EL PAíS › A UN AÑO DE LA RENUNCIA DE DE LA RUA

Zona Liberada

A un año de la agresión armada contra los manifestantes en el microcentro, seis policías fueron separados de la Federal por destruir la placa colocada en homenaje a una de las víctimas. Para ello dejaron sin custodia la embajada de Israel. El ministro Alvarez apuesta a que el control político de las fuerzas de seguridad impida una nueva tragedia. Pero las Fuerzas Armadas y la Junta Interamericana de Defensa postulan el regreso a la vetusta Doctrina de la Seguridad Nacional. Hasta la Justicia es concebida como amenaza a la Seguridad.

 Por Horacio Verbitsky

A un año de la agresión armada contra los manifestantes que protestaban por la declaración del estado de sitio y la represión en el microcentro de la Capital, dos subcomisarios, un oficial inspector, un oficial principal y dos agentes fueron separados de la Policía Federal por abandono del servicio para cometer actos de vandalismo contra la memoria de una de las víctimas de aquella jornada. El 21 de noviembre de este año, los policías arrancaron una placa colocada frente a la sede del Banco de Hong Kong y Shanghai, en Avenida de Mayo y Chacabuco, al cumplirse once meses de la muerte de Gustavo Benedetto. Para ello, a las 3 de la madrugada del jueves 21, el personal de uniforme dejó sin custodia externa el edificio donde tiene su sede la Embajada de Israel (en cuya planta baja funciona el HSBC) y dos camaradas de pantalón y camisa azul que llegaron en un auto con las chapas semiocultas con papel adhesivo, comenzaron a remover la placa. La operación clandestina fue registrada por un equipo de la televisión canadiense que estaba en el país filmando una biografía de Benedetto y emitida por el programa de televisión Punto Doc el miércoles 27 de noviembre. El ministro de Justicia Seguridad y Derechos Humanos, Juan José Alvarez, ordenó un sumario interno que individualizó a los responsables. “Con independencia de lo que decida la Justicia, ya están fuera de la Policía, a la que no volverán. Esa es la única manera de prevenir que hechos de tal gravedad se repitan”, dijo Alvarez a este diario. No es un mal precedente, en vísperas de las manifestaciones con que se conmemorará el primer aniversario de las movilizaciones de diciembre pasado.
Gustavo
El cineasta canadiense Avi Lewis llegó a la Argentina junto con su mujer, la periodista Naomi Klein, autora del libro No logo, que el diario estadounidense New York Times llamó en forma hiperbólica “la Biblia del movimiento antiglobalizador”. Juntos están filmando una película sobre la democracia directa, que refleja el surgimiento de las asambleas populares a partir del 19 de diciembre de 2001. Lewis ya había terminado un corto sobre la vida de Gustavo Benedetto, que se difundió con gran repercusión en todo el mundo. En su nuevo viaje comenzó a rodar una ampliación para la Canadian Broadcasting Corporation, CBC.
Gustavo Benedetto, de 23 años, no tenía actividad política. Trabajaba en un supermercado y asistía a los recitales de una banda de rock, ambos en La Tablada. Era un ávido lector interesado en las cuestiones históricas y había decidido estudiar el profesorado. Su papá había muerto poco antes de un cáncer y Gustavo necesitaba el empleo para mantener a su mamá y a su hermana. En la mañana del 20 de diciembre de 2001 se encontró con su lugar de trabajo cerrado. Volvió cerca de mediodía y el local había sido saqueado. “Ahí sintió que la crisis del país se convertía en algo personal”, cuenta la productora del documental, Dawn Mackinson. A las dos de la tarde tomó un colectivo en La Tablada y una hora después estaba en Chacabuco y Belgrano, de donde comenzó a caminar en dirección al Norte.
Mackinson revisó cuadro por cuadro todas las filmaciones de ese día, incluyendo las de seguridad del banco. Gustavo es fácil de identificar porque era mucho más alto que las demás personas filmadas. “Había pedido a dos amigos que lo acompañaran, pero ninguno se animó. Iba solo, caminando a paso de turista. Miraba lo que pasaba. Se dirigía hacia la avenida Corrientes. Pero al llegar a la Avenida de Mayo se cruzó con una ambulancia, y tuvo que cambiar de dirección. En ningún momento se lo ve arrojar piedras ni expresar hostilidad alguna hacia el banco”, dice Dawn.
Las crónicas periodísticas del 21 de diciembre sostienen que un centenar de manifestantes, apoyados por motociclistas, habían logrado cruzar el cordón policial sobre Avenida de Mayo y Tacuarí y avanzaban hacia la Plaza de Mayo. En la esquina de Chacabuco fueron recibidos con gases por unadecena de policías, de custodia en la embajada de Israel, que luego de la primera escaramuza se refugiaron dentro del banco. Los manifestantes arrojaron piedras y patearon los cristales del banco. Uno se quebró. Desde el interior, fueron regados con 58 balas calibre .9, una de las cuales dio en la cabeza de Benedetto, quien murió sobre el pavimento. El HSBC no colaboró con la pesquisa. Dos horas después del asesinato ya había reemplazado los cristales. Luego cambió de lugar maceteros y cámaras de seguridad, para obstaculizar los peritajes. Aun así, la reconstrucción del hecho ordenada por la jueza María Servini y efectuada por la Gendarmería no dejó lugar a dudas: el disparo que abatió a Gustavo Benedetto salió del arma del jefe de seguridad del banco, el teniente coronel Jorge Varando. Retirado del Ejército, Varando fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA como uno de los oficiales que en 1989 detuvo con vida a Iván Ruiz y José Díaz, dos de los asaltantes de un regimiento de infantería mecanizada del Ejército que luego desaparecieron. Servini le dictó la prisión preventiva pero dejó en libertad a otro imputado, el subcomisario Omar Alberto Bellante. La Sala I de la Cámara Federal, integrada por Horacio Vigliani y Gabriel Cavallo, ordenó detener también al policía.
In fraganti
El 20 de cada mes los familiares y amigos de Benedetto pintan su nombre sobre la calzada, para comprobar cada 21 que las letras han sido borradas. “Nos impresionó que lo desaparecieran de nuevo. La familia no tenía ninguna hipótesis y se inclinaba a pensar en el personal de limpieza del banco. En varios lugares de la ciudad hay leyendas o placas conmemorativas de las otras víctimas y nadie las tocó”, narra la productora canadiense. Por eso, luego de filmar la colocación de la placa en Avenida de Mayo y Chacabuco, el equipo de la CBC alquiló una pieza en un hotel de la cuadra, desde el que sus cámaras dominaban tanto el edificio del banco y la embajada de Israel como la vereda con la placa.
A las 3 de la mañana del 21 de noviembre al patrullero estacionado frente a la sede diplomática se acercó otro vehículo policial. Los tripulantes de ambos conversaron sobre la vereda y varios de los policías de uniforme se dirigieron a la cortina metálica sobre la que se habían pegado calcomanías recordatorias por cada uno de los 58 balazos disparados aquella tarde. Los uniformados arrancaron una por una las calcomanías, montaron en sus vehículos y abandonaron su consigna. Unos minutos después un auto Volkswagen Polo color bordó estacionó junto a la vereda. De él bajaron dos hombres vestidos con pantalón y camisa azul como los policías, pero sin insignias ni charreteras. Uno llevaba lo que parecía un chaleco antibalas. Con una barreta comenzaron a aflojar la base de cemento y a romper las cerámicas con el nombre de Gustavo Benedetto. Cuando ya habían arrancado dos baldosas, los canadienses se lanzaron a la calle cámara en mano. Recién horas después Avi Lewis meditó en los riesgos que había corrido al interpelarlos, en inglés y con la traducción de Dawn Makinson. Luego de presentarse, les preguntó:
–¿Qué están haciendo?
Sin contestar, recogieron la barreta y se dirigieron al vehículo.
–¿Son policías? –insistió Lewis.
Se cubrieron el rostro para eludir la cámara y entraron al auto.
–¿Trabajan para el banco? –alcanzó a preguntar el director canadiense, mientras el auto se alejaba con sus discretos tripulantes y dejaba a la vista su chapa camuflada. Tiras de plástico autoadhesivo cubrían la mitad de cada número, de modo que resultara imposible su lectura.
Reacciones
La filmación desde el hotel es contundente. La negligencia del comportamiento policial era tan absoluta que si en vez de cámaras alguien se hubiera apostado allí con armas de suficiente poder, habría podido atacar a los efectivos y el mismo edificio de la embajada. Consultado para esta nota, el embajador de Israel, Benjamín Orón, dijo que no tenía conocimiento de que la policía hubiera convertido la cuadra en una zona liberada y se interesó por los detalles. Cuando supo que se trataba del episodio de la placa, Orón dijo que estaba al tanto. No parecía preocuparle. Explicó que en los pasillos del piso que ocupa la embajada en todo momento habían permanecido los policías de la dotación asignada a su custodia, por lo que minimizó las consecuencias de lo sucedido para la seguridad de la sede diplomática.
Menos complaciente, el ministro Alvarez solicitó la instrucción de un sumario a la Superintendencia de Asuntos Internos de la Policía Federal (la dependencia cuyo ex jefe de Control de Integridad Profesional, comisario Orlando Oliverio, sigue detenido y procesado por el homicidio de otros cuatro manifestantes el 20 de diciembre). El sumario “determinó que materiales ejecutores del hecho resultaron ser los agentes Martín Zárate y Javier Velásquez, que actuaron bajo directivas del jefe de servicio externo, inspector Maximiliano Gabriel Del Mestre, resultando el jefe de servicio el principal Gabriel Albanese”. Fueron pasados a disponibilidad, igual que sus superiores inmediatos, los subcomisarios Carlos Alberto Massimini y Eduardo María de Luján Dedo, todos de la comisaría 2ª, la misma a la que pertenecían los efectivos que hace un año dispararon sobre Benedetto.
El 20 de diciembre Estela Carlotto, Taty Almeida y el autor de esta nota acudieron a esa seccional, con sede en Perú 1050, para reclamar por la libertad de los primeros detenidos en la Plaza de Mayo esa mañana, quienes aguardaban bajo el rayo del sol hacinados en un camión celular. Los directivos de organismos de derechos humanos fueron atendidos por uno de los policías que actuaron en la destrucción de la placa. El principal Albanese les permitió anotar los nombres de los detenidos para presentar un recurso judicial pero mientras esto ocurría el celular se puso en marcha y los trasladó a otra dependencia policial en los límites de la Ciudad. El subcomisario Dedo era el jefe del grupo de combate de la 2ª y fue denunciado por maltrato a otros manifestantes por la abogada de la familia Benedetto, la legisladora Alicia Pierini. Más interesante aún que la identidad de las personas es la del vehículo que emplearon. Luego de compulsar el expediente judicial con el programa Excalibur, Pierini dijo que otro Volkswagen Polo bordó fue usado el 20 de diciembre del año pasado. Según el testigo Alberto Quintas, ése era el modelo y color de uno de los tres autos desde los que fue asesinado Alberto Márquez, a pocas cuadras de la sede del HSBC. Se impone el cruce de ambos expedientes judiciales, ya que la Policía Federal también denunció a sus seis efectivos ante los tribunales.
La causa quedó en manos del juez correccional Fernando Larrain y del fiscal Sebastián Randle. Randle ha intervenido en varios juicios que involucraron a personajes de la dictadura militar. Hace tres lustros fue acusado de falso testimonio en favor del ex ministro José Martínez de Hoz, en la causa por el secuestro extorsivo de dos empresarios textiles. Ex prosecretario de un juzgado federal, Randle atribuyó responsabilidad en el episodio a la Cancillería y no al Ministerio de Economía, lo cual beneficiaba a Martínez de Hoz, pero la prueba documental nunca apareció en el expediente que él había foliado. En tiempos más próximos, Randle propició la absolución del comisario Miguel Etchecolatz en la causa por amenazas a unos muchachos a quienes el ex subjefe de policía de Buenos Aires apuntó con un arma. Las víctimas habían pedido la condena a tres años pero Randle sostuvo que Etchecolatz había actuado en defensa propiaante un insulto. Los jóvenes estaban desarmados. En cambio, Larrain es el juez que condenó al mismo Etchecolatz a tres años de prisión por calumnias al diputado Alfredo Bravo. En este caso, el juzgado preguntó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires si la colocación de la placa había sido autorizada y el Subsecretario de Seguridad Enrique Carelli contestó que no. “Si cometieron un delito lo decidirá la justicia, que está investigando según su propio criterio. Pero a la Policía Federal esos hombres no vuelven. Si no se los sanciona, se transmite un mensaje terrible, que esas cosas se pueden hacer. La sanción fue rápida, dura y ejemplificadora para que estas cosas no vuelvan a ocurrir”, concluyó Alvarez.

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