EL MUNDO

Murió el represor más cruel del pinochetismo

Osvaldo Romo Mena es recordado como el agente más cruel de la policía secreta de la dictadura chilena, a través de los relatos recopilados de sus víctimas. Había estado infiltrado en la guerrilla.

El agente más cruel de la DINA murió ayer. Así lo habían descripto a Osvaldo Romo Mena, alias el Guatón Gomo, sus víctimas de Villa Grimaldi y Londres 38. Los relatos de sus sesiones de tortura y de su infiltración en las filas del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), la principal guerrilla chilena, acapararon la atención en decenas de juicios de violaciones de los derechos humanos. A pesar de ser uno de los represores más conocidos de la dictadura pinochetista, muchos aspectos de su vida son todavía un misterio. Después del paro cardiorrespiratorio que sufrió ayer por la mañana, los chilenos nunca sabrán por qué dejó la policía secreta sólo tres años después del golpe militar y se refugió en Brasil, ni cuándo fue que el ejército lo reclutó para infiltrarse en las filas de la Unión Socialista Popular (USP), fuerza en la que militó durante más de un año antes del golpe de Estado de 1973. Sólo se pueden contentar con que murió privado de su libertad, cumpliendo dos condenas por sus crímenes.

El Guatón Gomo operó como un agente civil de la DINA durante los primeros dos años de la dictadura. Sin embargo, en ese breve período llegó a ganarse la confianza y el respeto de la cúpula de la DINA. Su gran logro en la institución fue ayudar a desarticular gran parte del aparato mirista. Aunque nunca pudo ser probado, los organismos de derechos humanos sostienen que Romo Mena se afilió a la coalición que llevó a Allende al poder en 1970 para espiar a los dirigentes de izquierda. Incluso llegó a presentarse como candidato a diputado, aunque ganó su fama entre las filas de la izquierda como dirigente de Peñalolén, una comuna al este de la capital. Según relataron más tarde ex militantes miristas, el represor solía frecuentar los campos controlados por la guerrilla en las zonas obreras de los suburbios de Santiago. Por eso, todos lo reconocieron cuando entró en el campamento Lulo Pinochet (el nombre no tiene relación con el dictador), vestido con uniforme de suboficial, en la mañana del 11 de septiembre de 1973.

Su convivencia con los militantes del MIR le dejó un conocimiento acabado de toda la estructura de su organización, a la que se dedicó a cazar. A lo largo de los años cambió muchas veces su discurso. Cuando volvió a Chile en 1992, extraditado por Brasil, y los juicios todavía parecían sólo un sueño lejano de los familiares de las víctimas, el Guatón Romo no mostraba remordimientos. “Lo volvería hacer y peor aún. No dejaría ningún periquito vivo. Todo el mundo pa’ la jaula. Ese fue el error de la DINA. Yo se lo discutí hasta la última hora a mi general (Manuel Contreras): ¡No dejes a estas personas vivas!”, había sostenido en una entrevista televisiva. “El epitafio en mi tumba podría ser... un torturador. Para mí eso es una cosa buena”, agregaba.

Años después, y con dos condenas y varios procesamientos encima, el más cruel represor de la DINA cambiaba un poco sus palabras. “La verdad es que hoy he querido volver un poco atrás el tiempo para poder decir algo de aquella época, de la que ustedes inventan y aumentan las cosas para poder recibir dinero de los diferentes organismos del gobierno de turno”, sostenía el año pasado en sus memorias. Al mismo tiempo, en los tribunales se defendía asegurando que él sólo detenía a las personas y no tenía ninguna responsabilidad sobre las desapariciones y las torturas. “Yo no podía llevarme a los presos a mi casa. Yo no tenía una cárcel en mi casa”, argumentó durante el juicio por el asesinato de 119 miristas en la ofensiva conocida como Operación Colombo.

Su posición, ambivalente por momentos, lo llevó a cooperar con la Justicia en varios juicios por violaciones a los derechos humanos. Sus declaraciones ayudaron a detener a ex represores y a vincular a parte de la jerarquía militar de la dictadura –incluido Augusto Pinochet– con los crímenes. Su cooperación fue tan perjudicial para los sectores castrenses que el ejército decidió cortarle su pensión mensual de 382 dólares.

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Los familiares de las víctimas de la dictadura chilena piden justicia.
 
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