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El Gobierno publicó un decreto en el que ratificó la confidencialidad de un sumario interno de la SIDE por el que varios funcionarios del organismo de inteligencia fueron sancionados por las irregularidades cometidas durante la instrucción de la causa por el atentado contra la AMIA.
El tribunal oral número 3, que lleva adelante el juicio a la llamada “conexión local” del ataque, había pedido al presidente Eduardo Duhalde que modificara la decisión del secretario de Inteligencia, Miguel Angel Toma, y desclasificara ese sumario. Se trata de un análisis que instruyó la SIDE durante el gobierno de la Alianza y que concluyó con sanciones a varios jefes del organismo de inteligencia por las numerosas irregularidades durante la investigación. Un ejemplo de esas desprolijidades fue la desaparición de 66 cassettes con escuchas cruciales para la tramitación del expediente. La SIDE está sospechada, además, de haber plantado pruebas falsas y haberle pagado 400 mil dólares al principal imputado, Carlos Telleldín. El sumario sancionaría a tres agentes de alto rango de la gestión de Hugo Anzorreguy: Alejandro Brousson, perteneciente al área de contrainteligencia; Patricio Pfeining, de la “Sala Patria”, y Jorge Lucas Casado, quien ya no revista en la Secretaría.
Duhalde fundamentó su rechazo a difundir el sumario en que los atentados del 11 de septiembre de 2001 marcaron “un punto de inflexión” en materia de inteligencia y por ello el secreto de Estado “tutela la seguridad en todos aquellos temas, actos, informaciones, documentos o decisiones del Gobierno que involucren a la seguridad de la Nación, cuya divulgación representaría un gravísimo perjuicio para los valores colectivos”.
El Gobierno tomó esta decisión después de que la SIDE le entregara al juez federal Juan José Galeano un informe en el que da una versión acerca de la conexión internacional del atentado a la mutual judía. Esa información fue cuestionada por los familiares de las víctimas y el propio magistrado.