El Gobierno negó que el conflicto judicial con los fondos buitre pueda afectar el esquema de financiamiento proveniente de China para la construcción de las represas de Santa Cruz. “Entre octubre y noviembre llegará el primer desembolso por unos 500 millones de dólares”, afirmaron ayer a Página/12 voceros de Electroingeniería, empresa que integra el consorcio a cargo de la obra, cuyo costo total roza los cinco mil millones de dólares. El acuerdo de crédito se oficializó a mediados de julio, después de que se conociera la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de no tomar el caso argentino, que abrió el conflicto actual con el juez Thomas Griesa y el bloqueo al cobro del vencimiento del Discount a los bonistas que aceptaron la reestructuración de la deuda.

La controversia surgió a partir de una nota del diario La Nación que plantea que el contrato que regula el financiamiento de China para las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic incluye cláusulas por las cuales una situación de default puede afectar el esquema de financiamiento previsto.

La aprobación del contrato de crédito fue publicada a través del decreto 1091, el 17 de julio pasado. Allí se define que el consorcio integrado por Electroingeniería, China Gezhouba Group e Hidrocuyo ejecutarán la obra de las represas, valuada en 4714 millones de dólares, en cinco años y medio. El artículo 7 del anexo de esa norma, de “Declaraciones, compromisos y casos de incumplimiento”, establece en qué situaciones se puede considerar que alguna de las partes puede generar una violación del contrato.

El punto 18.13 de ese artículo advierte que “no se ha iniciado o se encuentra inminente contra la Argentina ningún litigio salvo las acciones presentadas por los tenedores de títulos de deuda de la reestructuración de 2005, 2010 y bonos no canjeados, b) las acciones relacionadas con créditos no pagados otorgados por países del Club de París y c) procesos de arbitraje presentados contra Argentina ante el Ciadi”. “El contrato refiere como incumplimientos a litigios que pueda tener nuestro país a excepción de los fondos buitre, el Club de París y los juicios en el Ciadi”, reafirmaron ayer desde el Ministerio de Planificación.

El punto 21 del artículo 7, de “Casos de incumplimiento”, advierte que “cualquier hecho o condición que resulta en la aceleración del vencimiento de cualquier deuda externa pública o si la Argentina deja de efectuar cualquier pago de capital o interés cuando sea exigible o declara una moratoria o suspensión de pagos en cualquier porción de su deuda externa pública” será considerado “incumplimiento cruzado”. Según Planificación, esa situación está salvada de los litigios actuales del punto 18.13. Otras fuentes del Gobierno agregan que el revés judicial e incluso el bloqueo de parte de Griesa al cobro de los títulos por parte de los bonistas del canje ya se conocía cuando se firmó el contrato con los chinos. Desde Electroingeniería adelantaron que en “octubre o noviembre se recibirá el primer desembolso, de unos 500 millones de dólares”.