Bajo los efectos del caso Skanska, el interventor del Enargas, Juan Carlos Pezoa, creó una Unidad de Coordinación orientada a ajustar los controles sobre los fideicomisos creados para financiar obras públicas de transporte y distribución del gas. El área tendrá a cargo la fiscalización de los proyectos, de principio a fin, y supervisará las contrataciones que se hagan en cada caso. Cuenta con noventa días para proponer un sistema de seguimiento de los valores económicos de las obras de inversión.

El Ente Nacional Regulador del Gas fue intervenido en mayo por el Gobierno. Ocurrió en cuanto el entonces titular del organismo, el santacruceño Fulvio Madaro, fue citado a indagatoria por el juez federal Guillermo Montenegro, que lo consideró sospechoso de cobrar coimas y favorecer sobreprecios en la construcción de los gasoductos Norte y Sur. También fue expulsado Néstor Ulloa, quien, como gerente de Nación Fideicomisos, administraba los fondos destinados a solventar ambas obras. La propia empresa Skanska –una de las favorecidas en la licitación para la ejecución de los proyectos– admitió el pago de “comisiones indebidas”. Aunque el Gobierno en un comienzo se empeñó en mostrar que el caso Skanska era un problema de corrupción entre privados, no tardó en emerger un dato sustancial: había fondos públicos en juego. Hasta la sucesora de Ulloa en el fideicomiso del Banco Nación, Malvina Seguí, admitió en un informe ante el juez Montenegro que se había utilizado dinero público para financiar las obras de los gasoductos Norte y Sur. Aun los aportes de empresas privadas gozan, en este esquema, de garantía estatal.

Los fondos fiduciarios en el ámbito público datan de 1995, pleno menemismo, pero se consolidaron con el actual gobierno. Son cuentas en las que se coloca dinero para un fin específico. En esta línea, en febrero de 2004 se inauguró esta modalidad alternativa de financiamiento como parte del Programa de ampliación de la capacidad de transporte y distribución de gas natural, a cargo de la Secretaría de Energía, que conduce Daniel Cameron. El Enargas era el que debía controlar las obras.

Ahora, dentro del ente, habrá una Unidad de Coordinación de Fideicomisos, que pretende poner en práctica aquellos controles que fallaron en el caso Skanska. En rigor, el fiscal Carlos Stornelli sospecha que no es el único y, en una investigación preliminar, analiza por lo menos otros 11 fideicomisos. Este expediente podría comprometer a buena parte de la obra pública nacional. Stornelli ya denunció, además, irregularidades en el Patagónico.

De acuerdo con el sistema vigente, por cada obra pública proyectada se crea un fideicomiso, que se nutre de los aportes de empresas privadas. Por ejemplo, en el caso del gasoducto Norte hubo aportes de YPF, Ledesma y Citrusvil y en el gasoducto Sur, de Petrobras, Panamerican Energy y Wintershall. También los hubo del Banco de Desarrollo de Brasil (Bndes) y del Banco Nación. Para recuperar lo invertido en este tipo de casos, el Gobierno creó los llamados “cargos específicos”, una carga adicional del 70 por ciento que se les cobra a los grandes consumidores de gas.

Algunos dirigentes de la oposición, como Claudio Lozano, plantean que el régimen vigente de fideicomisos permite eludir controles claves como la Auditoría General, la Sigen y el Congreso. Lo mismo dice un trabajo del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (Ciepp), donde revistan algunos dirigentes del ARI, que señala a los fondos fiduciarios como “una continuidad del oscuro proceso de privatización de áreas de servicios públicos”.

La nueva Unidad tendrá la misión de informar el estado de situación de los fideicomisos. Según la resolución que la crea, publicada ayer en el boletín oficial, en los próximos 90 días deberá formular al interventor una propuesta para realizar el “análisis y seguimiento” de los valores económicos de los proyectos. La Unidad deberá seguir de cerca todas las acciones del Enargas en cada uno de los Fideicomisos Financieros en el marco del Programa de obras de ampliación para transporte de gas. Por ahora, lo que se vislumbra es que los controles en puerta no serán externos, sino que se harán desde adentro.