El derecho a una educación

Titular de la cátedra de Didáctica Especial y Prácticas de la Enseñanza en Letras, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Gustavo Bombini es uno de los expertos de la Argentina en temas relacionados con la lectura, la literatura infantil y la didáctica de la lengua. Formó parte de la gestión anterior en el Ministerio de Educación de la Nación, entre los años 2003 y 2007 fue coordinador del Plan Nacional de Lectura del Ministerio de Educación de la Nación y hasta el año 2016 coordinó el Departamento de Materiales Educativos del mismo ministerio. Ha publicado gran cantidad de artículos académicos y libros sobre los temas de su especialidad.

Bombini comenzó a implementar en su cátedra las prácticas profesionales en institutos de menores hace ya dos décadas, en ese momento desde la Universidad Nacional de La Plata. “Los talleres de lectura y de escritura en espacios donde nos encontramos con adolescentes en conflicto con la ley nos pareció no sólo un desafío didáctico y pedagógico, sino más bien político o de una política pedagógica que se propone reconocer derechos”, asume hoy Bombini a la luz de los discursos estigmatizantes que se propalaron en las últimas semanas a partir del reconocimiento público del gobierno nacional a Luis Chocobar por asesinar a Juan Pablo Kukoc. El año pasado, mientras estuvo encerrado en el Instituto San Martín, Kukoc asistió al taller de lectura y escritura en donde tres estudiantes de la cátedra de Bombini realizaban sus prácticas profesionales para recibirse de profesoras de Letras. La propuesta de la cátedra de Bombini es “un enfoque sobre la lectura y la escritura y su enseñanza desde el punto de vista de los derechos, una mirada inclusiva donde los chicos en conflicto con la ley podían ser participantes activos en espacios de producción lingüística, en las que sus propias voces como lectores y escritores pueden seguir circulando. La experiencia en estos espacios es para nuestros estudiantes y para nosotros mismos una desmentida frente a cualquier forma de estigmatización de los jóvenes en general y de los jóvenes que están en conflicto con la ley en particular. En esos meses del 2017 Juan Pablo ejerció su derecho a la educación, a la lectura y a la escritura, aún estando en situación de encierro. Pero ese derecho supone un derecho anterior, diría supremo, que es el derecho a la vida. Vida que en el caso de Juan Pablo fue aniquilada sin atender a las condiciones sociales complejas por las que un joven de sólo 18 años elige empuñar un arma blanca. Esta elección no puede tener como única respuesta la condena social y la justificación naturalizada de la muerte por parte del gobierno, del Estado. El Estado es también nuestra cátedra y nuestro profesorado en Letras, desde donde queremos garantizar derechos educativos y culturales, y desde donde queremos garantizar vida”.

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