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Con el pretexto de la denominada “guerra contra el terrorismo” los ministros de Inteligencia e Interior, Miguel Toma y Jorge Matzkin, procuran poner bajo control el conflicto y la protesta social. Así lo establece un proyecto de ley que lleva la firma de Miguel Pichetto, quien preside el bloque justicialista de senadores. Eslabón perdido entre el menemismo y el duhaldismo, Tomanzano, Matzkin y Pichetto también intentan asignar un rol a las Fuerzas Armadas, tal como pretende el gobierno de los Estados Unidos. Así lo reclamó Donald Rumsfeld, durante la reunión de ministros de Defensa de las Américas, realizada en noviembre en Santiago de Chile. Cuentan con la adhesión del subsecretario de inteligencia y ex intendente de Guernica, Oscar Rodríguez. Los punteros duhaldistas del Gran Buenos Aires intentan recuperar la calle, perdida ante los nuevos movimientos sociales. La Argentina se alinearía así de la peor manera en un conflicto que esta semana se ha intensificado en todo el mundo, entre los preparativos bélicos del gobierno del presidente estadounidense George W. Bush y quienes pretenden reivindicar márgenes de autonomía, como el secretario General de las Naciones Unidas y los gobiernos de Francia, Alemania y Brasil. El informe de Toma sobre el atentado contra la sede de la AMIA, que fue denunciado por las organizaciones judías como un nuevo intento de bastardeo político del dolor, busca abrir camino para la reforma legislativa en marcha. El ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Juan José Alvarez, se opone y el Senador Eduardo Duhalde, a cargo de las relaciones exteriores y la defensa de la Confederación aún no se ha expedido.
Facultades excepcionales
Como para no dejar dudas sobre su inspiración, Pichetto firmó su proyecto el 11 de septiembre de 2002, a un año de los atentados. Su artículo 1º asume que intenta legislar “facultades de carácter excepcional”. El artículo 2º define en términos convencionales “terrorismo internacional”. El 3º se refiere a lo que denomina “terrorismo doméstico”, entendido como “aquel cuyas actividades se concretan dentro del territorio nacional y que carece de dirección exterior”. Ejemplifica en forma genérica con “grupos” o “individuos” que hagan uso “de la fuerza” para lograr “objetivos políticos, sociales, religiosos, económicos, culturales, financieros o de cualquier otra índole”. La amplitud de esta definición podría abarcar cualquier actividad, organización o persona que moleste al gobierno, desde un sindicato que pare en reclamo por los salarios o condiciones laborales, hasta los vecinos de un barrio que protesten por la falta de semáforos, los piquetes en rutas o avenidas en demanda de alimentos o subsidios, o algún periodista fastidioso.
El artículo 4 elimina la prohibición que la vigente ley 25.520 estableció en 2001 para que ningún organismo de inteligencia pudiera “realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, cumplir, por sí, funciones policiales ni de investigación criminal, salvo ante requerimiento específico realizado por autoridad judicial competente en el marco de una causa concreta sometida a su jurisdicción, o que se encuentre, para ello, autorizado por ley”. El artículo 5º autoriza a indeterminados “integrantes del Sistema de Inteligencia Nacional” (lo cual incluye a las Fuerzas Armadas) a compartir información sobre cualquier organización, actividad o persona nacionales o extranjeras que “entiendan de vital importancia para la lucha contra dicho flagelo”. Es decir, una vez más, cualquiera que incomode. El artículo 8º elimina la prohibición contenida en la ley de inteligencia de “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales,comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”. El artículo 10º suprime la inviolabilidad de “las comunicaciones telefónicas, postales, de telégrafo o facsímil o cualquier otro sistema de envío de objetos o transmisión de imágenes, voces o paquetes de datos, así como cualquier tipo de información, archivos, registros y/o documentos privados o de entrada o lectura no autorizada o no accesible al público”, que hasta ahora sólo pueden ser allanados con “orden o dispensa judicial”.
De este modo, el Sistema de Inteligencia Nacional “podrá, secretamente o en forma reservada, buscar, observar, examinar, tomar fotografías, grabar, copiar documentos, descargar o transmitir archivos de computación, escuchar y realizar toda otra acción relacionada con la naturaleza específica de cada comunicación”, sin necesidad de recurrir a la Dirección de Observaciones Judiciales (DOJ) que hasta ahora es “el único órgano del Estado encargado de ejecutar las interceptaciones de cualquier tipo autorizadas u ordenadas por la autoridad judicial competente”. El artículo 13º autoriza al Poder Ejecutivo a requerir la “asistencia técnica” de las Fuerzas Armadas, que podrían intervenir “en cuestiones civiles”, en ciertas “emergencias de carácter terrorista” que involucren el uso de “armas nucleares, químicas, biológicas o cualquier otra arma de destrucción masiva que pueda crearse en el futuro”, cláusula que bien podría forzarse hasta comprender el clavo miguelito, la honda o el palo de acordonar manifestaciones.
Otros artículos del proyecto protegen la identidad de los “informantes”, cuya patente de corso impedirá que sean llamados a declarar como testigos en causas judiciales; autorizan a personal de las Fuerzas Armadas a actuar como “agentes encubiertos” dentro de organizaciones denominadas como terroristas o “relacionadas” con ellas y establecen que no serán castigados si intervinieran “en la comisión de actos de naturaleza terrorista” (sic). Las únicas penas que prevé el proyecto son de reclusión perpetua, sin derecho a la libertad condicional ni al régimen de salidas. En los fundamentos, el proyecto de ley menciona la Triple Frontera como santuario de delincuentes y células terroristas. Bajo los gobiernos de Raúl Alfonsín, Carlos Menem y Fernando De la Rúa, las Fuerzas Armadas intentaron recuperar el rol policial que desempeñaron hasta 1983. Inmunes al repudio social ante esa pretensión, vuelven ahora a la carga. Toma participó de los consensos suprapartidarios que lo impidieron en 1988, cuando se sancionó la ley de defensa nacional, y en 1992, al aprobarse la de seguridad interior. Su rol fue ambiguo en 2001, cuando operó en favor de la participación castrense en la inteligencia sobre asuntos de política interna, hasta que sus compañeros en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados descubrieron su juego y lo conminaron a desistir.
La palabra T
El contrabando que intentan pasar Toma, Matzkin y Pichetto no es original. Todo lo contrario. Al dirigirse esta semana al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el secretario general Kofi Annan advirtió contra el uso de lo que llamó “la palabra T”, el terrorismo, “para demonizar a los opositores políticos, para estrangular la libertad de expresión y de prensa y para deslegitimar las protestas políticas. Cualquier sacrificio de la libertad o del estado de derecho dentro de los estados o cualquier generación de nuevas disputas entre estados en nombre de la lucha contra el terrorismo es entregar a los terroristas una victoria que ningún acto propio podría brindarles. Se formulan preguntas importantes y urgentes acerca de los daños colaterales de la ‘guerra contra el terrorismo’: daños a la presunción de inocencia, a los preciosos derechos humanos, al estado de derecho y al propio tejido de la convivencia democrática. Existe el peligro de que en procura de laseguridad, terminemos sacrificando libertades críticas y de ese modo debilitando en vez de fortalecer nuestra seguridad común y en consecuencia erosionando desde adentro la nave democrática. Así como nunca debe disculparse al terrorismo, tampoco deben ignorarse jamás los reclamos legítimos”.
Durante la Tercera Conferencia Interamericana contra el Terrorismo, que sesionó en El Salvador entre el miércoles y el viernes de esta semana, los representantes de Brasil y la Argentina dejaron en claro que durante las reuniones del denominado “Grupo 3+1” realizadas en diciembre en Buenos Aires y en Puerto Iguazú, no se detectó actividad operativa terrorista en la Triple Frontera ni células dormidas, lo cual desmiente los fundamentos del proyecto de Pichetto. El “Grupo 3+1” está integrado por Brasil, Argentina, Paraguay y Estados Unidos.
Brasil también abrió al debate otras cuestiones de la mayor importancia. Por un lado, destacó las “serias vulnerabilidades” de la mayoría de los países del continente ante ese tipo de amenazas. “Desde el punto de vista del terrorismo biológico, casi todos los países aquí representados no tienen stock de vacunas, ni desarrollaron métodos de tratamiento para grandes contingentes de población que puedan ser afectados. Pocas instalaciones de nuestras infraestructuras vitales resistirían ataques terroristas bien orquestados. Nuestros sistemas de información son totalmente vulnerables al terrorismo cibernético. En esas condiciones, el gobierno brasileño entiende que, sin descuidar los aspectos de combate y erradicación, debe darse prioridad a la prevención del terrorismo”, con programas de entrenamiento de seguridad pública, defensa civil y salud pública. Este cambio de acento desnuda los usos espurios que desde Estados Unidos se intenta dar a la denominada “guerra contra el terrorismo” y la incoherencia de quienes repiten ese discurso pero en vez de prevenir posibles ataques en sus países sólo se preparan para reprimir a la oposición.
Causas y efectos
Brasil también planteó “la eliminación de las causas más profundas” del terrorismo, considerado apenas como “un síntoma de una sociedad enferma”. Sin negar la necesidad de las medidas preventivas sostuvo que eran sólo paliativas. “Corregir las distorsiones que prevalecen actualmente en el escenario internacional, apoyar valores democráticos y de respeto a los derechos humanos tendrán sin duda impacto más efectivo en la lucha contra el terrorismo”. Recomendó “buscar en forma sistemática un diálogo diplomático que conduzca a la solución de las controversias”. También recordó que “la mayoría de los países del continente presenta graves asimetrías económicas y sociales” que son en gran medida “responsables de las tensiones internas y de la violencia que atraviesan la vida cotidiana. En un continente que se redemocratizó en las últimas décadas, la desigualdad social y económica, la pobreza extrema, la exclusión social y la falta de oportunidades amenazan las libertades públicas e individuales, los derechos humanos internacionalmente reconocidos así como, en última instancia, el estado democrático de derecho. Así, no podemos disociar la cooperación para la prevención y el combate al terrorismo de la cooperación para el desarrollo económico y social”. Brasil rechazó “cualquier sacrificio de la libertad o de las normas del derecho en nombre del combate al terrorismo” porque “representaría una victoria que los propios grupos terroristas no podrían alcanzar por medio de sus acciones directas”.
La triple frontera
Debido a la insistencia brasileña, el “Grupo 3+1” descartó en forma explícita la presencia de actividad terrorista o células dormidas en laTriple Frontera. La Argentina se plegó a esa posición, luego de un peligroso coqueteo con la visión estadounidense, que produjo un chisporroteo con los vecinos en el último encuentro de ministros del Interior que sesionó en Brasilia. Durante una conferencia de prensa ofrecida en Puerto Iguazú el mes pasado el representante de Brasil, Antonio Mena Gonçalves fue el primero en rechazar las presunciones sobre células despiertas o dormidas en la zona. El embajador argentino Marcelo Huergo asintió, lo mismo que el paraguayo Oscar Cabello Sarubbi. Por los Estados Unidos estaban presentes el coordinador del Departamento de Estado para la lucha contra el terrorismo, Cofer Black, y su antecesor en el cargo, el general de la Fuerza Aérea Francis Taylor, ahora Subsecretario de Seguridad Diplomática, quienes no desmintieron a los sudamericanos. Sin embargo, la semana pasada, en la sede de la OEA en Washington, Black volvió a plantear que existía alto peligro de actividad terrorista en áreas vulnerables como la Triple Frontera. Es la peligrosa doctrina de los espacios vacíos que dejarían los estados débiles o fracasados que Rumsfeld expuso en Chile. Igual que en relación con el eventual ataque a Irak, Estados Unidos no habla con una sola voz en esta materia y el Departamento de Estado, es decir el ministerio de Relaciones Exteriores, no suscribe cada una de las posiciones del secretario de Defensa.
Rumsfeld es el principal impulsor de pasar por encima de las leyes que separan los campos de acción de las Fuerzas Armadas y las de seguridad. En junio de año pasado el jefe de la misión militar norteamericana en la Argentina, teniente coronel Joseph Myers, se comunicó en forma directa con su contacto en la Gendamería, comandante general Enrique Della Gaspera y lo invitó a participar en dos ejercicios con las fuerzas especiales del Comando Sur. El objetivo declarado era la capacitación de los gendarmes argentinos en tácticas, técnicas y procedimientos antidroga, toma de decisiones militares, análisis de inteligencia contra el narcotráfico y entrenamiento sobre derechos humanos (sic). Un operativo se realizaría en octubre en Salta y el otro a partir de abril de 2003, en Misiones. El 2 de diciembre, Duhalde pidió la autorización al Congreso, cuando el ejercicio con los Boinas Verdes ya se había realizado en Salta. La ejercitación en Misiones fue suspendida, por razones poco claras. Distintas fuentes oficiales lo atribuyen a un cambio de posición argentina por temor a una mala reacción brasileña o a un desistimiento de Estados Unidos que en la reunión del Comité Interamericano de Lucha contra el Terrorismo (CICTE), prefirió poner el acento en el control de aduanas y documentación personal y en el flujo de capitales. La más alta autoridad estadounidense fue el comisionado de Aduanas, Robert Bonner. Durante las sesiones, su gobierno anunció que aportará un millón de dólares para financiar las tareas del CICTE, cuyo presupuesto hasta ahora era de la mitad de esa cifra.
Causas y consecuencias
Ante una multitud de cien mil personas Lula dijo el viernes en el Foro Social Mundial de Porto Alegre que es insostenible un mundo desigual en el que unos pocos comen hasta cinco veces por día y muchos pasan hasta cinco días sin comer. También prometió que llevaría a la reunión del Foro Económico de Davos la posición contra cualquier ataque a Irak aprobada en Porto Alegre, similar a la expresada en París por Jacques Chirac y Gerhard Schroeder. No será la primera voz en ese sentido que se eleve en los Alpes suizos. Ya en la sesión inaugural del jueves el ministro de justicia de los Estados Unidos, John Ashcroft, debió escuchar una dura respuesta a su llamamiento para que los gobiernos y los líderes empresarios colaboraran con la denominada “guerra contra el terrorismo” y apoyaran la doctrina de los ataques preventivos. El primer ministro de Malasia, Mahathir Mohamad, le respondió que la experiencia de su país demostraba que tan necesario como el uso de la fuerza era la solución de los problemas políticos ysociales que fomentan el terrorismo. Sólo el presidente de Colombia, Alvaro Uribe, apoyó sin retaceos la posición de Ashcroft y dijo que la miseria no era causa sino consecuencia del terrorismo. Cuando cuestionó los preparativos de guerra contra Irak, aduciendo que morirían muchas personas inocentes que nada tienen que ver con el terrorismo, Mahathir recibió una ovación de parte de más de 800 invitados VIP que asistieron a la discusión, con predominio de gobernantes y empresarios. Ashcroft forma un eje interno con Rumsfeld y la asesora de Seguridad Nacional Condoleeza Rice y es el inspirador de una serie de reformas legislativas y administrativas en la misma línea del proyecto de Toma, Matzkin y Pichetto.