ECONOMíA › OPINION

Debate

 Por Alfredo Zaiat

El debate sobre la minería ha adquirido mayor complejidad porque durante años las multinacionales dispusieron una política de ocultamiento de su actividad en el área de explotación. También por la subordinación de los poderes político y judicial provinciales a los intereses de esas megacompañías. Y por el silencio que cubrió las protestas y represiones a pobladores de esas zonas durante años, con muy pocas excepciones, entre ellas la de este diario. El kirchnerismo se ha sentido cómodo en ese marco de negocios de las mineras, incluso ha impulsado con énfasis esas inversiones. Ante las fuertes restricciones legales para implementar cambios profundos en el generoso esquema de promoción diseñado en los noventa, sólo pudo avanzar con fijar retenciones a las exportaciones del 5 al 10 por ciento, medida que algunas mineras resisten en la Justicia, y, desde noviembre pasado, con obligarlas a liquidar los dólares de sus ventas al exterior en el mercado local. Y en el marco de redefinición de la política de subsidios, le retiraron los que gozaban para la electricidad. Ahora también ha alentado la unión de las provincias mineras para unificar estrategias ante el poder de las mineras. El aspecto ambiental de la minería es relevante, como lo es también el de la producción sojera, petrolera, química, de curtiembres, petroquímica, y de toda industria. Concentrar el tema minero exclusivamente en la contaminación, cuando toda intervención humana en la naturaleza altera el ecosistema y cuando la actual fase del capitalismo transita el estadio del consumismo extremo, debilita y restringe el debate. La cuestión de la minería adquiere mayor densidad cuando se aborda además la articulación del poder económico, la apropiación de rentas de recursos estratégicos no renovables, la distribución del excedente y el perfil de especialización productivo.

A diferencia de Chile, país con el que se comparte la cordillera rica en recursos mineros, Argentina no tenía una historia importante en la actividad, excepto la de Yacimientos Carboníferos Fiscales. Sin antecedentes, en la formación de suficientes cuadros técnicos ni en inversiones de magnitud en la exploración, como lo hubo en el área de hidrocarburos con YPF desde las primeras décadas del siglo pasado, en la primera mitad de los ’90 se diseñó un cuadro normativo para el desembarco de las grandes compañías mineras, que traían los dólares y el conocimiento para comenzar la explotación, ya no con la tecnología antigua del socavón, que arrasa por dentro a la montaña, sino con la de cielo abierto, que directamente la dinamita.

El actual modelo minero fue estructurado con el acuerdo federal minero, con el Código Minero y con la reforma constitucional del ’94, que en su artículo 124 dispone que les corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Esto último ha provocado una grieta difícil de reparar para instrumentar una administración nacional e integral de las riquezas hidrocarburíferas y mineras.

Ese marco legal facilitó el desarrollo de lo que se denomina “economía de enclave”: ingresan capitales del exterior para explotar ricos yacimientos mineros, realizan millonarias inversiones, pagan una muy baja proporción de impuestos en relación a su giro (por ejemplo, están exentos del impuesto al cheque, a los combustibles), tienen estabilidad fiscal por treinta años y gozan de un régimen de importación sin aranceles. Las regalías abonadas a las provincias son bajas (de 2,5 a 4,0 por ciento en boca de mina), pero a la vez esos recursos son muy importantes para las finanzas de esos gobiernos. Esta dependencia fiscal explica la defensa férrea que legisladores y gobernadores de provincias mineras realizan de esa actividad.

Para eludir las restricciones de ese marco legal, que además se refuerza con los Tratados Bilaterales de Inversión que implicaron la pérdida de la jurisdicción nacional a manos del tribunal internacional Caidi-Banco Mundial, se ha empezado a evaluar, aunque en forma incipiente, la participación del Estado, nacional y provincial, a través de empresas públicas en emprendimientos mineros. De esa forma, parte de la renta extraordinaria minera podría ser apropiada por toda la sociedad.

En esa misma línea, el Gobierno podría alentar en el Congreso la modificación del esquema regulatorio de la minería, aunque todavía no ha manifestado esa voluntad política. Esos cambios legislativos no alterarían los proyectos en curso por la existencia de derechos adquiridos, pero establecerían, para futuros emprendimientos, normas equilibradas entre el interés privado y el desarrollo nacional. Como la renta minera es generosa, en un contexto internacional de alza estructural de los precios de esas materias primas, las corporaciones mineras primero rechazarían esos cambios alertando por una caída de las inversiones, pero se sabe por otros antecedentes, pasados y recientes, que finalmente las realizarán –incluso asociadas con el Estado– por las abundantes riquezas escondidas en cerros y montañas.

Desde que se inició la minería en gran escala hace poco más de quince años, la actividad tuvo un crecimiento exponencial. Hay actualmente doce grandes proyectos en operación, tres en construcción y 340 “prospectos” en diversas etapas de desarrollo para extraer diversos minerales. Entre 1998 y 2009, la participación de la minería en el PBI saltó del 1,5 al 4,5 por ciento. Podría alcanzar el 6,0 por ciento cuando dentro de poco entre en funcionamiento el gigante Pascua-Lama, un emprendimiento binacional argentino-chileno en San Juan que tiene reservas de 18 millones de onzas de oro, de acuerdo a la información difundida a la prensa.

La secretaria de Minería de la Nación estima que existen 2,3 millones de kilómetros cuadrados con potencial geológico apto para el desarrollo minero. El tipo de explotación de recursos naturales, su destino y la forma de apropiación de sus rentas extraordinarias son cuestiones clave del desarrollo. Del mismo modo que la tierra forma parte del bien común de toda la sociedad, los minerales ocultos que contiene la cordillera también son riquezas que forman parte del patrimonio colectivo. Esto implica que la intervención de las multinacionales en ambas actividades (minería y agro) no tiene diferencias porque el patrón extractivo es similar. En clave medioambiental, el cianuro y el glifosato aplicados sin controles y en forma desaprensiva provocan daños irreparables. Y en términos económicos, la necesidad de avanzar sobre la renta minera es tan relevante como la captura social a través del Estado de la renta sojera mediante retenciones. Por eso en este debate resulta orientador encontrar respuestas a lo siguiente: ¿cuál es la tasa de ganancia “normal” en esas explotaciones?; ¿shocks extraodinarios que disparan al alza el precio del mineral extraído no cambian las condiciones de la explotación fijadas por el Estado?; ¿cuál es el beneficio para la sociedad de poseer una inmensa riqueza natural, de cuyos frutos disfruta muy poco y sólo los recibe vía impuestos y empleos?; ¿cuál es la prudente estrategia financiera y de acumulación de reservas de un país con ricas áreas mineras donde se esconden abundantes reservas de oro?

Avanzar sobre esos interrogantes profundizaría el actual debate de la minería, para empezar a cuestionar el modelo de “economía de enclave”, que cuando agota el recurso natural es abandonada con consecuencias sociales y laborales. Ese patrón extractivo se supera cuando se diseñan políticas que incorporan a ese esquema productivo la elaboración local de las materias primas. En el caso de la minería, sería la etapa de procesamiento de los metales en refinerías. Esto exige fuertes desembolsos de dólares y mayores escalas, con demanda de trabajo de calidad al necesitar ingenieros, técnicos, investigadores. La tarea es construir los eslabonamientos necesarios entre recursos naturales, manufacturas y servicios. Incentivar así la innovación científico-técnica en cada uno articulándolos en torno de conglomerados productivos, incorporando a las pequeñas y medianas empresas, de modo que el impulso exportador refuerce la capacidad de arrastre sobre el resto de la economía y que los resultados de ese crecimiento se distribuyan con mayor igualdad. Este es el gran desafío de la actividad minera, como el de otras industrias extractivas, para ser parte del desarrollo nacional y no sólo un gran negocio para multinacionales.

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