ECONOMíA › ACUERDO CON EMPRESARIOS Y CGT PARA UN AUMENTO DE 100 PESOS

Para flotar y no morir en el intento

Concebido como ayuda alimentaria, no sería remunerativo y regirá entre julio y diciembre.
Resistencia de sectores empresarios.

 Por Cledis Candelaresi

El Gobierno, la CGT que comanda Rodolfo Daer y varias entidades empresarias lideradas por la Unión Industrial Argentina acordaron ayer beneficiar a los trabajadores del sector privado con un aumento “no remunerativo” y “excepcional” de 100 pesos que regirá entre julio y diciembre de este año. El verdadero alcance de esta mejora provisoria será precisado por un inminente decreto de necesidad y urgencia que Eduardo Duhalde firmará en los próximos días luego de resolver, entre otras cuestiones, cómo hacer compulsivo ese incremento y a qué segmento de los asalariados bendecirá. Aunque con distinto grado de convicción, industriales, comerciantes y banqueros intentaron encolumnarse tras esta decisión que también lleva agua para su propio molino, demorando la apertura de las inquietantes paritarias.
El anuncio fue realizado luego de una reunión en el Ministerio de Trabajo de la que participaron representantes de la UIA, la CGE, la Cámara Argentina de Comercio y los banqueros de ABA y Abappra, entre otras entidades. Antes de este encuentro, los representantes patronales intentaron consensuar un aumento que sólo admiten provisoriamente y en condición de “ayuda alimentaria”, concedida en atención a la excepcional crisis que vive el país.
Esta vez, los empresarios dejaron de lado su principio de tratar modificaciones globales de salarios sólo en el marco de convenciones colectivas. Pero bajo la amenaza de que la protesta social haga ingobernable el país y pulverice definitivamente el clima de negocios o, simplemente, que la presión salarial dé lugar a paros en cadena, los hombres de empresa terminaron aceptando la propuesta que formularon el Gobierno y la CGT.
En la propia UIA el consenso fue trabajoso. Hasta la reunión de junta directiva que se realizó el lunes, nada menos que el grupo Techint se oponía a avalar cualquier medida de carácter general, con el argumento de que hay que propiciar la discusión por rama de actividad o empresa. Finalmente, Sergio Einaudi, uno de los directivos del holding de los Rocca, llevó a aquel cónclave de la central fabril un cambio de postura.
La Cámara Argentina de Comercio mantuvo sus reparos hasta ayer mismo, ya que sostiene que sólo habría condiciones para conceder la mejora si el Gobierno admitiera que se tome a cuenta de algún impuesto, es decir, si a ese provisorio aumento lo pagara el Estado. La Confederación General Económica, que se sumó a último momento al debate, intentó sin éxito imponer un tope salarial de 1200 pesos para limitar el alcance de la subvención de 100 pesos. La idea no es bien vista por el resto de los empresarios, pero quizás sea considerada por el Gobierno en el momento de redactar el decreto de necesidad y urgencia.
Los banqueros tuvieron un bajo perfil, aunque habrían optado por no autoexcluirse. “Siempre nos ajustamos a las normas y esta vez también lo haremos”, fue la escueta posición oficial de Abappra, la entidad que aglutina a la banca nacional. Sin embargo, hasta anoche no había una idea muy precisa acerca de cómo podrían comportarse individualmente las entidades ni de cuál sería la posición de los bancos agrupados en ABA, más renuentes a acompañar al Gobierno en sus iniciativas.
Según admitió ante Página/12 uno de los empresarios con protagónica participación en estas discusiones, los 100 pesos son la única alternativa de evitar la inmediata apertura de paritarias en todos los sectores. Los gremios patronales tratan de esquivar medidas generales, básicamente porque consideran que si bien las actividades ligadas a la exportación pueden permitirse un gesto de generosidad hacia sus empleados, el resto de los sectores enfrentan grandes dificultades para hacer lo propio.
¿Qué sucede si alguna empresa se niega a otorgar esta mejora? Difícilmente el Gobierno encuentre el modo de hacer compulsiva la suba temporaria de salarios. Los industriales, por ahora, ya tienen a mano su argumento de defensa: “En un país sin crédito, donde no existe el sistemafinanciero, ¿quién puede obligar a una empresa que no tiene dinero a que suba sueldos?”, se preguntaba ante este diario un lúcido dirigente fabril.

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Dirigentes gremiales y empresarios en torno a la ministra de Trabajo, Graciela Camaño.
Con diferencias internas, la dirigencia empresaria ve preferible el subsidio a discutir paritarias.
 
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