EL PAIS › EN TUCUMAN RECHAZARON INTERRUMPIR UN EMBARAZO FRUTO DE VIOLACION

Una adolescente sin derechos

En Tucumán fue denunciada, aunque la ley despenaliza el aborto en caso de que haya habido una violación.

 Por Mariana Carbajal

En Tucumán no le quisieron hacer un aborto no punible a una adolescente de 16 años que quedó embarazada como consecuencia de una violación. En uno de los principales hospitales de la provincia, ubicado en la capital, no sólo se negaron a realizarle la práctica, sino que además judicializaron el caso, violando la confidencialidad de la consulta y contrariando el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en 2012 reguló el acceso a la interrupción de un embarazo cuando proviene de una relación no consentida. La chica no pudo acceder a la atención que necesitaba en ningún centro de salud tucumano, y tuvo que viajar 1200 kilómetros hasta la Ciudad de Buenos Aires, donde fue atendida en el Servicio de Adolescencia del Hospital Argerich.

El traslado fue organizado por el gobierno provincial, al no poder garantizar la atención de la adolescente en su propio territorio. La adolescente viajó el martes en avión y regresó el viernes en micro a Tucumán.

Ella y su familia viven en San Miguel de Tucumán. Acompañada por su mamá y su abuela, la chica fue a la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes, de la capital tucumana, el 10 de octubre y pidió la interrupción del embarazo. Contó que había sido violada en un baile, que un hombre la había obligado a mantener relaciones sexuales atacándola en un baño. Manifestó su deseo de realizarse un aborto no punible en una declaración jurada que quedó incorporada a la historia clínica. Pero desde la dirección de la Maternidad, a cargo de Rossana Chahala, retardaron y obstaculizaron el acceso a la práctica, según pudo saber este diario. La referente del Programa Provincial de Salud Sexual y Reproductiva, Beatriz Moya, confirmó a Página/12 los hechos. “Nadie quiso hacer el aborto”, señaló la funcionaria.

“Es indignante que se haya revictimizado a esta chica en el propio hospital al negarle un derecho previsto en la ley, y judicializar el caso. Lo que hizo el hospital constituye violencia institucional”, consideró en diálogo con Página/12 Hilda “Vicky” Disatnik, integrante de La Casa de las Mujeres Norma Nassif, de San Miguel de Tucumán. La entidad emitió un comunicado de prensa en el que cuestionó la maniobra.

“Nos sentimos discriminadas. A mi nieta, las médicas de la Maternidad la trataron de mentirosa, no le creyeron la violación, la acusaron de inventarla. Judicializaron el caso para que pasara el tiempo y después no hubiera posibilidades de realizar el aborto. Nos han hecho sentir desamparadas. Mi nieta estaba muy depresiva por la situación que enfrentó. Ahora que ya le hicieron el aborto está más aliviada”, contó a Página/12 la abuela, antes de emprender el regreso a Tucumán. La mujer trabaja hace casi tres décadas en el área de salud de la provincia.

Moya dijo que la negativa de los médicos a realizar el aborto no punible respondió a la edad gestacional y que no quisieron hacerlo porque la adolescente transitaba la semana 15 de embarazo cuando solicitó la interrupción. Pero el Código Penal no establece límites para efectuar el aborto en esos casos. Según pudo saber este diario, la mayoría de los médicos de la Maternidad se declararon objetores de conciencia.

Desde el Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la provincia tuvieron que gestionar el traslado de la chica a Buenos Aires, adonde viajó acompañada por su abuela y una psicóloga que la atendió desde el comienzo de la consulta en la Maternidad, y fue una de las pocas profesionales de la salud con las que tuvo contacto en Tucumán que fue comprensiva con la situación que atravesaba y apoyó su pedido de un aborto no punible. La psicóloga la seguirá atendiendo al regreso a la provincia. La abuela destacó la “excelente” atención que recibió en el Hospital Argerich, y también el respaldo que recibieron de Moya, quien viajó a Buenos Aires, y del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, cuya coordinadora, Adriana Alvarez, fue la antecesora de Moya en el cargo en Tucumán.

La familia de la adolescente contó que en el Servicio de Adolescencia de la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes también recibió maltrato: quisieron convencerla de que no abortara, ya que “su bebé tenía huesitos”, y se le mandó una asistente social a su casa que tocó el timbre, y al ser atendida por un hermano de la menor, preguntó por “el bebé”.

Lejos de facilitar el acceso al aborto no punible que requería la adolescente, desde la dirección de la Maternidad se promovió una denuncia en la Fiscalía de Instrucción en lo Penal de la III Nominación, para comunicar el episodio de violencia sexual, en franca violación del artículo 24 de la Ley 26.485, de protección integral contra la violencia hacia las mujeres, que indica que la única persona legitimada para realizar la denuncia es la propia víctima. Tucumán adhirió a la ley 26.485 a través de la sanción de la ley 8336, de modo que el proceso establecido por la normativa nacional tiene plena vigencia local. El 21 de octubre le llegó a la familia una citación judicial de la Defensoría de Menores Nº III de Tucumán a cargo de Adriana Mónica Romano Mazzcone, para que se presentaran la adolescente y su madre a declarar el 5 de noviembre. Pero como ese día la chica había viajado a Buenos Aires, concurrió sólo la mamá. La mujer contó que en la defensoría le dijeron que era una “ilegalidad” lo que estaba por hacer su hija –en referencia al aborto– y entonces ella se retiró de la oficina y se fue.

La familia prepara una denuncia por abandono de persona, incumplimiento de los deberes de funcionario público y violencia institucional contra las autoridades de la Maternidad.

“El caso refleja que no hay directivas claras en los hospitales para atender los casos de aborto no punible”, objetó Disatnik, de la Casa de las Mujeres. Junto con otras organizaciones de la provincia emitirán un pronunciamiento cuestionando el accionar de la Maternidad ante el pedido de la adolescente. Consultada por este diario, la referente provincial del Programa de Salud Sexual y Reproductiva reconoció las dificultades que enfrentaron en este caso, y confirmó que en la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes, que es la más grande de la provincia por la cantidad de pacientes que atiende, hay una lista de objetores de conciencia. “Yo no la vi pero me dijeron que existe”, aclaró. La funcionaria precisó, por otra parte, que ya se hicieron otros abortos no punibles en la provincia, desde que en marzo de 2013 se dictó el fallo de la Corte que confirmó que cualquier mujer violada tiene derecho a un aborto no punible y que no se debe exigir autorización judicial para realizar la práctica médica. También informó que se está aplicando en Tucumán la guía de atención de abortos no punibles elaborada por el Ministerio de Salud de la Nación y están realizando capacitaciones sobre el uso de ese protocolo en los equipos de salud.

En la misma Maternidad provincial otras pacientes han denunciado distintas formas de maltrato. En 2012, tal como reveló oportunamente este diario, a una mujer muy humilde que llegó con un aborto en curso, que dijo que no se lo había provocado ella, le realizaron un legrado sin anestesia, seguramente a modo de castigo porque las médicas que la atendieron sospecharon de que había interrumpido voluntariamente el embarazo. Luego la denunciaron penalmente, violando el secreto médico, e incluso dejaron ingresar a la madrugada a la sala de partos comunitaria –donde había parturientas y sus familiares– a dos policías para tomarle declaración mientras permanecía internada.

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Hilda Disatnik, de La Casa de las Mujeres Norma Nassif.
 
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