El Gobierno no sólo debe convencer al Congreso de las ventajas que supone el blanqueo de dólares sino también al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Página/12 pudo averiguar que la estrategia oficial ante el organismo intergubernamental que combate el lavado de dinero buscará dejar en claro que la medida sólo perdona delitos tributarios, al tiempo que reducirá el riesgo sistémico que generan los flujos financieros no declarados. Además, se remarcará que Estados Unidos, España, México, Portugal e Italia aplicaron amnistías similares en los últimos años.

- Los riesgos. En febrero de 2012, el GAFI actualizó sus 40 recomendaciones en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Allí estableció como primera recomendación que los países identifiquen y evalúen los riesgos a los que se enfrentan en esa materia. Luego publicó una guía para orientarlos que se complementa con las asistencias técnicas de los organismos multilaterales de crédito. El diseño es ideal para la burocracia del FMI y el Banco Mundial, que consumen crecientes recursos en la elaboración de informes donde identifican riesgos y les dicen a los países lo que tienen que hacer para enfrentarlos. En el caso del FMI, las asistencias técnicas representan una cuarta parte de su presupuesto operativo.

Argentina acepta las recomendaciones del GAFI, pero dado que la guía del organismo no establece acciones específicas de cumplimiento obligado, ya dejó en claro que no va a delegarle la identificación de esos riesgos al FMI porque considera que ésa es una tarea soberana de cada país. En este contexto, lo que hará el Gobierno ante el GAFI para defender el blanqueo será destacar las tareas llevadas adelante durante los últimos tres años para revertir las deficiencias en el sistema de prevención y control y al mismo tiempo señalará que el objetivo principal en esta nueva etapa es mitigar los riesgos que generan los flujos financieros. El paso siguiente será presentar el stock y el flujo de dinero negro como un riesgo sistémico y la oferta para blanquearlo como un intento de solución.

Desde esta perspectiva, los fondos que se sumen a financiar la infraestructura nacional dejarán de ser una amenaza para la economía. Además, se aclara que el sistema preventivo realizará un seguimiento sobre esos fondos ante la eventualidad de que se filtre dinero de narcotráfico, terrorismo, tráfico de armas, trata de personas o cualquier actividad encuadrada como delito procedente del lavado en el artículo 303 del Código Penal. Esto es posible porque el único delito que condona este blanqueo es la evasión fiscal.

Para demostrar que la promesa de seguimiento no es sólo discursiva, la Unidad de Información Financiera, que comanda José Sbattella, expondrá ante el GAFI los delitos penales vinculados al lavado que se identificaron a partir del último blanqueo. De hecho, los fondos que ingresaron al sistema formal en esa ocasión dieron lugar a la elaboración de 631 Reportes de Operaciones Sospechas. De ese total, 52 fueron elevados al Ministerio Público Fiscal para que se avance en la investigación penal, 21 se archivaron y otros 558 continúan en proceso de seguimiento. Esto es posible porque si la UIF estima que los fondos blanqueados por una persona o empresa no son posibles de justificar a partir de la evasión en una determinada actividad legal, automáticamente inicia una investigación para determinar su origen.

- Antecedentes. La UIF también buscará justificar el blanqueo ante el GAFI reseñando las amnistías fiscales que aplicaron otros países:

- Estados Unidos. Lanza programas de blanqueo periódicamente impulsados por el Servicio de Impuestos Internos. Los últimos tres fueron en 2009, 2011 y 2012. Los procedimientos implicaron reducciones de multas, eximición de acciones penales y facilidades para el cumplimiento de las obligaciones.

- España. En marzo de 2012 aprobó un proceso especial de regularización tributaria. Allí se estableció que los evasores no podrán ser sancionados ni acusados de un delito por los bienes declarados a partir del blanqueo. La regularización no sólo benefició a los capitales en cuentas en el extranjero sino también al dinero negro oculto en España que se pudo blanquear previo el pago del 10 por ciento de las rentas no declaradas y no prescriptas (en el caso de las empresas fue el 8 por ciento).

- México. Desde 1989 impulsó seis amnistías fiscales (1989, 1990, 1995, 2005, 2009 y 2013). En todas se argumentó que la medida serviría para repatriar capitales, regularizar contribuyentes y mejorar las arcas fiscales. La última amnistía está dirigida a los que evadieron el pago de créditos fiscales por contribuciones federales y recargos y multas derivadas de esos créditos entre enero de 2007 y diciembre de 2012. En el caso de los créditos, se condona el 80 por ciento y en el de multas, el ciento por ciento. El Gobierno espera recaudar 40 mil millones de dólares.

- Portugal. El Estado implementó en los últimos ocho años tres ediciones de su Régimen Excepcional de Regularización Tributaria (2005, 2010 y 2012). En el último estableció una tasa del 7,5 por ciento a los activos blanqueados y eximió de obligaciones tributarias y de penalidades a quienes participaron. Este blanqueo se realizó en conjunto con la firma de acuerdos de intercambio de información fiscal con una serie de países, entre los que se encuentran Suiza, Luxemburgo, Islas Caimán, Panamá, Gibraltar o Singapur. El Estado recaudó un total de 258,4 millones de euros con este programa, correspondientes a 3400 millones de euros que estaban colocados en el extranjero.

- Italia. El gobierno de Silvio Berlusconi impulsó en 2009 una Ley de amnistía fiscal con el objetivo de reducir el déficit. Estuvo destinada a quienes tenían capital oculto en paraísos fiscales y ofreció eximir de delitos fiscales a quienes compraran deuda soberana. Se estima que a partir del blanqueo ingresaron al país unos 95 mil millones de euros. Antes hubo otros dos blanqueos, en 2001 y 2003.

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