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Para el poder político y económico el número 53 se convirtió ayer en una obsesión. El Gobierno, empresas de primera línea, bancos y embajadas pasaron el día cruzando llamadas y haciendo reuniones a causa de ese número. Todos hablaban del 53. Se trataba de un decreto de necesidad y urgencia que, como correspondía, llevaba la firma de todos los ministros y de Eduardo Duhalde. Establecía una sorpresiva redolarización de deudas empresarias, que hubiera implicado un aumento de ingresos para los bancos por recupero de créditos y una disminución de la compensación estatal a las entidades financieras por la pesificación. Por la noche, el Ministerio de Economía lanzó un comunicado informando la derogación de los artículos más controvertidos. Así terminó una parte de la historia, aunque al Gobierno le costará asimilar semejante papelón y es probable que el tema arroje repercusiones las próximas semanas.
El impacto que provocó la medida pudo medirse en la intervención directa de ejecutivos de primer nivel de compañías privatizadas y de otras grandes empresas, así como de embajadores y de banqueros. Embajadores argentinos en el exterior también debieron atender consultas. El decreto buscaba clarificar y perfeccionar los alcances de la pesificación, según dijo la versión oficial. Varios de sus incisos confirmaban decisiones tomadas en marzo de 2002. Pero se agregaban otros cinco que abrieron la controversia. De ellos, especialmente dos, el “H” y “L”, fueron los cuestionados por las compañías endeudadas, pues cancelaban la pesificación.
A última hora, el portavoz del Palacio de Hacienda señaló a Página/12 que Roberto Lavagna “asumió personalmente la decisión de derogar” aquellos últimos incisos. La justificación fue que “no hubo una correcta interpretación de las medidas” por parte de empresas y bancos y porque una de las resoluciones era “virtualmente impracticable, dado que en la Argentina no hay un sistema de registro de movimiento de capitales”. Esto se relaciona con el alcance del inciso “L”, aunque de inmediato llama la atención que ninguno de los firmantes del decreto, y ninguno de quienes lo revisaron previamente, haya advertido tremenda pifia. Hasta anoche el Gobierno no había encontrado una explicación convincente para dar marcha atrás con una medida tan sensible, en el mismo día que apareció publicada en el Boletín Oficial.
El inciso “H” disponía que las empresas controladas por accionistas extranjeros debían devolver en dólares sus créditos tomados en esa moneda, por más que hubieran sido otorgados por entidades radicadas en el país. La mayoría de las grandes empresas se ajusta a esa categoría. Incluso muchas compañías de capitales nacionales están radicadas en el exterior, por lo que se les hubieran dolarizado sus préstamos. Los particulares, los deudores hipotecarios y las empresas nacionales radicadas en el país quedaban a salvo de la redolarización. Es decir que el decreto volvía a modificar los alcances de la pesificación, a un año de haber sido adoptada.
El inciso “L” era una variante del anterior. Las créditos que se redolarizaban eran los que hubieran sido concedidos por un banco local, pero actuando por cuenta y orden de su casa matriz. Una de las entidades que anoche se mencionaba que estaba en esa situación era el Banco de Tokio. Supuestamente, la filial en Argentina habría intervenido sólo como intermediario de operaciones pactadas en Japón. Ese era el argumento para reclamar la redolarización. En este punto es donde calza la explicación de que en el país no existe un registro de movimiento de capitales, y que por ello se canceló la medida.
Lavagna reunió a su equipo por la tarde para analizar la situación. Página/12 pudo saber que los embajadores de España, Italia y Francia expresaron al ministro su malestar por el decreto, en defensa de los intereses de sus empresas. Entre ellas, varias privatizadas. El tema explotó en el Gobierno. Hubo pedidos de explicación y análisis pararesolver qué hacer. Finalmente se dispuso la derogación de los incisos más incómodos. Uno de los factores que llevaron a esa decisión fue que la ayuda de los países europeos mencionados más arriba resulta fundamental para conseguir el acuerdo con el FMI.
Los incisos que quedaron en pie son los que confirman que las deudas de las provincias y municipios con la Nación por los avales que ésta les haya otorgado para tomar créditos con organismos multilaterales se mantienen en dólares, así como las deudas de la Nación con esos organismos, y las deudas de entes binacionales –como Yacyretá– con el Gobierno. Por otra parte, los saldos de tarjetas de crédito correspondientes a consumos realizados fuera del país antes de la devaluación y el rescate de cuotapartes de fondos comunes de inversión dolarizados siguen en dólares. Pero en estos casos, se mantuvo lo que ya se había resuelto el año pasado. Por el resto de las cosas que intentó cambiar, el Gobierno tuvo que dar un violento volantazo que puede hacer volcar a algún funcionario.