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Bajo arresto domiciliario por asesino. Bajo investigación por millonario. El juez chileno Sergio Muñoz, que investiga un eventual “enriquecimiento ilícito” del ex dictador Augusto Pinochet, estrechó ayer el cerco en su contra, mientras el capitán general retirado cumplía su segundo día de arresto domiciliario en su finca costera de Los Boldos. Un documento judicial divulgado ayer indicó que en el allanamiento que se realizó en las oficinas del ex dictador el jueves se incautaron al menos cuatro pasaportes falsos que habrían sido utilizados por Pinochet para encubrir las operaciones bancarias que realizó en el Riggs Bank de Washington.
Muñoz difundió una declaración justificando el allanamiento en el que reconoce que el tribunal tiene “en su poder cuatro pasaportes presuntamente extendidos con identidades diversas a la legal de Augusto Pinochet Ugarte, a lo que se suma la existencia de otros”. Además el magistrado ayer interrogó al hijo menor de Pinochet, Marco Antonio Pinochet Hiriart y otros colaboradores de su régimen, en el cuartel central de la policía civil de Santiago. El jueves Muñoz había interrogado a la mayor de las hijas del ex dictador, Lucía Pinochet, en busca de pistas que le permitan descubrir el origen del dinero depositado por el militar en Estados Unidos. Ese día realizó un sorpresivo allanamiento a las oficinas que Pinochet mantiene en Santiago, donde incautó “importantes documentos” financieros e interrogó a su secretaria personal, Mónica Ananías, considerada como una figura clave en sus movimientos financieros.
Muñoz, a cargo de la investigación hace seis meses, estuvo acompañado por una decena de policías, que permanecieron unas cinco horas en el lugar. Mientras tanto, a unos cien kilómetros de Santiago, Pinochet cumplía su primer día de arresto domiciliario en Los Boldos. El ex dictador, de 89 años, quedó arrestado el miércoles, después de ser procesado por el juez Juan Guzmán Tapia como autor de un asesinato y nueve secuestros de la Operación Cóndor, que coordinó a las dictaduras del Cono Sur en los años ’70 para el exterminio de opositores.
Los abogados defensores de Pinochet estaban indignados por la diligencia que realizó el jueves el juez Sergio Muñoz y presentaron un escrito objetando su actuación. Los letrados interpusieron una queja disciplinaria en su contra, alegando la “ilegalidad” del allanamiento. “La defensa del general Pinochet interpuso una queja disciplinaria, que va a ser conocida por el superior jerárquico del ministro Muñoz, en atención a la diligencia practicada en el día de ayer (jueves) que nosotros entendemos infringe una serie de disposiciones legales”, dijo el abogado Fernando Rabat. En su presentación, los abogados sostienen que “no puede un juez disponer de una medida coercitiva en contra de una persona que goza de fuero constitucional”. Pinochet está protegido por una inmunidad especial, después que el Congreso chileno le reconociera su calidad de ex presidente de la República (1973-1990).
El magistrado respondió a través de un escrito que la diligencia que realizó el jueves no viola la Constitución y se ajustó al “marco legal vigente”. Además explicó que pese a que Pinochet mantiene fuero, éste no lo imposibilita para realizar diligencias como allanamientos o vigilancia.
El ex dictador, de 89 años, mantuvo entre 1994 y 2002 cuentas bancarias en Estados Unidos con depósitos que fluctuaron entre los cuatro y los ocho millones de dólares. Las cuentas quedaron al descubierto tras una investigación que llevó adelante un subcomité del Senado de Estados Unidos, que entregó sus conclusiones el pasado 15 de julio.
El Consejo de Defensa del Estado de Chile, una especie de fiscalía, estimó la fortuna de Pinochet en 15 millones de dólares y dijo que presume que en este caso se configuraría el delito de “lavado de dinero” producto de la corrupción.