El juez federal de Ushuaia Federico Calvete puso reparos a la oficialización de una precandidata a diputada nacional que fue víctima de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar, con el argumento de que cometió actos subversivos. El caso involucra a la actual legisladora provincial Elida Deheza, quien se postula como segunda en la lista del partido Encuentro Popular (EP) en las elecciones primarias del 14 de agosto.

Deheza estuvo presa entre 1977 y 1983 por militar en la Juventud Peronista (JP) y fue sometida a torturas y vejámenes que se ventilan actualmente en un juicio oral y público en Rosario, donde declaró en carácter de víctima el 30 de noviembre de 2010. Sin embargo, al presentarse como candidata parlamentaria nacional en los últimos días, el juez Calvete consideró un impedimento la condena a “inhabilitación perpetua” impuesta contra la mujer durante la dictadura militar.

El magistrado sostuvo ese argumento a pesar de que la pena contra Deheza fue instrumentada en 1979 (hace 32 años) basándose en un artículo del Código Penal (el 19 bis) que fue derogado en 1984, con el retorno de la democracia al país. En una resolución del 7 de julio, Calvete finalmente hizo lugar a la oficialización de la precandidata, aunque condicionada a que el Juzgado 2 de Rosario se expida a favor del cese de la inhabilitación contra la ex militante de la JP.

Deheza fue detenida por un grupo de tareas del Ejército en 1977 y estuvo desaparecida más de un año hasta que fue puesta a disposición del Poder Ejecutivo y juzgada por un Consejo de Guerra. “Recién después ese Consejo pasó las actuaciones a la Justicia Federal de Rosario, que dictó una sentencia sin ningún tipo de instrucción previa. No se llamaron testigos ni se produjo prueba”, explicó la legisladora. También detalló que no tuvo contacto con esas actuaciones hasta hace pocos meses y que no sabía de la inhabilitación que le habían impuesto los jueces de la dictadura. “El expediente tiene sólo 87 fojas. Allí dice que yo me autoincriminé en hechos que nunca cometí e incluso interviene una defensora pública que nunca me defendió. Es una locura”, relató Deheza.

Sobre la actitud de Calvete, sostuvo que “a esta altura de la historia cuesta entender que parte de la Justicia no adopte una posición más firme, es como un brazo de la dictadura que llega hasta nuestros días”, enfatizó. “Volver a demostrar inocencia 32 años después, cuando ya sabemos quiénes mataron a nuestros compañeros, y encima soportar reparos para que no seamos candidatos, nos hace recordar lo peor del terrible proceso que vivió el país”, afirmó la postulante a diputada de Encuentro Popular, el partido que lidera a nivel nacional Martín Sabbatella.