ECONOMíA

Se largó la ronda de ablandar a los grupos de acreedores defolteados

Habrá tres ruedas con los más de veinte grupos de bonistas locales y extranjeros. Ayer fue el turno de las AFJP e inversores particulares. Economía reiteró que tienen que inscribirse en un registro, condición que se había archivado para cerrar con el FMI.

 Por David Cufré

El Gobierno empezó a cumplir ayer con una de las demandas del FMI: escuchar a los acreedores. El Ministerio de Economía fue escenario de tres reuniones con representantes de los bonistas locales. La primera fue con la Unión de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (Uafjp), adonde están agrupadas todas las empresas del sector menos la AFJP del Banco Nación, que ya resolvió sus problemas hace tiempo. Las otras dos sesiones fueron con las asociaciones de bonistas particulares. La ronda de consultas finalizará el 16 de abril e incluirá a varios grupos extranjeros. Los secretarios de Finanzas, Guillermo Nielsen, y de Coordinación, Leonardo Madcur, anunciaron que después de esa fecha se iniciará una segunda vuelta de contactos y, tras ella, una tercera. El plan es que luego de ese proceso se presente la oferta definitiva de reestructuración de la deuda, hacia fines de mayo o principios de junio.
Los encuentros marcaron el inicio formal de las negociaciones. Lo más sustancial fue que cada grupo de acreedores defolteados expresó su posición y sus demandas. Economía hizo lo mismo. En particular, redobló la apuesta al FMI y a las asociaciones de acreedores extranjeros –especialmente al Comité Global de Nicola Stock– al exigir que todos los bonistas se anoten en un registro. El organismo de crédito había considerado esa solicitud como una maniobra dilatoria, que demostraba la falta de “buena fe” del Gobierno para negociar. La respuesta oficial fue que ese registro es necesario para corroborar si los que dicen ser representantes de tenedores de títulos efectivamente lo son.
Sin embargo, Lavagna parecía haber dejado de lado la idea para facilitar la segunda aprobación de las metas del acuerdo con el Fondo. Pero ayer Economía volvió a la carga. “Anotarse en el registro es una condición sine qua non para ser reconocido como grupo de acreedores y para continuar en la mesa de negociación”, sostuvo Nielsen durante la reunión con la Asociación de Ahorristas de la República Argentina (AARA). Después lo repitió ante los delegados de la Asociación de Damnificados por la Pesificación y el Default (Adapd).
El objetivo de Economía es dejar en evidencia que el Comité Global es un grupo de lobbystas que pretende disimular la responsabilidad de los bancos de inversión que vendieron bonos argentinos a fondos de pensión y jubilados de distintos países. Una de las asociaciones de acreedores locales apoya esa posición del Gobierno. “Si Nicola Stock está buscando una pata argentina es porque no debe representar a tantos bonistas italianos como dice”, reflexionó un miembro de esa entidad en diálogo con Página/12. Stock está procurando conformar un bloque común con acreedores italianos y argentinos, supuestamente para ejercer mayor presión.
En relación con los acreedores locales, el Gobierno resolvió dividir las negociaciones: por un lado, lo hará con las AFJP, que detentan títulos por unos 14.000 millones de dólares y, por otro, con los bonistas particulares, que tienen unos 13.000 millones. Las tres entidades que fueron ayer destacaron una mejora en el diálogo y una actitud más “constructiva” por parte del Gobierno.
El planteo de las AFJP fue que necesitan bonos que eviten computar una fuerte quita nominal de sus tenencias en bonos. Salvo la AFJP Nación, que aceptó canjear los préstamos garantizados por títulos públicos a 1,40 más CER y con ello salió del default (el último mes se pasaron 6000 personas a esa compañía, buscando escapar a las pérdidas que sufrirán el resto de las administradoras), las demás empresas tienen invertido casi el 80 por ciento del dinero de sus afiliados en bonos en default. El argumento de la Uafjp fue que los futuros jubilados no pueden sufrir una quita tan fuerte en sus ahorros. Su pedido fue que se les entregue un bono en pesos, indexado por CER y garantizado por la recaudación impositiva. Sería el bono par a 42 años.
Carlos Báez Silva, abogado de AARA, señaló que la propuesta de la entidad fue que se reconozca el valor de compra de los bonos y no su valornominal, a fin de separar de la negociación a los fondos buitre. Y después de eso, estructurar el canje en base a siete bonos a pagar en pesos.

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Guillermo Nielsen, secretario de Finanzas, comenzó el diálogo con los grupos de acreedores.
 
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