Según el juez federal Claudio Bonadío, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y otros dos funcionarios de su repartición cometieron el delito de “abuso de autoridad” al haber pedido informes y multado en 500 mil pesos a la consultora Finsoport, del economista Jorge Todesca, por difundir índices de precios alterados, en forma irregular El secretario de Comercio argumenta que estas consultoras divulgaban datos falsos para beneficiazr a los bancos y generar expectativas inflacionarias. El juez argumenta que no tenían facultades para pedir explicaciones a una entidad privada sobre cómo elaboran sus números ni para imponerle una sanción, y que lo hicieron a sabiendas, con el objetivo de “silenciar” a esa y otras consultoras para “controlar la publicación de índices de precios que no coinciden con el publicado por el Indec”. Bonadío se basó en una resolución de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que eximió a Finsoport de multa. En este punto Moreno advirtió al defenderse en su indagatoria, que la resolución está apelada en la Corte Suprema. Además, en el fuero Penal Económico esa y otras consultoras son investigadas por “agiotaje”, una forma de especulación basada en generar la alteración de precios.

Junto a Moreno, Bonadío procesó al director nacional de Comercio Interior, Fernando Carro –que lleva 40 años en la Secretaría–, y al director de Lealtad Comercial, Adalberto Rotella, mientras que sobreseyó a Guillermo David. El abuso de autoridad prevé un máximo dos años de prisión. La causa se había iniciado con una denuncia de Todesca, quien contraatacó cuando le pidieron explicaciones por los índices de precios que difundía y multaron a su consultora, igual que a otras como la de Carlos Melconian y Rodolfo Santángelo (M&S), Buenos Aires City, de Graciela Bevacqua, Orlando Ferreres & Asociados y la de Gabriel Rubinstein. En realidad, la causa contra estas consultoras las había iniciado Moreno, luego de un sumario dentro de Secretaría de Comercio que se inició con una presentación de la Cámara de Operadores Frutihortícolas del Mercado Central que se quejó de que en los medios se publicaban índices falseados que afectaban el consumo.

Para Bonadío, la multa de la Secretaría invocó una violación a la Ley de Lealtad Comercial, por la falta de sustento metodológico y la dudosa fiabilidad de los datos. Pero a fines de abril la Cámara en lo Contencioso administrativo impidió aplicar la multa a Todesca (y a otros) alegando que la Secretaría no tenía competencia para realizar imputaciones o sancionar a profesionales de la economía en virtud de esa ley, porque “no surge que esté en juego la comercialización de frutos, productos y servicios”. Bonadío se basó en ese fallo para el suyo. Dijo que los funcionarios aplicaron a sabiendas una norma incorrecta.

“Tenían facultades para controlar el regular desenvolvimiento de la competencia, proteger al consumidor y por la lealtad comercial en cuanto a la oferta de mercaderías y servicios (...) sin embargo, quisieron innovar”, ironizó en su resolución. Interpretó también que la denuncia de origen fue “artificiosa” y que, ssegún él, apuntaba a “silenciar” a las consultoras, bajo el “intento sistemático y persistente de controlar la publicación de índices de precios que no coinciden con el publicado por el Indec”.

Cuando fue indagado, Moreno enfatizó en que la multa está pendiente de revisión en la Corte; que el juez Julián Ercolini ya había tramitado una causa iniciada por un grupo de diputados opositores que cuestionaba los procedimientos contra las consultoras cuestionadas, entre ellas la de Todesca, y que fue cerrada por inexistencia de delito; que en el fuero Penal Económico hay cuatro causas en trámite por “agiotaje”, en las que él es querellante y ningún juez o fiscal dijo que fue el autor de un delito. Argumentó también que las consultoras divulgaban datos truchos para provocar aumentos de las tasas de interés, generar expectativas inflacionarias e impactar en el dólar. Parte de estos argumentos fue reflotada ayer por Instituto de Usuarios y Consumidores en un comunicado de respaldo a Moreno, cuya defensa ya prepara la apelación ante la Cámara Federal.