EL MUNDO › HAY TOQUE DE QUEDA, IMPUESTO POR LOS CRIMINALES, A PARTIR DE LAS CINCO Y MEDIA

Diez asesinatos por día en San Pablo

Muchas escuelas suspendieron las clases, hay autobuses incendiados y hasta las iglesias y templos suspendieron sus misas nocturnas. Las razones para esta nueva ola de violencia que asombra a la ciudad más rica de América del Sur.

 Por Eric Nepomuceno

Desde Río de Janeiro

A los que hablan de inseguridad en Buenos Aires, se sugiere que pongan atención en lo que ocurre en la periferia de San Pablo, la mayor ciudad sudamericana y la segunda más poblada de América latina. Entre el 24 de octubre y el 12 de noviembre, al menos 191 personas fueron muertas, casi todas en la periferia, casi todas pobres o muy pobres. Eso significa una media de casi diez muertos al día. Entre el pasado viernes y sábado fueron ocho. Entre sábado y domingo, doce. Entre domingo y lunes, tres.

En algunos barrios de la región sur de la ciudad hay toque de queda, impuesto por los criminales, a partir de las cinco y media de la tarde. Los comerciantes reciben llamadas telefónicas ordenando el cierre inmediato de sus negocios. La Secretaría de Seguridad Pública desmiente que haya toque de queda. Dice que son casos aislados. O sea, la autoridad responsable por la seguridad desmiente la realidad. Muchas escuelas suspendieron las clases, hay autobuses incendiados y hasta las iglesias y templos suspendieron sus misas nocturnas.

Hay un sinfín de razones para esa nueva ola de violencia que asombra a la ciudad más rica de América del Sur. Hace años, en 2006, el cartel que controla, entre otros negocios, la venta de drogas en buena parte del país, el PCC –Primer Comando del Crimen–, paralizó algunos barrios nobles de San Pablo, en una supuesta venganza contra la muerte de varios de sus integrantes a mano de la policía. Ahora, con los líderes máximos del PCC cumpliendo penas en presidios de seguridad máxima, grupos de la misma organización criminal, con control sobre determinadas favelas y barrios pobres de la periferia, actúan por cuenta propia. Otra vez, el blanco son policías, pero entre los muertos hay de todo, desde una niña de once años a adolescentes sin vínculo alguno ni con el crimen ni con la policía.

La ola de violencia trae, adentro, una ola de ejecuciones de inocentes y culpables, en una espiral descontrolada que aterroriza a la periferia. Hay aciertos de cuentas entre criminales de uno y de otro bando, entre criminales y policías corruptos, y mientras todos contemplan atónitos lo que pasa, el gobierno del estado de San Pablo se pierde entre discursos ora triunfalistas, ora desvinculados de la realidad palpable. Queda evidente, una vez más, la falta absoluta de integración entre los servicios de seguridad de San Pablo y los del gobierno federal. Hace una semana se llegó a un acuerdo para crear, a todo vapor, una especie de agencia coordinadora de servicios de inteligencia, con el objetivo de detectar el alcance de los muchos brazos del PCC y, al mismo tiempo, reprimir de manera efectiva la violencia desmesurada de una policía frecuentemente corrupta que desconoce límites a la hora de reprimir a cualquier sospechoso, es decir, a cualquier ciudadano con apariencia de pobre.

El gobierno de Geraldo Alckmin, un conservador con fuertes vínculos con el Opus Dei y que pertenece al PSDB, insiste en exhibir sus inversiones en entrenamientos, modernización y ampliación de la fuerza pública, especialmente la Policía Militar, encargada de la represión al crimen. No explica, en todo caso, cómo tantas iniciativas han sido absolutamente inútiles a la hora de proteger a las poblaciones de la periferia de la doble acción criminal, la de los del PCC y la de una policía militar que no hace más que penalizar a la población de las barriadas. Hay un discurso, común además en Río, de que la presencia del Estado en las favelas y barrios controlados por criminales es una especie de rescate de la ciudadanía de sus habitantes. En el caso de San Pablo, es la inversa: el Estado sólo está presente en esas zonas carentes como elemento represor. Y no sólo de criminales: cualquier morador es sospechoso.

La situación de estos días es pasajera, o sea, en cualquier momento los dirigentes intermedios del PCC que ordenan ataques a policías podrán suspender la violencia. Pero la situación de fondo permanece. A estas alturas, hay datos que comprueban que desde al menos cuatro años el PCC actúa junto a traficantes de países vecinos, en especial Paraguay y Bolivia. Organizado como empresa, el PCC domina el comercio de cocaína y marihuana en buena parte de Brasil. Cuenta con sucursales en esos dos países. Trata de mantener el dominio en el comercio interno, sin intentar avanzar sobre el tráfico dirigido a Europa. Hoy día gravitan alrededor del PCC unos cuatro mil integrantes activos. En 2006, eran poco más de 1500.

Hay una falla evidente de parte del gobierno federal: las fronteras brasileñas son una secuencia de agujeros por donde pasan, alegremente, drogas y armas destinadas a todas las pandillas criminales del país. No hay buenas perspectivas a la vista.

Lo de ahora es preocupante, pero pasará para luego volver: una especie de guerra a tres bandas. De un lado, el PCC enfrentándose a los bolsones de corrupción de la Policía Militar que tratan de obtener más ventajas a base de ejecución sumaria de integrantes de la pandilla. De otro lado, la acción de otras bandas de la misma Policía Militar, decididas a disminuir el poder del grupo criminal. Y, por fin, grupos autónomos de policías civiles (encargados de investigar y propiciar información) y militares (encargados de reprimir el crimen) tratando de abrirse espacio y apoderarse de zonas de ventas de drogas.

La dirección máxima del PCC, que a pesar de estar detenida sigue controlando sus negocios, deberá imponer en cualquier momento la orden de replegarse. El 80 por ciento de los ingresos provienen de la venta de drogas, y tanto tumulto perjudica el negocio.

En relación con los excesos de las fuerzas de seguridad –la actual oleada de violencia nació a raíz de la ejecución de un miembro del PCC que ya estaba rendido– no hay ninguna perspectiva. Al fin y al cabo fueron entrenadas y enseñadas para eso: reprimir sin contemplaciones a cualquier ser vivo que se mueva donde habitan los pobres. El Estado brasileño, y no sólo el de San Pablo, siempre actuó de esa manera: aparece para reprimir a los abandonados. Conquistado el terreno, vuelven las fuerzas de seguridad a lo suyo. Y los abandonados de siempre, abandonados siguen.

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Autobús incendiado en la periferia de San Pablo anteayer, en medio de una ola de vandalismo.
Imagen: EFE
 
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