“La difusión de las escuchas es muy grave y está orquestada por Macri con Majdalani, más la connivencia de Irurzun, Marijuan y Lijo. Ellos son los responsables directos”, destacó el ex jefe de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), Oscar Parrilli, sobre el nuevo audio de las conversaciones telefónicas suyas con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El material, que fue publicado ayer por el portal Infobae, no da cuenta de ningún delito y se trata solamente de una charla sobre la coyuntura política y económica al igual que los anteriores. 

Parrilli, además de al Presidente, le adjudicó la maniobra a la corporación judicial. “Los jueces y los encargados de velar por los derechos constitucionales están cometiendo los ilicitos penales con la complicidad del Ejecutivo", denunció el ex funcionario, quien además adelantó que se presentará personalmente para hacer una nueva denuncia por la difusión. “Están haciendo inteligencia interna y espionaje político, escuchan las grabaciones para saber qué piensa Cristina Kirchner del resto de los dirigentes", agregó en diálogo con Radio La Patriada.

Ayer un artículo recuperó fragmentos de sus conversaciones privadas, en las que la actual senadora y ex mandataria hace referencia a la diputada mandato cumplido Margarita Stolbizer y a Sergio Massa. En este caso, su charla sucede luego de una reunión entre el referente del massismo y el actual jefe del Bloque Justicialista del Senado, Miguel Ángel Pichetto. La misma nota recupera que esas grabaciones forman parte del expediente que instruye el juez federal Ariel Lijo y en el que interviene el fiscal Guillermo Marijuán.

En ese sentido, Parrilli también cargó contra el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, a quien calificó como “un cómplice silencioso del gobierno”.

“Hay una persecución política y mediática implementada por los jueces serviles al poder. Así como en los 70 utilizaban a los militares para interrumpir las democracias, hoy utilizan a los medios y al Poder Judicial”, alertó el ex funcionario y aclaró que a él lo investigaron durante ocho meses “y no encontraron nada”.

“No hay delito. Me hicieron seguimiento personal, me pincharon los teléfonos. Estamos viviendo en un Estado policial", se lamentó.