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Los jueces de la Corte Suprema están molestos. La negativa de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de entregarles copias de los expedientes donde figuran las denuncias en su contra, hizo que tres de los ministros de la mayoría automática lanzaran su ofensiva: reclamaron la inhabilitación de los legisladores que sean “abogados matriculados para intervenir por ante la justicia federal” –lo que podría afectar a 20 de los 31 miembros– y la nulidad de “todas las actuaciones” en donde haya participado alguno de los impugnados. El presidente de la Comisión, Sergio Acevedo, restó importancia a la presentación. “Es una actitud defensiva para ganar tiempo y crear confusión en la sociedad”, afirmó el peronista.
Los ministros Julio Nazareno, Eduardo Moliné O’Connor y Guillermo López basaron su pedido para apartar a todos los diputados-abogados en el artículo 90 del reglamento de la Cámara de Diputados. Esa norma establece que cuando las “quejas o denuncias se refieran a magistrados judiciales de distritos de donde alguno de los miembros de la Comisión de Juicio Político ejerciese la profesión de abogado o procurador, éste deberá excusarse y se integrará aquella con diputados de otros distritos”. Los tres magistrados representados por los abogados Gregorio Badeni y Eduardo Aguirre Obarrio sostuvieron que en el caso de la Corte Suprema la inhabilitación se extendería a quienes están matriculados para intervenir en el fuero federal.
Dentro de la comisión hay veinte abogados, pero varios suspendieron sus matrículas al asumir como diputados –por ejemplo, Acevedo y Elisa Carrió-, por lo tanto no les alcanzaría el cuestionamiento de los miembros de la Corte. Entre los legisladores interpretan que, de todas maneras, el artículo 90 está referido a jueces de tribunales inferiores y dejó de tener sentido luego de la creación del Consejo de la Magistratura, que se encarga del nombramiento y destitución de esos funcionarios.
Nazareno, Moliné O’Connor y López insistieron ayer con el pedido para acceder a las fotocopias de las actuaciones de la Comisión de Juicio Político, entre ellas, la que ordena la apertura de la investigación y los expedientes en los que figuran las denuncias presentadas en la Cámara de Diputados contra los magistrados. Los legisladores ya habían respondido que los jueces tendrían acceso a ese material “oportunamente”, es decir, luego de que la Comisión defina qué causas podrían ser motivo de acusación. “Muchos de los datos requeridos fueron difundidos de manera parcial pero actuando oficialmente, por varios de los integrantes de la Comisión. Nos parece atendible que tal información se suministre a los medios de prensa para satisfacer el derecho a la información de los ciudadanos. Pero nos resulta manifiestamente arbitrario que esa información no sea, en su totalidad, puesta a disposición de los suscriptos”, se quejaron los supremos. Para reclamar sus peticiones, los ministros hicieron alusión a una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que criticó al presidente peruano Alberto Fujimori por la forma en que removió a los jueces de la Corte Suprema.
Los tres integrantes de la “mayoría automática” también criticaron a los miembros de la Comisión que hicieron declaraciones periodísticas en la que “expresaron su decisión de someter a juicio político a los integrantes de la Corte Suprema antes de haber ponderado los elementos objetivos que justificarían semejante resolución”. Para los jueces, las opiniones de, entre otros, Nilda Garré, Franco Caviglia, Héctor Polino, Acevedo y Carrió, “descalifica totalmente su idoneidad jurídica y ética para integrar la comisión”. Los diputados ya habían contestado este argumento al afirmar que pueden manifestarse libremente porque ejercen el papel de fiscales –acusadores– y no de jueces, ya que esta última será la tarea de la Cámara de Senadores.