ECONOMíA › LOS DESAFIOS DE LA RENEGOCIACION

Uniren en su laberinto

 Por Cledis Candelaresi

La eventual partida de Roberto Lavagna de la Unidad de Renegociación amenaza dejar en ascuas el trabajo que hoy realiza una cuarentena de técnicos, la mayor parte de ellos contratados del Ministerio de Economía. Desafiando el riesgo de un eventual desmantelamiento, Julio De Vido ayer insistió en que cumplirá a rajatabla el decreto 311, que hace poco más de un año creó aquel cuerpo de trabajo, aunque bajo la órbita conjunta de las dos carteras y encomendándole una pesada agenda de metas aún incumplidas. Bien sea una Uniren remozada o los entes reguladores, como herederos de sus competencias, la tarea pendiente es un desafío mayor para quien finalmente la asuma como máximo responsable.
Desde el punto de vista operativo, el decreto que en julio del 2003 reemplazó la Comisión Renegociadora por la Unidad no introdujo demasiados cambios, según aseguran sus técnicos. Pero extendió su temario añadiendo las renegociaciones nada menos que de Correos (privatización finalmente rescindida) y Aeropuertos, al tiempo que habría forzado a hacer análisis integrales para rastrear la suerte de cada contrato desde sus orígenes.
Esta misión –que según se excusan algunos de sus técnicos habría demorado más el inicio de las discusiones con las empresas– se cumplió sólo en algunas áreas a través de extensos informes. Entre ellos, el texto de trescientas páginas donde se detalla el derrotero de las privatizaciones energéticas concluyendo que, en líneas generales, las adjudicatarias “cumplieron con sus obligaciones de inversión”, aunque no hicieron lo propio con sus tareas los entes encargados de fiscalizarlas.
Ni De Vido ni Lavagna habrían objetado esas conclusiones. Sin embargo, esto no evitó el actual estancamiento de las negociaciones con esas privatizadas, después que la Unidad les acercara las propuestas del gobierno. La Uniren propuso a las transportistas de gas y electricidad ajustes tarifarios en torno del 25 por ciento promedio, contra subas de entre el 60 y el 90 por ciento pretendidas por ellas, que rechazaron con dureza la iniciativa oficial aunque siguieron conversando. El testeo “informal” con las distribuidoras de electricidad amplió esa brecha y promovió idéntica repulsa: el 20 por ciento de ajuste inmediato más la promesa de una revisión tarifaria periódica que respetara sus costos no resultó muy atractivo para las operadoras.
Lejos de hacerse a costa de algunos de los dos ministros, esos planteos se hicieron con el aval común y respetando la “lógica oficial”: autorizar un aumento, permitir luego periódicas revisiones tarifarias, pero exigiendo la renuncia de las demandas planteadas ante el Ciadi y no reconociendo las pérdidas que les habría generado la devaluación. Gustavo Simionoff, secretario ejecutivo de la Uniren, refrenda las pocas propuestas formuladas con el aval del alterno de Lavagna, Eduardo Pérez, y el de De Vido, Lisandro Salas, nexos entre las instancias técnicas y políticas.
Quizás más perturbador que las posibles discrepancias entre Economía y Planificación para el trabajo cotidiano de la Unidad resultó la irrupción de un marco regulatorio general que De Vido giró semanas atrás al Congreso. La Uniren no tuvo participación alguna en su génesis, a pesar de que el decreto que la crea le asigna expresamente la tarea de redactarlo. La molestia no resultó menor, empezando porque las discusiones con las empresas quedaron condicionadas no sólo a la aprobación parlamentaria de aquella iniciativa, sino al posterior ajuste de cada marco regulatorio sectorial, tarea para la cual los legisladores dispondrán de un año.
Pero también porque el texto de aquel proyecto introduce algunos cambios de criterio. La Uniren, por ejemplo, estaba dispuesta a reconocerles a las distribuidoras eléctricas la posibilidad de trasladar al precio final íntegro cualquier aumento en el costo de la energía. El marco general, sin embargo, sólo lo permitiría en casos “significativos”.Sobre más de sesenta contratos en revisión, hoy queda casi todo pendiente, incluyendo lastres como la millonaria discusión entre el Estado y los anteriores concesionarios de rutas por peaje.

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