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La ilusión del Gobierno de llegar a un acuerdo con el FMI en el corto plazo hace días que desapareció. El nuevo escenario quedó oficialmente planteado con las lapidarias declaraciones que hizo ayer desde Washington el portavoz del organismo, Thomas Dawson. PRSEPLX810.PRS hay una amplia gama de asuntos que resolver”, arrancó, para luego argumentar que “la falta de consenso político (en Argentina) sobre el camino a recorrer” y la inexistencia de “reglas de juego claras” bloquean los caminos a un entendimiento. “No están dadas las condiciones políticas ni para fijar una agenda de negociaciones”, enfatizó.
Lo más grave para la administración Duhalde, sin embargo, no fueron esas afirmaciones, que ya descontaba, sino la última información que pudo recoger desde Washington. Uno de los temas centrales que debate la cúpula del FMI por estos días es la postura que debe asumir el organismo respecto a la Argentina. La discusión es entre dos grupos. De un lado se encuentran los representantes europeos en el directorio, respaldados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que sugieren seguir dilatando las negociaciones hasta diciembre. Contra lo que podría imaginarse, eso es lo mejor que podría pasar para el Gobierno de acuerdo a como están dadas las cosas. Del otro lado se ubican Horst Köhler y Anne Krueger, números uno y dos del Fondo, respectivamente, con una postura “radical”: dar por terminadas las negociaciones y retomar el diálogo recién cuando asuma un nuevo presidente.
Roberto Lavagna recibió ese informe del delegado permanente de Argentina en el Fondo, Guillermo Zocalli, mientras que el embajador en Estados Unidos, Diego Guelar, completó el panorama. Ambas líneas internas en la conducción del Fondo coinciden en la evaluación general de lo que ocurre en Argentina. Los elementos fundamentales de esa visión los expuso ayer Dawson. En síntesis, afirman que el Gobierno es incapaz de controlar una gran cantidad de variables sustanciales, en un marco de absoluta imprevisibilidad por lo que puedan hacer los poderes Legislativo y Judicial. Por ejemplo, señalan que el Ministerio de Economía y el Banco Central pueden tener las mejores intenciones para elaborar un programa monetario consistente, acorde con lo que reclaman los técnicos del organismo, pero todo el plan puede naufragar por la decisión de los jueces, al otorgar amparos a los ahorristas que quedaron en el corralito.
Otros hechos puntuales que mencionan en el FMI son el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional el recorte en los salarios de empleados públicos y jubilados, y las leyes que votó el Congreso suspendiendo la aplicación del CER y la posibilidad de ejecutar a los deudores morosos. Esos hechos de los últimos días, que conspirarían contra la solidez fiscal y las normas de funcionamiento que necesita el sistema financiero, los enmarcan en un contexto de grave crisis institucional. La conclusión es que Duhalde –en quien tampoco confían– tiene una parte del poder, pero no puede garantizar que otros actores respeten las condiciones de un eventual acuerdo. A todo ello, se agrega un muy inestable clima político por la falta de resolución de las internas partidarias, sobre todo en el peronismo.
Frente a ese diagnóstico, el directorio recomienda seguir hasta diciembre la estrategia de dilación de las negociaciones. Se debería seguir como hasta ahora: enviar una misión técnica tras otra, repetir un discurso ambiguo, asegurando que hubo avances pero que todavía no es suficiente para firmar un acuerdo y, mientras tanto, ir planteando exigencias puntuales, como ocurrió hasta ahora, con múltiples reclamos, de los que la derogación de la Ley de Subversión Económica y la modificación a la Ley de Quiebras son los últimos ejemplos.
El Departamento del Tesoro que comanda Paul O’Neill apoya esa idea, y la sustenta en que si el Fondo rompiera relaciones daría lugar a “una fiesta populista” en la Argentina, de acuerdo al lenguaje que utilizan enWashington. Si bajo la presión de hacer buena letra con el FMI ocurren tantas cosas objetables, afirman O’Neill y los directores, sin esa tutela Duhalde mostraría su peor cara. El argumento niega absolutamente cualquier cuota de responsabilidad del Fondo por la situación que atraviesa la Argentina, que llegó adonde llegó después de haber sido catalogada como el mejor alumno en el cumplimiento de sus recetas.
Como sea, ese sector, más político, postula seguir negociando hasta diciembre, cuando deberían sumarse al diálogo los dos o tres candidatos a presidente con más chances electorales, a fin de que se comprometan a cumplir con las metas que se pacten en caso de llegar al poder.
La gerencia del FMI, encabezada por Köhler y Krueger, rechaza la visión “pragmática” del directorio y el Tesoro y avanza con una propuesta “radical”, de acuerdo a los términos que Zocalli le transmitió a Lavagna. Con la misma lectura sobre la crisis argentina que se describió más arriba, los máximos responsables del organismo concluyen que no tiene sentido seguir prolongando la agonía de este Gobierno y que es conveniente sincerar la situación, anunciando formalmente la ruptura de las negociaciones. La mayor parte de los vencimientos con el FMI son refinanciables automáticamente por un año, por lo que la Argentina no caería en default con el organismo. En cambio, debería desembolsar 2000 millones de dólares de las reservas para cumplir con el Banco Mundial, el BID y con algunos préstamos no renovables con el FMI. En Economía aseguran que podrán hacerlo y al mismo tiempo mantener la estabilidad financiera y del dólar, rogando que en diciembre se pueda llegar al acuerdo que, a esa altura, ya se estará pidiendo por todo un año.