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El Congreso de Estados Unidos fijó ayer en 400 el número de militares que pueden operar en Colombia, pero estableciendo que puede incrementarlo en “situaciones excepcionales”, como el caso de los norteamericanos secuestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El asesinato de un norteamericano y el secuestro de otros tres es la afrenta más grave de la guerrilla colombiana contra Estados Unidos desde 1999. La semana pasada, el presidente Bush comunicó informalmente al Congreso que va a desplegar en Colombia un número ilimitado de militares para rescatar a los estadounidenses, aunque aclaró que no superará los 400 efectivos.
A mediados de 2000, el Parlamento norteamericano fijó en 400 el cupo máximo de efectivos de este país autorizados para apoyar el Plan Colombia de lucha contra el narcotráfico. Según esta norma, los soldados destinados al Plan deben entrenar al ejército colombiano para manejar armas, detectar explosivos, hacer ataques por tierra, aire y mar y juntar información de inteligencia. Pero la ley dejaba abierta la posibilidad de que el presidente George W. Bush ampliara el número de militares en casos especiales, como “operaciones de emergencia para la evacuación de ciudadanos americanos o para realizar operaciones de búsqueda y rescate de personal civil o militar de Estados Unidos”. Pero aclara que los militares estadounidenses no deben participar en ninguna operación contra los grupos armados ilegales y que sólo pueden usar la fuerza en “defensa propia”. Esta excepción supone que los soldados pueden participar en las operaciones para liberar a los tres estadounidenses secuestrados el pasado 13 de febrero en el sur de Colombia por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) porque el rescate entraría en la figura “en defensa propia”.
El asesinato de un estadounidense y el secuestro de otros tres es la afrenta más grave de las FARC contra Estados Unidos desde 1999. Ese año, el grupo rebelde secuestró y acribilló a balazos a los estadounidenses Terence Freitas, Ingrid Washinawatok y Lahee Enay Gay, que trabajaban en Colombia para una comunidad indígena. El año pasado, Washington abrió un proceso contra las FARC por estas muertes.