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Por Javier del Pino*
Desde Washington

Días después de que el Departamento de Seguridad Interior hablase de la posibilidad de un atentado de Al-Qaida para “trastornar” la campaña electoral en Estados Unidos, varios congresistas demócratas han puesto en duda la veracidad real de ese alerta y han sugerido una posible motivación política. Al mismo tiempo, un informe del Congreso critica al gobierno de George W. Bush por emitir comunicados de alerta carentes de información específica, lo que extiende el temor entre la población pero merma la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, parece que estas tácticas están teniendo éxito: un sondeo publicado en The Washington Post revela que Bush ha reconquistado terreno popular en el tema de la guerra antiterrorista y que un 5 por ciento de los norteamericanos lo apoya en este tema.
El congresista demócrata Jim Turner, máximo representante de su partido en el Comité de Seguridad Interior, es uno de los pocos que, por su cargo, recibe información confidencial del gobierno de Estados Unidos con datos actualizados de los servicios de inteligencia en la lucha contra el terrorismo. Según Turner, la última alarma del gobierno sobre la posibilidad de un atentado de Al-Qaida para “trastornar” el proceso electoral en EE.UU. “no parece tener fundamento alguno”. En una sofisticada rueda de prensa la semana pasada, el secretario de Seguridad Interior, Tom Ridge, habló de “informaciones creíbles que sugieren ahora que Al-Qaida avanza en sus planes de llevar a cabo un ataque a gran escala en Estados Unidos en su esfuerzo por alterar el proceso democrático”. El anuncio de Ridge se formuló justo después de que el candidato demócrata a la presidencia, John Kerry, eligiera al senador sureño John Edwards como compañero de fórmula, lo que había atraído la atención masiva de los medios de comunicación. Ningún congresista llega tan lejos como para decir que el gobierno usó el miedo como herramienta electoral, pero algunos empiezan a sugerirlo. El demócrata Robert Wexler fue el que llegó más lejos en el Capitolio: “Este gobierno tiene un largo historial en el uso de tácticas engañosas en su beneficio político. Uno no puede menos que preguntarse si su objetivo fue desviar la atención de la fórmula de Kerry y Edwards en su primera semana juntos”, dijo Wexler. Turner, después de su último encuentro con los servicios de inteligencia, también aseguró que no hay “ninguna información” sobre la posibilidad de que Al-Qaida quiera llevar a cabo un ataque durante la campaña electoral. La líder demócrata en el Congreso, Nancy Pelosi, vinculó esas maniobras a la filtración del contacto entre los departamentos de Seguridad Interior y Justicia para analizar los mecanismos de posible aplazamiento de las elecciones en caso de atentado. “El Departamento de Seguridad Interior no debería meter miedo o inyectar incertidumbre en el proceso electoral”, dijo Pelosi.
Otras instituciones vinculadas al Partido Demócrata son más duras que los congresistas y senadores. Robert Boorstin, del Center for the American Progress, en el que trabajan múltiples ex altos funcionarios del gobierno de Bill Clinton, vinculó esta política de alertas a las informaciones sobre supuestas presiones a Pakistán para que capturen a Osama bin Laden durante la convención demócrata de este mes o en los días anteriores a las elecciones del próximo noviembre. “Este es un gobierno que usa el terrorismo con objetivos políticos y cuyo mensaje de campaña es ‘No cambien de partido, que nosotros garantizamos su seguridad’”, dijo Boorstin. El anuncio de Ridge se formuló con una grandilocuencia que parecía anticipar una subida en la escala cromática de alerta creada tras el 11 de septiembre, que sin embargo se mantiene en “amarillo” (riesgo “elevado” de atentados). Un informe de la Oficina de Contabilidad General (GAO, en sus siglas en inglés), el organismo de investigación del Congreso, también pone en duda el valor de esa escala y la capacidad delgobierno para alertar a las fuerzas de seguridad cuando el incremento de la amenaza sea real. Randal Yim, portavoz de Seguridad Interior en la GAO, acusó al gobierno de comportarse de manera contraproducente: “Cuando el gobierno lanza alertas sin dar más información sobre las razones, inevitablemente la gente va a preguntarse si el momento se ha elegido para desviar la atención de algo o si los alertas tienen una motivación política”. El informe recomienda al gobierno que comunique a las fuerzas de seguridad los datos específicos sobre posibles amenazas. Incluso el congresista republicano Christopher Cox se sumó a las críticas desde su posición al frente del Comité de Seguridad Interior. Reconoció que el público refleja ya una especie de “cansancio de alertas” y aseguró que el gobierno tiene que escoger entre utilizar mejor el sistema actual “o deshacerse de él”.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.