La Justicia ordenó investigar a la actual comisión directiva de River en pleno por el presunto delito de “administración fraudulenta” del club, en el marco de una causa en la que también aparecen involucrados los barrabravas más conocidos, entre ellos Alan Schlenker y Adrián Rousseau. La medida comprende al presidente de la entidad, José María Aguilar, y a los directivos Julio Macchi, Mario Israel, Héctor Cavallero, Antonio Caselli, Norberto Alvarez, Rodolfo Cuiña, Diego Quintas y a los barras Schlenker, Rousseau, Christian Ghisletti y Alexis Dacoste, entre otros.

En la causa se investigan presuntos manejos irregulares en la transferencia de jugadores, principalmente al exterior, y la hipotética entrega de parte de ese dinero a la barrabrava. La Sala Cuarta de la Cámara del Crimen, según una resolución del jueves pasado a la que tuvo acceso la agencia DyN, anuló el sobreseimiento que había dictado en primera instancia el juez de instrucción Luis Rodríguez, y ordenó profundizar la investigación. La causa tiene más de dos años de antigüedad, fue promovida por el abogado Marcelo Parrilli –en su condición de socio de River– y ya declararon, entre otros, el ex entrenador del club Ramón Díaz y el futbolista Oscar Ahumada.

La Cámara, con las firmas de los jueces Alberto Seijas, Carlos González y Marcelo Lucini, entendió que la investigación que había derivado en el sobreseimiento de todos los directivos fue incompleta. Además, hicieron notar que los delitos que restan por investigar podrían rozar, incluso, la “asociación ilícita”.

“No resulta viable dictar un sobreseimiento por un tramo de la conducta, como ha ocurrido en el caso, cuando en otro expediente también se investiga uno de los actos de esa administración”, dijeron los jueces. No obstante, advirtieron que “la Justicia penal no puede constituirse en el medio para obtener la rendición de cuentas de quienes tienen a su cargo la administración, cual especie de auditoría de la gestión”, pero “tampoco debe correrse el riesgo de desoír una denuncia por la sola circunstancia de que carezca de precisiones”.

Así, la sala hizo alusión al origen de la causa: una denuncia de Parrilli sobre supuestas irregularidades en la compra y venta de futbolistas y, en especial, la participación de la barra brava en los frutos de esas operaciones, especialmente la transferencia del jugador Gonzalo Higuaín a España.