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El juez español Baltasar Garzón solicitó las extradiciones de 26 represores argentinos procesados en Madrid por genocidio, terrorismo y torturas. El trámite pasará por los despachos de los gobiernos de España y la Argentina antes de llegar al del magistrado Rodolfo Canicoba Corral, quien arrestó a los acusados. En su escrito, Garzón subrayó la “trascendencia” de la anulación por los diputados de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, pero consideró que “ni en esta fase ni en este momento (puede) renunciarse a una jurisdicción que está marcada por la Ley”.
El 8 de julio pasado, Garzón reclamó la captura internacional de 46 represores. Canicoba Corral detuvo a 41: dos estaban muertos y tres no se presentaron y están prófugos. El juez español recibió primero la notificación del arresto de 26 acusados, por eso ahora pidió las extradiciones de esas personas. En los próximos días, reclamará otras 14, ya que uno de los militares murió estando preso.
Entre los acusados que figuran en este pedido están Antonio Domingo Bussi, Luciano Benjamín Menéndez, Jorge Olivera Rovere, Armando Lambruschini, Alfredo Astiz y el abogado Gonzalo Torres de Tolosa. La extradición de Astiz también fue reclamada por Francia, donde El Cuervo fue condenado por la desaparición de las monjas Alice Domon y Léonie Duquet.
En un escrito de 256 páginas, Garzón tuvo en cuenta que en un futuro, si prospera la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, Argentina podría juzgar a los militares. En referencia a ese hecho señaló que “vista la evolución de los hechos” el criterio de insistir con el juicio en España “podría variarse, y las propias autoridades argentinas decidir que los procesos se continúen ante las autoridades judiciales competentes de aquel país”. Pero el juez advirtió que “sería una gravísima imprudencia, además de una desidia difícilmente justificable, que el Juzgado no propusiera las extradiciones de las personas detenidas o arraigadas a efectos de extradición, y que se imposibilitara la continuación del procedimiento y el enjuiciamiento de aquellos”. Es decir que Garzón reconoció que hasta que la Corte Suprema no declare la invalidez de esas normas, no hay garantías de que los represores de la última dictadura puedan ser juzgados en el país.
El juez dedicó un párrafo a la postura de la Fiscalía española, que se opuso a solicitar las extradiciones en base a negar la competencia de los tribunales españoles. “No son atendibles los argumentos del señor Fiscal, por cuanto van en contra de las resoluciones firmes y reiteradas de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en este caso”, afirmó.
Garzón remitió el pedido al ministro de Justicia, José María Michavila. El consejo de ministros, que no se reunirá hasta el 29 de agosto, tiene que decidir si envía, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, el reclamo a Argentina. Aquí, con el decreto que impedía las extradiciones derogado, la Cancillería remitirá el documento a la Justicia y se iniciará un juicio que llevará varios meses.
El despacho de Garzón estaba ayer repleto de papeles, ya que el magistrado mandó un pedido formal de extradición para cada uno de los acusados pero, además, adjuntó varios escritos. Entre esos documentos están el procesamiento de 98 represores de noviembre de 1999, su ampliación de noviembre de 2000 y el auto con el que la Audiencia Nacional rechazó las excepciones que reclamó el ex marino Adolfo Scilingo, quien será juzgado en Madrid. El juez también remitió escritos de la fiscalía y de la Acusación Popular, las convenciones internacionales contra la tortura y el genocidio, la declaración de Naciones Unidas sobre la desaparición forzada de personas y la de la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y lesa humanidad –que la semana pasada ratificó el Gobierno– y el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece la competencia de la Justicia española para juzgar el genocidioy el terrorismo cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio español.