Los terrenos de la Casa Amarilla están vallados y tienen seguridad privada, como si estuviera por empezar una obra. Pero esta semana, la jueza Paola Cabezas Cescato volvió a fallar que la venta de los terrenos, de la Ciudad al Club Boca Juniors, fue inconstitucional y nula. Es un nuevo tropezón en un negocio inmobiliario particularmente molesto porque afecta una zona sin verde y porque parece un caso de casamiento entre primos hermanos, de tan cercanos que son sus armadores.

Vender los terrenos de la Casa Amarilla fue uno de esos sueños de cambiar de lugar que tuvo Mauricio Macri. Como se recordará, lo único parecido a un empleo que tuvo el actual presidente en su vida fue presidir la empresa familiar de construcciones. Esta empresa, fundada por su padre, se dedica a la obra pública y a los desarrollos privados, con lo que no es complicado asumir que el joven Mauricio aprendió todo sobre “arreglar” negocios con funcionarios. Luego, crucialmente, fue presidente de Boca y le echó el ojo a los terrenos cercanos a la Bombonera.

En febrero de 2016, tramo final de su segundo mandato como Jefe de Gobierno porteño, Macri le adjudicó la licitación de los terrenos al CABJ. Era el final de un trabajo conjunto entre Macri, Horacio Rodríguez Larreta y el sucesor en el Club, Daniel Angelici. Como se ve, el ahora presidente le dejaba a sus continuadores en sus dos cargos electivos la continuidad del negocio. Que consiste en construir otro estadio, un shopping y varias morondangas rentables más. 

El negocio se cerró rápidamente, el 14 de abril, con la venta por 180.600 pesos. El único problema es que, así como la remodelación de la Plaza de Mayo, la venta de terrenos porteños necesita la participación de la legislatura. Peor, necesita una ley que autorice la venta. Macri ordenó a sus funcionarios seguir adelante y vender el terreno en cuotas al club.

De inmediato hubo un amparo de vecinos, de La Boca Resiste y Propone, y del  Observatorio del Derecho a la Ciudad. El 15 de Junio de 2017, el Juez Guillermo Scheibler dictó sentencia verificando irregularidades y parando todo. El amparo fue apelado ante la Cámara porteña, que no sólo anuló el fallo sino que apartó al juez. 

Pues esta semana, Cabezas Cescato falló en línea con Schreibler, remarcando que nadie le pudo mostrar la ley porteña que autorizó la venta de estas tierras en La Boca. La jueza repuso el amparo y suspendió todo, desde la licitación pública a la venta, y a todo lo que “se haya comenzado a realizar”. Para agravar el problema, la única ley porteña que menciona estos terrenos es la 2240, que los destina a un parque público.

A todo esto, es llamativo que en todo este tiempo el Club no haya hecho más que un vallado y seguridad privada. Una explicación posible es que Boca Juniors no tiene ni remotamente la millonada en dólares que implica el proyecto de estadio, shopping, oficinas, etc. Por lo tanto, se deduce que necesita inversores, gente molesta que para poner tanta plata pide seguridad jurídica básica, que es la que se obtiene cuando se cumple la ley. 

Y ya sabemos que en esta ciudad abundan los vivos que le ponen plata a gente que no tiene los papeles pero les guiña el ojo a los inversores, diciendo que está todo arreglado. Pero esto es demasiado grande y demasiado público.