El abogado coordinador del frente de profesionales del Movimiento Evita, Javier Ortega, presentó una demanda para solicitar que la Justica Federal en lo Contencioso Administrativo declare que la sentencia del juez de Nueva York, Thomas Griesa, no tiene validez legal en el territorio argentino. La iniciativa apunta a blindar en materia jurídica a la Argentina frente al fallo en favor de los fondos buitre. Los fondos de especulación reclaman el pago de 1500 millones de dólares en efectivo y de una sola vez por bonos de la deuda pública. La cancelación de este monto no es viable para el país, según el planteo del Gobierno, debido a que la cláusula RUFO y las leyes que dieron origen a los canjes de 2005 y 2010 lo impiden.

La presentación de Ortega para declarar inválida la sentencia de Griesa a nivel local avanzó en distintos frentes. Uno de los elementos centrales fue que “el juez de Nueva York carece de jurisdicción ultraterritorial y sus fallos por sí solos –sin la intervención previa del Poder Judicial de la Argentina– no son ejecutables en el país”, según indicó el autor de la presentación. Otro de los fundamentos fue que “el magistrado estadounidense viola el principio de congruencia procesal, al decidir sobre algunas cuestiones que son ajenas al pleito y resolver sobre bonistas (reestructurados) que no son parte del juicio”. Lo último adquiere relevancia si se tiene en cuenta que los dueños de títulos Discount, pese a que el país realizó pagos por 539 millones de dólares, no pudieron cobrar los fondos, puesto que Griesa le dio una orden al Banco de Nueva York (responsable de depositar el dinero en las cuentas de los bonistas) de no distribuir los recursos.

La petición del representante del Movimiento Evita también contempló los siguientes argumentos contra Griesa:

- Transgrede principios generales del derecho comunes a todas las naciones.

- Agrede normas que ya han sido reconocidas por la Corte Suprema de Justicia como de Orden Público, como las leyes, decretos y resoluciones por las que el Gobierno dispuso la reestructuración de la deuda externa y que, en los hechos, las sentencias de este juez extranjero estarían desbaratando, menoscabando así la soberanía nacional.

- Sesga de facto el principio de igualdad jurídica de las naciones reconocido por el derecho internacional.

El abogado del Movimiento Evita citó en su presentación el precedente judicial relacionado con el caso Claren Corporation. En esa oportunidad, la Justicia de la Argentina falló “en un sentido similar al peticionado en la presente acción”, aseguró Ortega.