Cada vez que la pantalla de televisión anuncia que una mujer fue asesinada por su pareja o ex pareja, su muerte nos recuerda la incapacidad de muchos de los operadores del Estado. En los casos en que hubo avisos previos, que son la casi totalidad, se podría afirmar sin ruborizarse, que todo el sistema de protección contra la violencia, ha sido inútil, al menos respecto de ese cadáver. 

Una mujer –viva-, pone en conocimiento del Estado que su vida corre peligro. Un tiempo después, la morguera –del Estado- se lleva en una bolsa de plástico el cuerpo de la mujer, que cuando respiraba agitada por el miedo, avisó que la iban a matar, y ahora dejó de respirar, porque la mataron.Es hora de poner un límite a semejante indolencia.

El crecimiento de la conciencia ciudadana sobre la dimensión y peligro de la violencia de género, en nuestro país en los últimos años, ha sido geométrico. Cientos de miles de mujeres –y algunos hombres-, lo demuestran en cada marcha, en cada nota periodística, en cada libro, en cada charla barrial, escolar o universitaria. A su vez, el avance legislativo ha sido de los mejores de la región. Hasta nuestra Constitución Nacional garantiza que esa mujer, victima, va a seguir viviendo. Pero ya no respira. Para ella, la ruta que inició con la denuncia, no sirvió para nada. Las leyes que tanto esfuerzo implicaron para los legisladores, no sirvieron para nada. Las instituciones creadas para que esa mujer esté viva, no sirvieron para nada. Y no nos referimos en este espacio a los miles de mujeres a las que el sistema logra proteger, sino a aquellas que son asesinadas cada día, porque el Estado fracasó. Una sola mujer víctima de un “femicidioanunciado” pone en crisis a todo el sistema. Notificarle una “restricción perimetral” a un violento –en Argentina-, muchas veces, es como pedirle al rio que no fluya.

Frenar los femicidios es una decisión política que implica entre otras, que se señale y remueva a juezas y jueces misóginos, la mayoría de los cuales, por otra parte, la práctica judicial cotidiana en todo el país, ya ha identificado sobradamente. Implica, además, que los magistrados y fiscales de todos los fueros, tomen conciencia y en su caso se capaciten, para darse cuenta que a un violento extremo, no lo frena ni una restricción perimetral ni un botón antipánico. Lo frena una rápida y seria evaluación de riesgo y las medidas que sean necesarias para proteger a la mujer que pide ayuda. Pero, para accionar el freno que ponga fin a tantos crímenes anunciados y evitables, hace falta que quien tiene el poder de tomar la decisión política necesaria, tenga la voluntad de hacerlo. Si se tiene en cuenta la desvalorización que en distintas oportunidades ha manifestado públicamente nuestro Primer Mandatario, acerca de las mujeres, esa decisión por el momento, parece lejana. 

Mientras tanto, habrá que seguir gritando en las calles, con la garganta dolorida por la angustia y la impotencia. Con el alma lastimada por la imagen de la bolsa de plástico en la que Graciela Molina Hernández, es introducida en la morguera policial, estacionada en la puerta de la casa en la que fue degollada por su victimario.