Desde México, D. F.

En lo que pretende mostrarse como si fuera un “golpe de timón” ante la ineficacia de la guerra que declaró al narcotráfico, Felipe Calderón destituyó al procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, justo cuatro días después de que el presidente mexicano llamara a un “cambio profundo” de las estructuras gubernamentales del país, “con todos los riesgos y costos que ello implica”.

Por lo pronto, la “prioridad” de la administración calderonista arroja como saldo 14.371 ejecutados entre el 1º de diciembre de 2006 y el 31 de julio de este año, según reportes de órganos de inteligencia militares y de la propia Procuraduría General de la República (PGR). Entre enero y agosto pasados, hubo 4500 ejecuciones. Del total de víctimas, más del 70 por ciento tenía entre 20 y 35 años y crece de forma alarmante el número de mujeres y menores de edad asesinados por el crimen organizado.

En este contexto, y sin mediar explicación, Calderón prescindió de uno de los dos elementos en los que apoyó el arranque de su administración. Medina Mora fue nombrado titular de la PGR, encargado de perseguir y encausar a los capos del crimen organizado. Sin embargo, su gestión fue empañada por la penetración del narco en sus propias oficinas, particularmente en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo), cuyos principales funcionarios terminaron al servicio del cartel de los hermanos Beltrán Leyva, cuando su titular era Noé Ramírez Mandujano.

Como integrante del gabinete de seguridad de Calderón, el hoy ex procurador Medina Mora tuvo fuertes confrontaciones con el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, el otro responsable del combate al narcotráfico. Ambos funcionarios sostuvieron agrias discusiones e intercambiaron acusaciones por las fallas y desatinos en el combate al crimen organizado. Desde hace meses se especulaba sobre cuál de los dos funcionarios sobreviviría a esa pugna. Medina Mora será enviado a una embajada.

Medina Mora fue secretario de Seguridad Pública al final de la administración de Vicente Fox, cuando su titular Ramón Martín Huerta falleció al estrellarse el helicóptero en que viajaba. Previamente había estado a cargo del Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

En cualquier caso, el combate frontal al narco ha descansado en las fuerzas armadas y el país hoy está militarizado.

Calderón designó como nuevo procurador general de la República a Arturo Chávez Chávez, lo que de inmediato provocó reacciones negativas de organismos de derechos humanos y de la oposición. Chávez fue procurador de Justicia del estado de Chihuahua, justo en medio de la oleada de feminicidios que azotó a Ciudad Juárez.

Su gestión estuvo plagada de irregularidades que le valieron recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y denuncias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch y Amnistía Internacional, que señalaron graves irregularidades durante las investigaciones de Chávez, como retrasos en la búsqueda de las mujeres que eran reportadas como desaparecidas, deficiencias en la integración de las averiguaciones previas e inejecución de órdenes de aprehensión contra presuntos responsables.

Peor aún, se le acusa de haber liberado a un grupo de asaltabancos que operaba en Chihuahua, pues la banda criminal era encabezada por un integrante del oficialista Partido Acción Nacional.

El Senado aún tiene que ratificar el nombramiento de Chávez como procurador, pero el PRI y el PRD han advertido que no extenderán un cheque en blanco a la propuesta de Calderón, quien también fue cuestionado cuando en 2004 lo nombraron subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. En ese papel, en noviembre de 2006 fue el “negociador” gubernamental ante los maestros del estado de Oaxaca que terminó en una fuerte represión que costó decenas de vidas.

Según Calderón, su propuesta obedece a que Chávez “cuenta con los conocimientos y la experiencia para ejercer esta delicada tarea”.

Calderón también destituyó a Jesús Reyes Heroles como director general de Petróleos Mexicanos, la principal empresa paraestatal del país. En su lugar, nombró a Juan José Suárez Coppel, quien hace años fue director corporativo de Finanzas de Pemex y actualmente es vicepresidente de Finanzas del Grupo Modelo, una de los emporios cerveceros más fuertes del país.

En su paso por Pemex, Suárez Coppal fue señalado por actos de corrupción y tráfico de influencias, como la asignación de multimillonarios contratos sin licitar, varios de los cuales beneficiaron a los hijos de Marta Sahún, la esposa del ex presidente Vicente Fox.

El último cambio fue en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, donde Calderón designó a Francisco Javier Mayorga Castañeda –quien también había ocupado esa cartera en la administración foxista– en sustitución de Alberto Cárdenas Jiménez.

Casi a la mitad de la administración, Calderón ha hecho siete cambios de secretarios de Estado y uno de procurador; sin embargo, junto con las modificaciones en oficina presidencial y en varias subsecretarías, hasta el momento suman 16 los relevos en su equipo de trabajo.