A pesar del apoyo explícito de George W. Bush la soledad política del presidente colombiano Alvaro Uribe en la cumbre del Grupo de Río fue tan abrumadora que luego de defenderse como una fiera acorralada debió conceder casi todo lo que había resistido durante el tenso debate. Uribe firmó un texto que ratifica la inviolabilidad de la soberanía territorial y promete no repetir el ataque, apenas minutos después de afirmar que la seguridad de las personas es más importante que el territorio y que así se lo hace sentir su pueblo. Por eso, más allá de la celebración por el apaciguamiento obtenido, no habría que confiar demasiado en su cumplimiento.

Uribe también padecía el encierro en su país, debido a la detectada vinculación de su sector político con el paramilitarismo y el narcotráfico. Ochenta legisladores fueron procesados por lo que en Colombia se llama la parapolítica. Uno de los indagados es su primo, el ahora ex senador Mario Uribe. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Julio Valencia, dijo que Uribe intercedió por su pariente en forma airada. El presidente lo negó, aunque admitió que le había reclamado por un intento de involucrarlo en el caso. El 24 de enero querelló por calumnias e injurias a Valencia. Los demás miembros del tribunal dijeron que no había actuado a título personal sino institucional, en defensa de la autonomía de los jueces.

Fuga hacia adelante

En ese contexto el golpe contra la impopular guerrilla farcista fue una fuga hacia adelante que aumentó el ya alto nivel de aceptación social de Uribe. Pero la sintonía entre los demás países de la región puso límites a esa estrategia y preservó el proceso de integración económica y política que tanta inquietud provoca en Washington, que ha sumado el “populismo radical” a la larga lista de “nuevas amenazas”, que incluye el narcotráfico, el terrorismo, la pobreza extrema, las migraciones masivas, el lavado de dinero y el indigenismo. El aislamiento del ranchero de Antioquia se refleja en el texto firmado por los presidentes cuando rechazan la violación a la integridad territorial del Ecuador, toman nota de las plenas disculpas de Uribe, registran su compromiso de que no se repetirá “bajo ninguna circunstancia” y se refieren a las amenazas a la seguridad por parte de grupos irregulares y organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico “que Colombia considera terroristas”. Es decir, sólo Colombia. Ese punto se incluyó a insistencia de la delegación argentina. Sólo se sumó a Uribe en el uso de esa terminología el vicepresidente del Perú, almirante Luis Giampietri, cuyo procesamiento reclama la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la ejecución extrajudicial de presos en El Frontón durante la primera presidencia de Alan García. Las tremebundas pruebas que Uribe agitaba desde el domingo sobre presuntos compromisos con las FARC de los presidentes de Ecuador, Rafael Correa, y de Venezuela, Hugo Chávez, se redujeron en la declaración colectiva a “la documentación que habría llegado al gobierno de Colombia”. El tiempo potencial también fue incluido por moción argentina. Sólo Uribe parecía convencido de la autenticidad de esos documentos, pero ni aun así pudo sostener su desmesurado anuncio de denunciar a Chávez por genocidio ante el Tribunal Penal Internacional.

El documento final se basó en un borrador de la canciller mexicana Patricia Espinosa. La versión que leyó el presidente dominicano Leonel Fernández fue la décima aprobada, pero incluso después del cierre formal debían agregarse nuevos puntos, como el que afloja la controversia por el frente marítimo entre Colombia y Nicaragua.

Señoras y señores

Uribe llegó con una táctica de confrontación, que no pudo sostener en soledad. Luego del discurso inicial de Correa, se negó a responder. Pidió que antes hablaran los demás presidentes, esperaba que a Chávez se le soltara la cadena y pretendía quedarse con la última palabra. Las mandatarias de Chile y la Argentina se acercaron al presidente pro-tempore Leonel Fernández y objetaron ese orden de oradores. Uribe tuvo que hablar antes que Chávez, Cristina, Bachelet y Celso Amorim. Máxima paradoja, el civil Uribe habló en tono y con contenido castrense, mientras el teniente coronel Chávez lo hizo en forma relajada y conciliadora. El aislamiento de Uribe también se hizo evidente luego de la distensión, cuando intentó sin éxito abrazar a Correa, quien lo mantuvo a la distancia de su firme brazo en un mero apretón de manos. Con menos fuerza física, CFK falló en el intento de impedir que le estampara un beso. El principal diario colombiano, El Tiempo, uno de cuyos propietarios es el vicepresidente de Uribe, atribuyó el cambio de clima que permitió pasar de los insultos a los abrazos a la “llamada de atención de la presidenta argentina, Cristina Kirchner, en tono jocoso, sobre la forma como los hombres manejan la política”. Antes de esa gastada a los muchos muchachos muy machos que la rodeaban Cristina había expresado con sutileza que la escalada bélica del gobierno colombiano comenzó con los avances del canje humanitario. Como nunca antes, durante la cumbre de Santo Domingo quedó claro que esas negociaciones deberían ser un primer paso hacia el desarme de la anacrónica guerrilla conducida por líderes valetudinarios que ya ni recuerdan con qué propósito se alzaron. Correa, Chávez y el nica Daniel Ortega insistieron en que no era posible una solución militar al conflicto colombiano. Cristina sostuvo que no había respuesta válida al margen del derecho internacional. Uribe no está convencido y éste es un motivo adicional para el escepticismo respecto de los buenos propósitos consignados al papel. Mientras los presidentes debatían, en Bogotá se anunció la caída de otro miembro del secretariado de las FARC, que habría sido asesinado por un miembro de su guardia personal. Con una sugerente simultaneidad la DEA logró la captura en Tailandia de un proveedor de armas de las FARC. Se evitó una guerra, pero la pacificación de Colombia no está a la vista.

La mano en el
disparador

Especialistas argentinos sospechan que la incursión sobre territorio ecuatoriano fue obra directa de militares estadounidenses, que usaron bombas inteligentes. “Colombia no tiene esa capacidad operativa”, interpreta el mayor experto militar argentino en el conflicto regional. Sectores del gobierno piensan que la operación fue puesta en conocimiento de Uribe cuando todo estaba listo para consumarla. Creen que por eso dijo que asumía toda la responsabilidad, frase inusual para una decisión propia. En todo caso, Uribe no tiene otra escapatoria política que la carta militar. En uno de los interminables cruces verbales de la última semana Correa dijo que con la muerte de Raúl Reyes Uribe ya tenía el trofeo que necesitaba para allanar el obstáculo constitucional a un tercer mandato. En ese sentido está mejor que Chávez, vencido en el plebiscito constitucional del año pasado. Pero el venezolano no jugó a la guerra. Su cambio de actitud comenzó luego de la reunión a solas con CFK la mañana del jueves. La información que el gobierno ecuatoriano suministró al argentino indica que los aviones provenientes de Colombia hicieron una penetración profunda y a gran altura en su territorio y en el trayecto de regreso descargaron sus misiles. Durante la reunión del Consejo Permanente de la OEA, hasta el representante de Washington admitió que las fuerzas colombianas violaron el territorio ecuatoriano y firmó la declaración que lo considera inadmisible, con cualquier pretexto y aun en forma temporal.

La Misión

Estados Unidos puede apoyar, dirigir o incluso realizar un operativo como el de Sucumbíos y al mismo tiempo firmar una declaración en respaldo de la soberanía y la no intervención debido a la estructura bifronte con que atiende a la región. En su libro The Mission. Waging War and Keeping Peace with America’s Military la periodista del diario The Washington Post Dana Priest describe la sustitución de la cancillería en la formulación y ejecución de la política exterior estadounidense. Con más de un millar de personas, el Comando Sur supera la cantidad de especialistas en América Latina de las Secretarías de Estado, de Defensa, de Agricultura, de Comercio y del Tesoro sumadas. Un Secretario de Estado, que por lo general dura cuatro años en el cargo, visita unas tres veces la región, mientras en los dos años de su mandato un jefe del Comando Sur la recorre más de ochenta veces, país por país. En los próximos días, el actual jefe, almirante Jim Stavridis, quien estudia una hora por día el castellano para tratar de entender algo de la región que cree gobernar, presentará a la Comisión de Fuerzas Armadas del Congreso la declaración anual requerida para obtener su presupuesto. Esas Statement Postures tienen lugar todos los meses de marzo y brindan una oportunidad de atisbar las líneas generales y las fundamentaciones de su política. En 1998 el general Charles E. Wilhelm dijo que “Venezuela sola provee la misma cantidad de petróleo a los Estados Unidos que todos los estados del Golfo Pérsico juntos” y que las grandes reservas de petróleo en Colombia y Ecuador realzan “la importancia estratégica de los recursos energéticos de esta región”. En 2004 el general James T. Hill reveló ante el Congreso y en una serie de conferencias ante académicos y empresarios (en el Consejo de las Américas, la Asociación Colombiano-Estadounidense, el Consejo Cubano-Estadounidense) que el comercio de su país con América Latina y el Caribe ascendía a 360.000 millones de dólares anuales, casi tanto como con toda Europa, y que para 2010 superará al que mantiene con Japón y con Europa sumados. En 2003, las empresas norteamericanas vendieron a los países del Mercosur “más que a China y la India juntas”, más a la República Dominicana que a la India, más a Honduras que a Rusia y más al Caribe que a Indonesia, Rusia y la India sumadas. La inversión directa estadounidense en América Latina y el Caribe superó los 270.000 millones de dólares, un 20 por ciento del total de sus inversiones en el mundo y más que en Medio Oriente, Asia y Africa sumadas. La región suministra más del 32 por ciento de las importaciones estadounidenses de petróleo, más que todos los países del Medio Oriente. La Cuenca del Amazonas posee el 20 por ciento de las fuentes de agua dulce del mundo y el 25 por ciento del oxígeno del planeta y de sus plantas únicas en el mundo se deriva el 25 por ciento de los productos farmacéuticos manufacturados en Estados Unidos. En 2005, el general Banz Craddok fijó como prioridad la denominada Guerra contra el Terrorismo, para impedir que la región sirva como santuario operativo contra Estados Unidos y sus intereses en la región y declaró su preocupación por la influencia venezolana. El año pasado, el almirante Jim Stavridis informó que la provisión de petróleo de la región había aumentado, al 34 por ciento de todas las importaciones de su país. Ese combustible pasa por el canal de Panamá. La prioridad del Comando Sur es Colombia, a la que hace un siglo Washington arrancó la franja de tierra que hoy es la república de Panamá.

Golpe preventivo

Los acuerdos de Santo Domingo rechazan la doctrina del golpe preventivo y colisionan con la visión de América Latina y el Caribe que promueve el Comando Sur. El documento “Socio de las Américas”, que el Comando Sur aprobó en 2007 sostiene que la seguridad de Estados Unidos se garantizará mediante la “defensa adelantada” fuera de su territorio, y el fomento de la estabilidad y la prosperidad de la región, tareas que no competen a las Fuerzas Armadas ni de seguridad. El documento enfoca su atención en la pobreza, la desigualdad social, la corrupción, el terrorismo y el delito.

Para 2016 el Comando Sur debería haber completado su transformación en un organismo cívico-militar. Desde hace medio siglo Estados Unidos promueve contactos directos con las Fuerzas Armadas del continente soslayando a las autoridades políticas. Pero ahora avanza sobre otras áreas de gobierno y organismos privados, en contacto directo con los ministerios del Interior, de Salud, de Educación y de Desarrollo Social, los gobiernos provinciales y otras dependencias. En Estados Unidos la separación entre Defensa y Seguridad es tan rígida como en la Argentina. Pero se evapora cuando se trata de Sub América.

La nueva estrategia contempla reducir “las amenazas de las armas de destrucción masiva” (que no existen en la región, salvo la bomba sucia de uranio que Uribe encontró en la indestructible computadora de Raúl Reyes), y una acción combinada para negar apoyo a “las organizaciones que constituyen amenazas al hemisferio” y destruir las conexiones entre el narcotráfico, las redes terroristas “y otras actividades de apoyo al terrorismo”. La misma imprecisión tiene la ley argentina de represión al financiamiento del terrorismo, sancionada en junio último por presión de Washington, que creó la figura de la asociación ilícita que se proponga aterrorizar a la población o imponer condiciones a un gobierno o a una organización internacional. Para ser considerada terrorista la asociación debería propagar el odio étnico, religioso o político; integrar redes operativas internacionales y disponer de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos “o cualquier otro medio idóneo para poner en peligro” la vida o la integridad de un número indeterminado de personas (como muchos palos, cuchillos de cocina, cadenas, adoquines o botellas con combustible, por supuesto de origen venezolano). Cuando algún futuro gobierno decida aplicarla, la llamará Ley Kirchner y será tarde para lágrimas.

El Comando Sur intensificará las reuniones subregionales y hemisféricas para interrumpir la producción de drogas ilícitas y apoyar la interdicción del narcotráfico; compartirá información e incrementará la inteligencia, la vigilancia y el reconocimiento en áreas de “frágil gobernabilidad”, como la Triple Frontera. Incluso controlará migraciones masivas y buscará terceras naciones dispuestas a recibir a sus víctimas. También procurará que las denominadas organizaciones terroristas “no reciban legitimidad política”. Similares instrumentos se emplearon entre las décadas de 1950 y 1980 con el propósito de enfrentar “la agresión comunista”, como recordó el viernes Evo Morales. Así como entonces se planteaban los operativos de acción cívica, ahora la estrategia incluye “la gestión de crisis y respuesta de las naciones socias frente a desastres”. El Comando Sur asegurará “la libertad política y económica, con respeto a la dignidad humana” (no dice si para instruir a militares o policías de la región en las técnicas pertinentes los llevará a Guantánamo) y ayudará a las naciones socias a estrechar “relaciones civil-civil en áreas como la agricultura, el comercio, la justicia” y a fortalecer las instituciones de apoyo al sistema democrático (como la policía). El documento exalta el trabajo con las Fuerzas Armadas y de Seguridad para inculcarles “la subordinación a las autoridades civiles, el respeto a los derechos humanos y a las reglas legales”. La contradicción es insoluble, ya que esa reglas prohíben a militares y policías hacer aquello que el Comando Sur les propone.