El juez federal Daniel Rafecas elevó ayer a juicio oral y público la causa por secuestros y torturas a médicos, enfermeros y empleados del Hospital Posadas durante los días posteriores al golpe de Estado de 1976. La elevación abarca a cinco imputados, incluido el dictador Reynaldo Bignone, en tanto otros seis estuvieron en la mira de la Justicia por su participación en los mismos delitos pero murieron a tiempo de no rendir cuentas. Por conexidad con otros expedientes vinculados con el Primer Cuerpo de Ejército, la causa quedó radicada en el Tribunal Oral Federal 5, que acumula juicios por crímenes de lesa humanidad para no menos de un lustro, dato no menor si se considera que tres imputados tienen más de 80 años.

El 28 de marzo de 1976 el policlínico Posadas, en Haedo, fue ocupado por una patota al mando del general Bignone, delegado de la junta militar en el área de Bienestar Social, que designó como interventor al coronel médico Agatino Di Benedetto. En los días posteriores fueron detenidas cuarenta personas, distribuidas luego en comisarías, cárceles y la Superintendencia de Seguridad Federal. Seis fueron trasladadas a El Chalet, centro clandestino ubicado en la residencia del flamante director, dentro del predio del hospital, donde fueron interrogadas bajo tortura. El médico Jorge Roitman y el empleado Julio Quiroga nunca reaparecieron. A mediados de abril de 1976 se instaló en el hospital un grupo de tareas que los empleados llamaban “Swat”, con la misión de proteger el lugar de “resentidos, disociadores y subversivos”. La banda, integrada por varios civiles, ostentaba sus armas en los pasillos y participaba de operativos en la calle y en domicilios particulares.

Los imputados que llegan a juicio, además de Bignone y Di Benedetto, son el brigadier Hipólito Rafael Mariani, que como jefe de la Brigada Aérea de El Palomar tenía bajo su jurisdicción El Chalet, y dos civiles miembros del grupo “Swat” que varias víctimas reconocieron durante sus secuestros: Luis Muiña y Argentino Ríos. Según el procesamiento de Rafecas de diciembre de 2007, los seis integrantes del grupo de tareas que murieron antes de ser citados por la Justicia son el coronel Julio Ricardo Esteves, el subcomisario Ricardo Antonio Nicastro y los miembros del grupo de tareas José Faraci, Oscar Raúl Teves, José Meza y Carlos Domingo Ricci.

De los cinco imputados que pueden llegar a ser juzgados, Di Benedetto tiene 85 años, Bignone 81 y el brigadier Comes, condenado a 25 años de prisión (domiciliaria) como responsable de Mansión Seré, festejó ayer sus 82. Los tres gozan de arresto domiciliario. Ríos, de 64, y Muiña, de apenas 54, pasan sus días en el penal de Marcos Paz.

La edad de los represores sería un dato menor si los tribunales orales federales no estuvieran colapsados. Pero no es el caso. El TOF-5 comenzará a juzgar el 10 de febrero al ex comandante de la subzona Capital Federal, general Jorge Olivera Róvere, y a cuatro ex jefes de áreas militares. Hacia fin de año sería el turno del primer juicio a los marinos de la ESMA, con 22 imputados y centenares de testigos. En qué orden y cuándo llegarán a juicio el resto de las causas acumuladas sigue siendo un misterio. Antes que la causa del hospital Posadas ingresaron elevaciones por delitos cometidos en los centros clandestinos El Atlético, El Banco, El Olimpo, El Vesubio y también en la provincia de La Pampa, que formaba parte del Primer Cuerpo de Ejército. En diciembre la Corte Suprema de Justicia admitió que la congestión en los tribunales federales porteños impide reasignar las causas abarrotadas en el TOF-5 y recordó que el 15 de julio pasado solicitó al Poder Ejecutivo la creación de dos nuevos tribunales orales. Aún no se conoce la respuesta.