro que si los independentistas catalanes vuelven a elegir a Puigdemont como presidente del gobierno regional, él mantendrá la intervención y no le permitirá gobernar. 

Más aún, Puigdemont no puede volver a Cataluña para jurar como diputado electo porque tiene una cita pendiente con la Justicia, que lo acusó de rebelión y sedición por impulsar y concretar la declaración de independencia, en contra de todas las prohibiciones de las máximas cortes del país. 

La Justicia española no ha cedido en su posición contra los líderes independentistas catalanes que la desafiaron y, por eso, anteayer el Tribunal Constitucional ratificó una medida cautelar para no permitir que Puigdemont asuma a la distancia, por videoconferencia o por la sustitución por otro parlamentario, mañana martes, el plazo último para que el nuevo Parlamento regional elija al nuevo presidente de gobierno.