En Caracas, un grupo de diputados oficialistas exigió ayer investigar al legislador opositor Julio Borges y sus conexiones con un supuesto plan para derrocar al presidente Nicolás Maduro. Paralelamente, en una protesta celebrada en San Cristóbal, estado Táchira (oeste del país), el estudiante de 14 años identificado como Kluiberth Roa fue muerto de un disparo en la cabeza. Fue detenido e imputado el policía Javier Mora Ortiz, según confirmó el Ministerio de Interior, aunque aún no están claras las circunstancias del fallecimiento del joven. El episodio tuvo lugar en una manifestación en contra de la detención de Antonio Ledezma, el alcalde de Caracas acusado de conspiración.

El diputado Darío Vivas afirmó que un amplio grupo de diputados oficialistas cree necesaria la investigación del legislador opositor Julio Borges. “Nosotros consideramos que hay suficientes elementos para quitarle la inmunidad (parlamentaria) y que este señor (Borges) vaya a ocupar un calabozo”, dijo Vivas antes de iniciar la sesión legislativa de ayer, pese a que ese tema no fue discutido en el recinto. Borges, quien ayer asistió a la Asamblea, fue involucrado en el presunto plan golpista por el presidente de la Asamblea Nacional y número dos chavista, Diosdado Cabello. Borges es acusado por el chavismo de ser parte de la denominada Operación Jericó, en el marco de la cual algunos opositores buscarían captar a elementos de la Fuerza Aérea para dar un golpe de Estado que incluiría bombardeos sobre el palacio presidencial de Miraflores. Entre los diputados opositores que han sido destituidos se cuenta a María Corina Machado, procesada en libertad por un supuesto plan de magnicidio contra Maduro y que la oposición no descarta pueda ser detenida en breve porque es una de las firmantes del “acuerdo para la transición”, junto con el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, y el dirigente opositor Leopoldo López.

El presidente Nicolás Maduro encabezó un acto partidario en San Felipe, capital del estado norteño Yaracuy, donde sostuvo que actuará con firmeza en caso de conspiraciones contra el gobierno. “Ya basta de conspiradera, de golpe de Estado; no voy a aceptar más conspiradera contra el gobierno y contra el pueblo”, sostuvo Maduro. El presidente venezolano solicitó el apoyo de todo el pueblo y las fuerzas armadas para enfrentar los supuestos complots que, según viene afirmando reiteradamente, están en marcha con el objetivo de derrocarlo. Maduro reiteró sus acusaciones a la derecha venezolana y a Estados Unidos y Colombia, al denunciar que los golpistas locales reciben fondos de Washington y asesoría de Bogotá. Entretanto, la fiscalía venezolana informó ayer la muerte del joven de 14 años Kluiberth Roa en una manifestación cerca de la Universidad de Táchira, en San Cristóbal (oeste del país), donde se enfrentaron estudiantes que reclamaban medidas contra la crisis económica y fuerzas de seguridad. Por la muerte del adolescente será imputado un policía, sospechado de estar vinculado con el hecho. La fiscalía emitió un comunicado para informar lo ocurrido, en el cual confirmó que designó a dos fiscales para que investiguen el caso. El joven Roa, estudiante de un liceo, recibió un proyectil en la cabeza y fue trasladado al hospital Central, donde se verificó su fallecimiento. La ministra de Interior y Justicia, la almirante Carmen Meléndez, lamentó la muerte del estudiante y explicó que, tras su detención, el policía declaró haber efectuado un disparo al estudiante con una escopeta con municiones de goma. “Se aplicará todo el peso de la ley, aquí no hay salida para la impunidad”, afirmó la ministra. Además, el coordinador del Foro Penal Venezolano, Gonzalo Himiob, informó vía Twitter que al menos 17 personas se encuentran detenidas a raíz de los disturbios en las cercanías de la Universidad de Táchira.

Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó ayer un informe donde señaló la preocupación del organismo respecto de los derechos humanos en Venezuela, en particular por la detención de civiles en instalaciones militares. “La comisión recuerda al Estado de Venezuela su obligación de garantizar la vida, la integridad y la seguridad de todas las personas privadas de libertad, así como condiciones de detención conformes con los estándares internacionales en la materia”, señaló la entidad en una nota oficial. Para la CIDH, es incompatible con los estándares internacionales que los civiles sean recluidos en una cárcel militar. “Los medios y métodos que se utilicen para mantener el orden público y proteger a las personas bajo su jurisdicción deben ser congruentes con los derechos humanos internacionalmente reconocidos por los Estados y con los principios que inspiran una sociedad democrática”, señaló el comunicado.

La nota de la CIDH fue emitida en el contexto de la detención del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, arrestado por hombres fuertemente armados que no presentaron orden judicial de detención. Otros opositores, como Leopoldo López y Daniel Ceballos, están arrestados en la prisión militar de Ramo Verde. En este sentido, la CIDH instó al gobierno venezolano a dialogar con la oposición dentro del marco de la democracia y la plena vigencia de los derechos humanos. “Las voces de la oposición resultan imprescindibles para una sociedad democrática, sin las cuales no es posible el logro de acuerdos que atiendan a las diferentes visiones que prevalecen en una sociedad”, señaló el informe emitido ayer.