“Los efectos de la sequía sobre la cosecha van a ser muy sensibles”, admitió el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere. Si bien todavía falta el último tramo del proceso de producción de la soja y del maíz, que define el nivel de los rindes, los cálculos oficiales apuntan a una merma de producción por el equivalente a unos 3 mil a 4 mil millones de dólares a raíz de la falta de lluvias que afecta a las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe desde fines del año pasado. Ante este panorama, el Gobierno anticipó que entregará los beneficios fiscales que prevé la declaración de la emergencia agropecuaria. Sin embargo, las entidades del agro que representan a pequeños y medianos productores advierten que esa ayuda es muy precaria y reclaman más fondos y nuevas herramientas de apoyo. El impacto negativo de la sequía tendrá un doble efecto. Por un lado, empeorará la situación financiera de los productores agropecuarios. Pero además, la menor producción sojera y maicera reduce las cantidades exportadas, con lo cual es un factor que tiende a amplificar el problema del déficit comercial.
“Tenemos que ser ágiles para mitigar los efectos de estos fenómenos climáticos. Los productores tienen todas las herramientas que están disponibles, como la Ley de Emergencia Agropecuaria. Una vez que se termine de decretar las emergencias en las provincias ahí se empieza a poner en marcha el mecanismo que apoya a los productores. La Nación tiene muchas herramientas para los productores que van a estar a disposición”, dijo el viernes pasado Etchevehere, ex presidente de la Sociedad Rural y actual jefe de la cartera agroindustrial. El Estado nacional tiene un fondo de 500 millones de pesos por año para ayudar a las provincias que declaran la Emergencia.
El último evento climático adverso al agro que tuvo alcance generalizado fue la inundación de agosto/septiembre del año pasado. “En ese momento, se prestó la ayuda de los 500 millones de pesos Pero ese monto está congelado desde 2009. Es insuficiente y esto representa un problema estructural. Entre 2016 y 2017 hubo 22 provincias en emergencia entre las sequías e incendios. Evidentemente, 500 millones no alcanzan”, indicó a PáginaI12 Dardo Chiesa, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). El dirigente advirtió, además, que “en la Provincia de Buenos Aires recién se está homologando la emergencia del año pasado por las inundaciones”. La emergencia le permite al productor prorrogar o eventualmente quedar exento del pago de impuestos nacionales y de vencimientos de los bancos públicos.
Omar Príncipe, presidente de Federación Agraria, recordó a PáginaI12 que “si tomamos como ejemplo lo que pasó en 2017, la ayuda que brindó el Gobierno fue muy pobre. Y una larga serie de reclamos que hicimos incluso previo a la situación de las inundaciones no obtuvo ningún tipo de respuesta”. “En febrero del año pasado planteamos que eran necesarias nuevas herramientas para que la ayuda del Estado en casos de emergencia pudiera llegar a todos los productores, especialmente a los más vulnerables. Pedimos un aumento del fondo nacional de emergencia por encima de los 500 millones de pesos y eso no ocurrió. Pedimos cambiar la ley de emergencia para agilizar los trámites burocráticos y tampoco ocurrió. Y pedimos trabajar sobre una ley de seguro multiriesgo para darle previsibilidad al productor, cosa que tampoco pasó”, agregó Príncipe.
Chiesa también reclamó por el seguro agropecuario. “Funciona con un subsidio del Estado para bajar la prima. En general es el esquema vigente en los países agropecuarios”, dijo el titular de CRA. En tanto, Príncipe agregó que “hay preocupación porque los productores tienen un nivel de endeudamiento que es un 20 por ciento superior al del año pasado”. Conocedor de los reclamos del sector, Etchevehere dijo que “habrá una reunión para avanzar con nuevas herramientas de seguro agropecuario del cambio climático”, aunque no se esperan grandes novedades para atacar las consecuencias económicas de la actual sequía.
Javier Rodríguez, ex secretario de Coordinación Político-Institucional y Emergencia Agropecuaria del Ministerio de Agricultura, dijo que “más allá de la declaración de la emergencia, el actual Gobierno desactivó los mecanismos de asistencia inmediata que se entregaban a productores pequeños para, por ejemplo, poder alimentar el ganado en situaciones de inundación”.
Según las estimaciones oficiales, la superficie de siembra de soja se ubica en los 16,5 millones de hectáreas, una caída del 8,3 por ciento frente a la campaña anterior, de 18 millones de hectáreas implantadas. La Bolsa de Cereales de Rosario calculó que la superficie el año pasado estuvo en las 19 millones de toneladas y que esta campaña sería de 17.200 millones. Además, la fuerte caída de los rindes implicaría, para esa entidad, una baja de 5,5 millones de toneladas de producción de soja. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires estima una campaña de 47 millones de toneladas de soja, frente a las 51 millones de toneladas que al inicio de la campaña se esperaba cosechar.
