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Pocas horas después de que la edición de Página/12 llegó a la calle, el presidente Néstor Kirchner le pidió la renuncia a Carlos Alberto Sánchez Herrera, nombrado hace trece días al frente de la Procuración del Tesoro de la Nación. Este diario informó ayer que, antes de asumir en ese estratégico cargo, Sánchez Herrera fue uno de los abogados del general retirado Juan Bautista Sasiaiñ en la causa sobre la apropiación sistemática de menores durante la dictadura. Aunque negó haber estado consustanciado con el represor, su vinculación con los uniformados fue complementaria a su actividad como especialista en derecho comercial y administrativo (ver aparte). Antes de partir hacia Asunción, Kirchner solicitó que lo comunicaran con las Abuelas de Plaza de Mayo y al otro lado del teléfono respondió la presidenta de esa organización, Estela Carlotto. Le pidió disculpas, le dijo que lo conocía por su labor como administrativista pero que no sabía lo que salió en el diario y le aseguró que Sánchez Herrera ya había dejado el cargo.
“Esto no se corresponde con los principios éticos de este gobierno. Ningún funcionario que pueda estar involucrado en hechos de represión de la dictadura puede formar parte de este gobierno”, sentenció el vocero presidencial, Miguel Núñez, ante los acreditados en la Casa Rosada explicando los fundamentos de la fulminante reacción. Mientras tanto, el presidente Kirchner citaba a Sánchez Herrera para pedirle la renuncia como Procurador del Tesoro, es decir, como jefe de todos los abogados del Estado y principal asesor jurídico del Poder Ejecutivo. Se habían conocido en 1992, cuando la provincia de Santa Cruz ganó un juicio contra el Estado por regalías petroleras mal liquidadas. El gobierno santacruceño cobró por ese juicio “los famosos 630 millones de dólares que el entonces gobernador Kirchner depositó en el exterior”, explicó el portavoz oficial. El ahora ex procurador defiende aquella medida argumentando que era necesaria para evitar que el dinero fuera utilizado como “botín de guerra” por las sucesivas administraciones. Así comenzó su relación con el entonces gobernador, que le encargó los asuntos judiciales de la provincia. Se ocupó de ellos durante 12 años, desarrolló un vínculo de confianza con Kirchner y por eso ayer acudió de inmediato a presentar su renuncia.
El 4 de junio a la tarde juró y ocupó su despacho en el palacio de la Procuración, frente a Plaza Francia. La semana anterior había tenido que renunciar como abogado en varias causas que llevaba junto a los otros seis socios de su estudio. Si hubiera continuado en el cargo tendría que haberse excusado en todos los casos en que actuó como abogado en contra del Estado. Sin imaginar el pronto final de su paso por la función pública, también renunció a la representación legal de uno de los once ex jefes militares procesados en la investigación que lleva adelante el juzgado federal 7 sobre la apropiación sistemática de menores, en su mayoría hijos de desaparecidos. Esa causa se inició en 1996 por una denuncia de las Abuelas de Plaza de Mayo, y desde el comienzo Sánchez Herrera ejerció su parte de defensor presentando las apelaciones necesarias para tratar de obstaculizar el avance de la acusación contra su cliente. Consultado por Página/12, admitió que “es un tema espinoso”, pero opinó que “si los abogados dejan de lado esos asuntos habría muchos parias que no tendrían quién los defienda”. También dijo creer que “la apropiación sistemática de menores existió”, aunque apuntó que su ex cliente “no estuvo involucrado en la forma en que está planteado”.
Núñez señaló que el Presidente no estaba al tanto de estos antecedentes de Sánchez Herrera y acotó que se lo conocía como un “especialista en temas comerciales y administrativos, no conocíamos que pudiera ser abogado de este tipo de causas penales”. Y agregó que “se tomó conocimiento de esta situación a través de publicaciones periodísticas”, en alusión al artículo de Página/12 que reveló el dato. La reacción fue inmediata y “el Presidente tomó la determinación” de separar de su cargo al funcionario que defendió a un ex represor, dijo Núñez. “Ya lo ha dicho el señor presidente que cualquier acto de corrupción o cualquier tipo de inconducta por parte de sus funcionarios iba a ser inmediatamente sancionada por él mismo”, agregó.
El general Juan Bautista Sasiaiñ fue comandante de la Brigada de Infantería Mecanizada a cargo de la zona 11 bajo cuya jurisdicción estuvieron los centros clandestinos Pozo de Banfield, comisaría 5ta. de La Plata, La Perla y La Cacha, entre otros. Estuvo procesado por delitos de lesa humanidad, pero la Corte Suprema de Córdoba lo desprocesó en mayo de 1988, en aplicación de la Ley de Obediencia Debida. La psicóloga Ana María di Salvo sobrevivió tras pasar por el centro El Vesubio, y allí vio a María Teresa Trotta, que estaba embarazada. “En abril de 1977 los guardias trajeron trapos y pedazos de tela para que las detenidas hicieran ropa para el bebé”, relató en la causa. Esta psicóloga aseguró haber visto allí al general Sasiaiñ, mientras estaba realizando un informe que le había encomendado el jefe de ese centro. Sasiaiñ visitó ese centro vestido de civil, “sin perjuicio de lo cual logró identificarlo por haberlo visto en fotografías en los periódicos”, describe el expediente sobre el robo de menores. En la reciente ampliación de su procesamiento como autor mediato del delito de apropiación de menores y supresión de identidad en catorce casos, la justicia determinó que no pudo haber desconocido los nacimientos clandestinos, como esgrimió en su defensa, por el cargo que tenía al momento de los hechos. Sasiaiñ cumplía funciones de altísima relevancia en la cadena de mandos liderada por Carlos “Pajarito” Suárez Mason, ex comandante de zona 1. Cuando estaba a cargo del caso, el ex juez Adolfo Bagnasco le concedió el beneficio del arresto domiciliario porque Sasiaiñ tenía 73 años, padecía de embolia ocular y estaba haciendo rehabilitación vascular. La defensa de Sasiaiñ quedó en manos de Alfredo Lanús, ex secretario de la Cámara Penal especial, conocida como “camarón”, creada durante el gobierno de facto del general Agustín Lanusse.