Se las conoce como el Club del Cemento, por haber actuado durante más de 18 años con un acuerdo escandaloso para repartirse el mercado y fijar los precios de sus productos. Una investigación de la Comisión de Defensa de la Competencia las sentenció en 2005 a pagar una multa millonaria, la más grande en la historia del país. Ellas le buscaron la vuelta para zafar: plantearon la prescripción de la causa, apelaron sus términos y argumentaron que nada de lo que se les imputaba era verdad. Sin embargo, la Justicia volvió a darles la espalda. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico confirmó ayer las condenas a Loma Negra, por 138,7 millones de pesos; Juan Minetti, por 100,1 millones; Cementos Avellaneda, por 34,6 millones; Cementos San Martín, por 28,5 millones, y la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland, por 529 mil pesos, y redujo de 7,3 a seis millones la multa a Petroquímica Comodoro Rivadavia. La suma arroja 308,4 millones de pesos.

Las cementeras fueron encontradas responsables de cartelización y de pactar los precios de sus productos, en violación a la Ley de Defensa de la Competencia. La práctica estaba tan instalada que duró casi dos décadas: entre julio de 1981 y fines de agosto de 1999, salvo Petroquímica Comodoro Rivadavia que se sumó al club en agosto de 1989. Los jueces consideraron que esta última compañía se vio de algún modo forzada a participar de las maniobras para no desaparecer del mercado y, por eso, le bajaron el monto de la pena a seis millones de pesos. Más allá del atenuante, los magistrados dejaron sentado que la empresa obtuvo beneficios ilícitos con su incorporación.

El fallo lleva las firmas de los jueces de la Sala B de la Cámara de Apelaciones, tribunal de alzada de la Comisión de Defensa de la Competencia: Carlos Pizzatell, Marcos Grabivker y Roberto Hornos, quien en algunos puntos se expresó en disidencia.

“Las empresas condenadas y la asociación que las nuclea habrían cartelizado el mercado de cemento portland, acordando entre sí los precios de venta de aquella mercadería, las participaciones de cada empresa y demás condiciones comerciales por provincias, zonas o localidades”, señalaron fuentes allegadas a la investigación. También indicaron que las compañías acordaron intercambiar información sensible referida al mercado de cemento, instrumentado a través de la Asociación de Fabricantes. Por ello, ahora se le exige a esta entidad que se abstenga de distribuir entre sus asociados datos estratégicos sobre la producción, importaciones y ventas de cemento de cada empresa. También se le reclama que “tome las medidas de seguridad necesarias” para que esa información estadística no ande circulando en el sector.

La multa original que impuso Defensa de la Competencia en 2005 era por 309,7 millones de pesos. La presentación del dictamen del organismo fue realizada en aquel momento por el ministro Roberto Lavagna, quien explicaba que la penalización era porque las empresas habían participado de un sistema por el cual se llevaba a cabo un reparto de cuotas y participación de mercado a escala nacional. “Estas empresas pactaron mantener precios elevados” que perjudicaron a los consumidores, decía el entonces jefe de Economía. Las cementeras apelaron y consiguieron dilatar el pago de las multas, pero ahora la Cámara de Apelaciones volvió a fallar en su contra. No se descarta que el tema termine en la Corte Suprema.

El cálculo de las multas se efectuó tomando en consideración el beneficio ilícitamente obtenido durante el lapso en que se comprobó que existió la cartelización. Especialistas del sector aseguran que los niveles de participación en el mercado no cambiaron demasiado de 1999 al presente.