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Después de muchas idas y venidas, la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó a favor de la mayor reforma a los servicios de espionaje desde 1947, al seguir los consejos de la comisión que investigó los atentados de 2001. Las organizaciones defensoras de las libertades civiles se oponen a la ley sobre la base de que les da a las agencias nuevos y ampliados poderes de vigilancia y antiinmigratorios que violarían las protecciones constitucionales.
La Casa Blanca debió enfrentar una cuasi rebelión de sus partidarios luego de haber apoyado la reforma repetidas veces en público. El senador republicano Duncan Hunter logró que el texto final –el texto posiblemente sea aprobado hoy en el Senado– protegiera la cadena de mando del Departamento de Defensa y no interfiera con las operaciones militares sobre el terreno, por ejemplo, el uso de equipos militares de alta tecnología o de los satélites de espionaje en tiempo real. James Sensenbrenner, otro senador republicano, obtuvo garantías de que las cláusulas contra la inmigración ilegal se analizarán en la 109 sesión del Congreso. Pero el acuerdo alcanzado a regañadientes no satisface a Sensenbrenner, quien ha dicho que las omisiones actuales sólo ayudan a los terroristas y, por lo tanto, votará en su contra. No obstante, la medida bipartidista autoriza el despliegue de 10.000 agentes más de la Patrulla Fronteriza y 4000 nuevos inspectores de inmigración.
También establece normas federales sobre la emisión de licencias de conducir, pero deja intacta la autoridad que tienen los gobiernos estatales para la entrega de estos documentos. Además permite que la Administración para la Seguridad del Transporte (TSA) fortalezca los requisitos de identificación para todos los pasajeros –sin importar su status migratorio– antes de abordar un vuelo comercial. El proyecto de ley autoriza la creación de un director nacional de Inteligencia (DNI), para supervisar a las 15 agencias de este ramo, y la creación de un “megacentro” que coordinará la lucha contra el terrorismo. El plan afectará una amplia gama de áreas, desde la seguridad fronteriza hasta la de la infraestructura, los poderes policiales y la capacidad de respuesta de los equipos de emergencia.
Organizaciones progresistas, como la Unión para las Libertades Civiles de EE.UU. (ACLU), se oponen a las cláusulas del plan de reforma que expanden los poderes policiales para espiar a los estadounidenses y, a su juicio, merman los derechos civiles en el país. La ACLU señala que la Comisión del 11-S estuvo acertada en centrar las causas del atentado en las fallas de inteligencia y no hacer blanco en las libertades civiles y los derechos humanos. Además, reconoce la tensión subyacente entre la recolección de inteligencia y las libertades civiles. La ACLU envió una carta a los diputados y senadores pidiendo que voten en contra de la reforma. La carta critica especialmente la estandarización de los carnets de conducir y los documentos de identificación estatal, ya que crearía un documento nacional de identificación de facto. La carta señala que hay pocos datos que demuestren que sean efectivos en la prevención del terrorismo y ejemplifica resaltando que no ha servido de nada en Israel. Sin embargo, tendrá muchas consecuencias sobre la privacidad y la naturaleza del país. “Nunca antes hemos tenido que mostrar nuestros papeles dentro de nuestro propio país. La comisión gastó menos de una hoja discutiendo este tema”, señala la carta.
“Desafortunadamente, este proyecto es una respuesta visceral a presiones políticas y está por verse si de verdad fortalecerá los servicios de inteligencia para prevenir más atentados”, dijo Charles Peña, analista del Instituto Cato.