“El Gobierno parte de un concepto erróneo, que es considerar que un mayor consumo de energía equivale a un mayor poder adquisitivo. Esa teoría es un error ,ya que el tarifazo impactó en las facturas de los sectores de menores recursos. Si no se vuelve atrás con la medida, habrá una mayor conflictividad social.” Con estas palabras, Pedro Busseti, titular de la Asociación de Consumidores Deuco, graficó el estado de situación en relación con el aumento de las tarifas de luz, a raíz de la quita de subsidios por parte del Ejecutivo. Ayer, el Ministerio de Planificación Federal, que conduce Julio De Vido, solicitó rever la medida judicial que impidió el corte de suministro eléctrico a aquellos usuarios que se resistan a pagar incrementos de tarifas. De Vido aseguró que es potestad del Estado fijar a quién se le da o quita los subsidios y volvió a defender los aumentos señalando que sólo llegarán a los consumidores de mayor poder adquisitivo. Sin embargo, tanto Deuco como de la Defensoría del Pueblo afirmaron que las excepciones realizadas por Planificación dieron cuenta de la “arbitrariedad” de las medidas.

El Gobierno solicitó un “recurso de reposición” sobre el fallo judicial que prohibió el corte del suministro eléctrico a los usuarios que no paguen el aumento en el servicio, medida que había sido impulsada por la Defensoría del Pueblo. El argumento del oficialismo es que al momento del anuncio de los aumentos no estaban contempladas las excepciones. Como ahora se avanzó en ese sentido, Planificación cree que no tiene sentido avalar judicialmente el no pago de las facturas.

“Hoy estamos actuando porque es facultad del Poder Ejecutivo otorgar y quitar subsidios. Está claro que se trata de quitar a quienes consumían más, que por lógica son los que tienen más poder adquisitivo”, argumentó De Vido.

Los aumentos llegaron a raíz del acomodamiento tarifario producto de la quita de subsidios a las empresas generadoras de electricidad. Como parte de este reacomodamiento, para febrero-marzo estaba prevista una quita de subsidios para las distribuidoras (Edesur, Edenor y Edelap). Esto se traduciría en un nuevo aumento tarifario. Desde Planificación aseguraron a Página/12 que por el momento “no hay nada en estudio”.

El argumento oficial de que los incrementos tarifarios corresponden sólo a los sectores de mayor poder adquisitivo es criticado tanto por la Defensoría del Pueblo como por Deuco, organización que está realizando diversas asambleas en el conurbano. “Hemos ido a Hurlingham, Ituzaingó, Morón, Del Viso, Gregorio Laferrere, sectores que no son precisamente de alto poder adquisitivo. Y todos los vecinos nos presentaron facturas con altos incrementos”, denunció Busseti ante Página/12.

Por la cantidad de quejas, el Gobierno amplió anteayer las condiciones para exceptuar el pago de los incrementos. Se incluyó a los usuarios residenciales que habiten viviendas con múltiples hogares y un solo medidor; y en viviendas con pequeños comercios o talleres de oficios. Para Deuco y el ombudsman nacional, estas excepciones no son más que la “confirmación de que la medida fue llevada adelante sin pensar en sus consecuencias”.

Es más, el mismo pedido de reposición realizado por el Ejecutivo conlleva a pensar que los aumentos fueron realizados sin contemplar sus repercusiones negativas. “Si llegaran a ocurrir más reclamos no contemplados por el momento, el Gobierno también los analizaría”, graficaron desde Planificación.

El reacomodamiento tarifario, sumado al Programa de Uso Racional de la Energía Eléctrica (Puree), hizo que algunos usuarios tengan que pagar aumentos que oscilaron entre los 300 y 1000 por ciento. Esto fue así porque el castigo implementado por el Puree implica pagar doble la energía consumida en exceso. Por lo tanto, cuanto más cara es la tarifa, más fuerte será la penalidad.