El sábado a la madrugada, Milagros Duarte, Mili, una joven trans que estudia la carrera de Trabajo Social en la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) y es trabajadora sexual en Florencio Varela, fue brutalmente golpeada por un cliente cuando intentó cobrar por sus servicios. El hombre le desfiguró el rostro a golpes e intentó ahorcarla. El hecho no terminó en travesticidio porque un sobrino de la joven apareció y logró que el agresor, de nombre Lucas, la soltara tras amenazar con volver a matarla si hacía la denuncia. El presidente de la Asociación Civil Varela Diversa (donde milita la joven), Marcelo Márquez, dijo a PáginaI12 que si bien la denuncia fue tomada en la Comisaría de la Mujer, no quedaron conformes con la carátula de la causa. “Fue caratulada como ‘lesiones graves y estafa’, pero en realidad debiera ser por violencia de género”, remarcó Márquez, quien agregó que “el problema de fondo es que no hay trabajo formal que les permita salir del trabajo sexual. No hay aplicación del cupo laboral trans en la provincia de Buenos Aires, que les permita acceder a una mejor calidad de vida y salir de la situación de vulnerabilidad extrema en que se encuentran”.

El viernes, Duarte, que además de estudiar en la UNAJ hizo una diplomatura en Prevención de Violencia de Género en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y es una activa militante por los derechos trans, se encontró con un cliente en su casa en el barrio San Jorge, donde ejerce la prostitución ante la falta de opciones laborales a la que su elección sexual parece condenarla, como ocurre al colectivo de mujeres trans.

Alrededor de las dos de la mañana, cuando el servicio sexual había concluido, le pidió al cliente que le pague. La reacción del hombre, que está identificado, fue abalanzarse, molerla a golpes e intentar ahorcarla. 

Según contó Márquez, “la agarró del cuello, le pegó la cabeza contra la pared, le dio trompadas en la cara y le rompió el tabique nasal, la agarró del pelo y la arrastró por el piso. Finalmente, cuando Milagros empieza a gritar la agarra del cuello y la comienza a ahorcar. Si no llega un sobrino que logra que la suelte la mataba”.

Tras la agresión, los familiares la trasladaron de urgencia a una Unidad de Atención Primaria (UPA) del municipio, donde fue tratada y dada de alta varias horas después: con el tabique roto, el ojo izquierdo cerrado, la cara inflamada, mordidas en los brazos y, de acuerdo a Márquez que la acompañó, “las marcas de las manos en la garganta”.

La asociación Varela Diversa realizó la denuncia en la Comisaría de la Mujer, donde, además, solicitaron un botón antipánico por las amenazas que hizo el hombre de volver para matarla si hacía la denuncia. Ayer a la mañana, en la Municipalidad, le activaron el botón, y le dieron, a través del servicio de Atención a la Víctima, contención psicológica.

Para Márquez, “Milagros termino el secundario, está haciendo la carrera de Trabajo Social y el años pasado se capacitó en la UNQ. Pero con todo eso no consigue trabajo y vive de la prostitución, en una casa en un barrio humilde con su mama de más de 80 años”. “El problema mayor es el acceso al trabajo formal, al que no pueden acceder las mujeres trans y que las mantiene en una situación de extrema vulnerabilidad teniendo que vivir del trabajo sexual. Milagros ahora no puede trabajar y no tiene un peso, y por eso desde la UNAJ y Diversa se está juntando dinero para ayudarla. Pero en algún momento va a volver a ponerse en esa situación de riesgo”, remarcó, y advirtió que “es necesario un cambio cultural para modificar está situación”. 

La causa por “lesiones graves y estafa” quedó radicada en la fiscalía descentralizada de Quilmes, con asiento en Florencio varela, aunque desde Varela Diversa reclaman que sea recaratulada como “violencia de género”.

En tanto, la Dirección de Derechos Humanos del municipio, que expresó a través de un comunicado “su más enérgico repudio ante el brutal ataque sufrido por la militante de la diversidad”, ofreció asistencia legal para la joven. Y a través de la Subsecretaria de Prevención, planificación e intervención territorial del municipio, a cargo de Laura Vivas, se pusieron a disposición de la víctima. También la Asamblea Permanente Por los Derechos Humanos (APDH) Regional Conurbano Sur repudió la agresión y exigió justicia para la joven.