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Un grupo de juristas y profesionales de distintos ámbitos inició una campaña para que se investigue la legitimidad de la deuda argentina. Distintas asociaciones y partidos de izquierda han hecho trabajos semejantes en el pasado, sin conseguir que fueran atendidos por los gobiernos. Ahora, en medio de una crisis devastadora que se extiende por la región, el tema es retomado con fuerza desde la academia. El decano de la Facultad de Derecho de la UBA, Atilio Alterini, es uno de los principales promotores de la acción. Llegó al tema luego de presenciar una mesa redonda en su facultad, de la que participaron Miguel Angel Espeche Gil, Alfredo Eric Calcagno, Alberto Biagosch y Alberto González Arzac. Se interesó tanto con la propuesta, consistente en que el Congreso apruebe una ley para que el Poder Ejecutivo lleve el tema de la deuda al Tribunal de Justicia de La Haya, que empezó a impulsarlo y ya consiguió un alud de adhesiones. Entre otras, de todos los decanos de las facultades de derecho nacionales. El punto básico es que la deuda es ilegítima y que no se puede pagar pasando por arriba de los derechos humanos.
En una entrevista con Página/12, Alterini comenzó contando que “hay un grupo de juristas europeos, sobre todo italianos, que desde la década del ‘80 viene advirtiendo que la deuda latinoamericana está a contrapelo de los principios generales del derecho, que son los que condenan la falta de buena fe, el abuso de posición dominante, el enriquecimiento sin causa y la usura. La usura está condenada internacionalmente desde siempre, en todas las culturas, en todos los sistemas jurídicos. Nosotros estamos padeciendo usura. Hemos aceptado tasas impagables”.
–¿Por qué los países de América latina toleraron pasivamente esa situación que desembocó en las crisis que estamos padeciendo ahora?
–Es realmente sorprendente. Hasta ahora parecía que nos defendían más afuera de lo que lo hacíamos nosotros mismos. Por ejemplo, el Parlamento italiano aprobó hace dos años una ley que impulsa una investigación en la Corte de Justicia de La Haya sobre la legitimidad de la deuda de los países de América latina. Ellos dijeron por unanimidad que la deuda es injusta. Aquí hemos estado aletargados. La consigna fue: “Debo, entonces tengo que pagar”. Y la pregunta es: “¿Debo?” Y si debo: “¿Cuánto debo?” Una vez que eso se determine, entonces hay que pagar. Pero siempre que el pago no le cueste la vida a una generación o a un país.
–¿Hay antecedentes de países de la región que hayan planteado la ilegitimidad de su deuda ante tribunales internacionales?
–El único es el de República Dominicana, que inició trámites en ese sentido en 1989, pero después no los siguió.
–¿Cuáles son los argumentos para sostener que la deuda argentina es ilegítima?
–Un argumento central es que nos han cobrado intereses excesivos. La deuda contraída en los años ‘70 pagaba 6 por ciento de interés anual. En 1980, la Reserva Federal (banca central de Estados Unidos) la elevó unilateralmente al 22 por ciento. Aunque las cláusulas de los acuerdos de colocación de deuda le permitían hacer ajustes en los intereses, debía hacerlo con criterio. No tiene ningún sentido que casi la cuadruplicara. Según cuentas de Calcagno, si la tasa hubiera seguido en 6 por ciento, los pagos que hizo Argentina hubieran alcanzado para cancelar la deuda en 1988. Nuestra conclusión es que hay 14 años de pago de intereses sin causa. Todo esto hay que someterlo a un tribunal internacional. La Corte de la Haya es el más prestigioso de ellos.
–¿El acreedor tiene que asumir su responsabilidad por esas tasas?
–Las responsabilidades son compartidas. No puede echársele la culpa sólo al acreedor, que sin duda la tiene. El deudor tampoco debió consentir cláusulas tan duras para los intereses del país. Pero hay una situación básica. Si un deudor está en estado de necesidad, el acreedor no puede aprovecharse de ello. El derecho general descalifica la toma de ventajasindebidas. Ese es otro de los argumentos que podemos utilizar en una presentación ante un tribunal, porque es claro que hay acreedores que han abusado de su posición dominante.
–¿Por qué ustedes toman este tema ahora, cuando la legitimidad de la deuda se discute desde hace veinte años?
–Quizás el estado de desesperación aguza el ingenio. Y porque resolver este tema es un prerrequisito para atender una cuestión mayor, que es la necesidad de refundar la Argentina con un nuevo pacto social. El pacto de 1853 está agotado. Hay sectores que han tomado ventajas y otros que han perdido. Entre todos debemos repensar el país.
–¿La propuesta se convirtió en un proyecto de ley?
–Desde 1983 a la fecha hubo 230 proyectos legislativos para investigar la legitimidad de la deuda. Todos quedaron en la nada. Ahora los senadores Malvina Seguí (PJ) y Rodolfo Terragno (UCR) copiaron nuestra presentación y le dieron carácter de proyecto de ley.