En la plaza Tahrir, el lugar que fue epicentro del levantamiento popular que puso fin a casi 30 años de reinado de terror de Hosni Mubarak en Egipto, ayer había policías y gente celebrando el quinto aniversario de lo que el mundo conoció como la Primavera Arabe. Gran parte de los que hace exactamente cinco años se enfrentaron a la posibilidad segura de una sangrienta represión y tomaron las calles del centro de El Cairo y de las principales ciudades del país para pedir la renuncia de Mubarak y el inicio de un Egipto democrático y más igualitario, no celebraron.

“Con mis amigos hablábamos de que cuando fuéramos viejos, contaríamos a nuestros nietos que estuvimos en Tahrir, pero ahora no sé qué les debería contar, de hecho no sé si algún día les hablaré de ello, porque dudo si esta historia es algo de lo que uno debe enorgullecerse o avergonzarse”, contó Mohamed Ezzat, joven abogado que hace cinco años estuvo en la plaza y que hoy vive en Emiratos Arabes Unidos, con su mujer y su hija. “No fue una huida sólo en busca de dinero, fue una huida de una realidad en la que no se puede vivir. Nos convertimos en extraños en nuestro propio país”, agregó el treintañero.

Hala Mustafa es la coordinadora de la iniciativa Shuft Taharrush, que lucha contra el acoso y la violencia de género. Para ella, los últimos años también han sido una decepción. “Estábamos llenos de esperanza, teníamos grandes expectativas. En cuanto a las mujeres, creíamos que se iba a trabajar por la igualdad, pero la situación ahora es peor que con Mubarak”, sentenció. El joven camarógrafo Mohamed Effat, por su parte, no sólo participó en los levantamientos con la esperanza de que Egipto pudiera convertirse en un Estado de derecho en el que todo el mundo fuera igual ante la ley, también fue su militancia la que lo llevó a convertirse en periodista. Hoy abandonó ese oficio. “En 2011 y 2012 era muy peligroso trabajar, pero al menos había más espacio para expresarse y más temas que los periodistas podían tocar. Ahora hay demasiadas líneas rojas”, lamentó Effat, luego de ser detenido dos veces.

Al derrocamiento de Mubarak le siguió un año de transición militar, las primeras elecciones libres y la victoria del primer gobierno islamista, con el presidente Mohamed Mursi y la organización de la Hermandad Musulmana a la cabeza. Ese gobierno, que intentó imprimir su islamismo conservador a un Estado tradicionalmente laico, duró apenas un año, hasta que una nueva multitud salió a las calles y pidió un cambio. El 3 de julio de 2013 el entonces jefe del Ejército, Abdel Fatah al Sisi, encabezó un golpe de Estado que arrestó a Mursi y comenzó una sanguinaria represión contra las principales organizaciones islamistas del país, especialmente la Hermandad Musulmana.

Más de mil personas murieron, según los cálculos más moderados. Otros fueron detenidos y condenados a penas de prisión o a la pena capital.

Además, el gobierno de facto declaró a los Hermanos Musulmanes como organización terrorista y confiscó sus bienes por casi 528 millones de dólares, informó ayer el jefe del Comité de Administración de los Bienes de la Hermandad, Ezat Jamis, designado por Al Sisi.

A partir de una presión internacional moderada, el gobierno de facto llamó a elecciones presidenciales, que en medio de una apatía generalizada, un boicot opositor y una masiva abstención, ganó Al Sisi. Sólo un candidato de izquierda aceptó participar y legitimar los comicios. Al Sisi llamó a un comité, designado por él, para redactar una nueva Constitución (que todavía no se materializó), convocó recientemente elecciones parlamentarias y reabrió el Parlamento. Sin embargo, la represión y, principalmente, la persecución judicial, continuó en el país, pero ya no sólo contra los miembros y simpatizantes del movimiento islamista.

Los protagonistas de la Primavera Arabe y quienes salieron dos años después a las calles para derrocar a Mursi y apoyar el golpe están en la cárcel o en el exilio. En las últimas semanas, de cara al quinto aniversario del levantamiento de 2011, el gobierno reforzó su política de seguridad y multiplicó las redadas y detenciones, para evitar eventuales protestas en el llamado Día de la Revolución.